Ambiente, tarifas y derechos, la resolución energética que abre interrogantes

Una decisión técnica que también es política

La reciente Resolución 172/2026 del ENRE introduce nuevas pautas para el control de emisiones gaseosas en centrales térmicas que operan dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

A primera vista, se trata de un cambio técnico. Pero en términos reales, impacta sobre tres dimensiones clave el ambiente, la calidad del servicio y el derecho de los usuarios a recibir información clara.

El propio documento reconoce que hubo “una disminución de las horas de funcionamiento de los equipos, lo que dificulta la coordinación de las campañas de monitoreo” . Esta justificación abre una pregunta central desde la defensa del consumidor qué pasa cuando se flexibilizan controles en contextos donde el sistema energético ya presenta tensiones.

 
Menos controles o controles distintos, el punto crítico del nuevo esquema

La resolución redefine cómo y cuándo deben realizarse los monitoreos de emisiones en motores de combustión interna utilizados para generar energía.

Hasta ahora, existía una frecuencia anual clara. Ahora se introducen criterios ligados al uso real de las unidades, diferenciando entre equipos grandes, modulares o móviles.

Esto puede leerse de dos maneras

-Como una adaptación técnica razonable

-O como una posible flexibilización del control ambiental

Desde el punto de vista del usuario, la clave no está solo en la norma sino en su impacto
menos controles efectivos pueden traducirse en mayores riesgos ambientales y, a mediano plazo, en costos que terminan trasladándose a la tarifa o a la calidad del servicio.

 
Un sistema energético con nuevas reglas y viejos problemas de transparencia

La resolución también formaliza el uso de formularios obligatorios para registrar emisiones, lo que en teoría mejora la trazabilidad de la información.

Sin embargo, el problema estructural persiste los usuarios no acceden fácilmente a estos datos ni participan en su control.

El texto establece que el incumplimiento será sancionado, pero no desarrolla mecanismos claros de acceso ciudadano a la información ambiental ni de participación en el monitoreo.

En este punto, la defensa del consumidor plantea una alerta no alcanza con regular si no se democratiza la información.

 
El trasfondo, energía, ambiente y derechos en tensión

El ENRE se encuentra en un proceso de transición institucional hacia el nuevo ente unificado ENRGE, lo que agrega otra capa de complejidad al sistema regulatorio.

Mientras tanto, centrales térmicas que originalmente operaban bajo contratos que ya no fueron renovados continúan en funcionamiento, lo que refuerza la necesidad de controles claros, permanentes y accesibles.

El documento deja en evidencia una realidad más amplia la política energética sigue definiéndose en clave técnica y empresarial, mientras los usuarios quedan al margen de decisiones que impactan directamente en su vida cotidiana.

Fuente: https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf