Argentina entre las Urnas y el Desencanto: ¿Crisis de la Democracia o del Estado?

Las últimas elecciones legislativas en Argentina volvieron a exponer una fractura creciente entre la ciudadanía, la política y el Estado. La participación electoral, que descendió al 67,9% y se ubicó como la segunda más baja desde 1983, no sólo refleja apatía, sino también un profundo desencanto con el sistema de representación. Este escenario se combina con un reordenamiento del mapa político que altera viejas estructuras y cuestiona hasta qué punto las instituciones democráticas conservan su capacidad de integrar, responder y proyectar futuro.

El oficialismo, La Libertad Avanza, logró imponerse como principal fuerza política del país y consolidarse en las legislativas nacionales mediante un discurso alineado con los principios del liberalismo de Javier Milei. En contraste, el Partido Justicialista, organizado bajo el sello Fuerza Patria, obtuvo uno de los peores resultados de su historia reciente, también quedó relegado el espacio Provincias Unidas, un armado federal concebido para disputar el electorado de derecha, pero que finalmente no logró instalarse como una alternativa competitiva. A estas transformaciones se suma un dato que preocupa: por primera vez desde la sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género, la Cámara de Diputados no alcanzará el 50% de representación femenina, mientras que la Cámara Alta apenas mantiene su equilibrio.

Todo esto plantea una pregunta que atraviesa el debate público: ¿estamos frente a una crisis de la democracia o ante una crisis del Estado? La confusión no es menor y suele llevar a responsabilizar a la democracia por cuestiones que no le competen. Si se la entiende como un régimen de acceso al poder mediante reglas y procedimientos electorales, su función no es garantizar bienestar social, erradicar la pobreza o generar empleo. Esa responsabilidad recae sobre el Estado, siguiendo a Max Weber, como la organización que detenta de manera legítima el monopolio de la fuerza para asegurar orden y proveer condiciones de vida dignas. Sin embargo, en Argentina, durante décadas, las fallas del Estado han sido proyectadas sobre la democracia, generando un desgaste persistente de ambas dimensiones. Guillermo O’Donnell ya advertía en 1998 que el Estado en América Latina opera como un entramado de relaciones donde la legalidad funciona de manera selectiva, produciendo inclusiones y exclusiones que estructuran desigualdades profundas. En ese marco, el tipo de Estado que se construye: más presente, protector o regulador, o por el contrario, uno que se retrae,  es determinante para la vigencia de los derechos sociales.

El actual gobierno, abiertamente liberal, ha emprendido un proceso acelerado de reducción estatal que, lejos de fortalecer capacidades institucionales, parece profundizar las brechas sociales. Sin embargo, una porción relevante de la ciudadanía continúa respaldando este proyecto, incluso frente a resultados económicos y sociales contradictorios. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? La respuesta se encuentra en un clima social atravesado por años de frustración, corrupción, crisis recurrentes e ineficiencia estatal. Allí, un discurso que promete ruptura, orden y austeridad encuentra terreno fértil. La estabilización de la inflación funciona como un anclaje emocional poderoso en un país históricamente marcado por la volatilidad económica. Al mismo tiempo, las nociones meritocráticas ganan terreno sobre la idea de justicia social, y la eficiencia fiscal adquiere mayor relevancia que la equidad distributiva.

Este desplazamiento cultural no solo reconfigura la legitimidad política, sino que redefine las expectativas depositadas sobre el sistema democrático. Lo que las últimas elecciones parecen dejar al descubierto es que para muchos argentinos la democracia se ha transformado en un ritual más que en un proyecto compartido. Se vota, pero el voto ya no expresa necesariamente un horizonte colectivo de futuro, sino una búsqueda desesperada de orden, estabilidad o salida individual.

En este contexto, la reconstrucción democrática no puede reducirse a mejorar instituciones electorales o ampliar la oferta partidaria. Lo esencial es recuperar la legitimidad del Estado: su capacidad para garantizar oportunidades, proteger a los vulnerables y ofrecer un marco mínimo de previsibilidad social. Porque cuando el Estado se desmantela, lo que queda no es libertad, sino desamparo. Y una democracia sostenida sobre el desamparo no puede aspirar a convertirse en proyecto común, solo en trámite periódico.

Argentina enfrenta un desafío crucial: recomponer el vínculo entre Cudadanía, Estado y Democracia. No se trata solo de votar, sino de volver a creer que el país puede organizarse alrededor de un horizonte compartido. Allí se juega no solo el futuro institucional, sino también la posibilidad de recuperar un entramado social capaz de sostener algo más que una elección: capaz de sostener un destino.