Claudio Boada cuestionó el intento de reducir la Zona Fría y advirtió sobre una mayor concentración

La Zona Fría como símbolo de una discusión mucho más profunda

La entrevista comenzó con una preocupación concreta: el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría, especialmente en regiones del sur de la provincia de Buenos Aires donde las bajas temperaturas hacen indispensable un mayor consumo de gas durante gran parte del año.

Sin embargo, Claudio Boada rápidamente amplió el análisis. Sostuvo que el debate no puede reducirse a una cuestión técnica o presupuestaria, sino que representa una discusión mucho más profunda acerca del rol del Estado y de las políticas públicas destinadas a proteger a los sectores que más necesitan del acompañamiento estatal.

"Necesitamos hablar de política, necesitamos hablar de derechos, necesitamos hablar de lo que pasa con la sociedad", afirmó al comenzar la entrevista, marcando desde el inicio que el problema excede ampliamente la tarifa de un servicio público.

“Abríguense más”: una frase que recuerda otros momentos de la historia reciente
Uno de los disparadores del diálogo fueron las declaraciones del vocero presidencial, quien recomendó consumir menos energía y abrigarse más frente al aumento del costo del gas y la electricidad.

Para Boada, esa expresión no constituye un hecho aislado.

Por el contrario, representa la continuidad de una concepción política que ya había aparecido durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Hizo la de Macri", sintetizó el dirigente, al recordar que durante aquella gestión también se trasladó a los usuarios la responsabilidad de afrontar aumentos tarifarios cada vez más elevados mediante la reducción del consumo.

Desde su perspectiva, ambas experiencias responden a una misma lógica: disminuir la intervención estatal en la protección de los usuarios mientras el costo de los servicios públicos crece muy por encima de la evolución de los ingresos de trabajadores, jubilados y pensionados.

Políticas pendulares y una disputa por los derechos

El dirigente consumeril utilizó una imagen para describir el comportamiento histórico de las políticas públicas en Argentina. Comparó el escenario político con el movimiento de un péndulo.

Según explicó, cuando gobiernan fuerzas populares o de tradición peronista suelen ampliarse derechos vinculados a usuarios, jubilados, personas con discapacidad o políticas de memoria.

En cambio, cuando llegan gobiernos de orientación liberal, esos mismos derechos comienzan a reducirse.

"Tenemos políticas pendulares", sostuvo.

A su entender, el actual gobierno reproduce mecanismos similares a los observados durante la administración de Mauricio Macri, donde las tarifas aumentaron de manera sostenida mientras el poder adquisitivo de la población se deterioraba.

El dirigente remarcó que las subas de los servicios públicos superan ampliamente la inflación, mientras salarios, jubilaciones y pensiones evolucionan por debajo del incremento del costo de vida.

Ese desfasaje, advirtió, termina deteriorando la economía cotidiana de millones de hogares.

Una contradicción que beneficia a las grandes empresas

Durante la conversación apareció uno de los aspectos que Boada considera más preocupantes.

Mientras el Gobierno impulsa la reducción de subsidios para usuarios residenciales y pretende limitar el alcance de la Ley de Zona Fría, avanza paralelamente un proyecto para condonar las deudas que mantienen empresas distribuidoras de electricidad con CAMMESA.

"Mientras condonan las deudas hacia las empresas prestadoras de servicios públicos, por otro lado bajan los subsidios, aumentan las tarifas y quieren reducir la Zona Fría", cuestionó.

Para el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, esa combinación evidencia una transferencia de recursos que favorece a grandes grupos económicos mientras traslada mayores costos a las familias.

En otras palabras, el esfuerzo económico se exige a quienes pagan las boletas y no a quienes obtienen importantes beneficios dentro del sistema energético.

El fondo de la Zona Fría no sale del Tesoro Nacional

Uno de los puntos que Boada buscó aclarar durante la entrevista fue el funcionamiento financiero del régimen de Zona Fría.

Explicó que el beneficio no representa un gasto directo para las cuentas generales del Estado porque se financia mediante un fondo específico integrado por un pequeño cargo que pagan todos los usuarios de gas del país.

Ese mecanismo permite sostener tarifas diferenciales en las regiones donde las condiciones climáticas obligan a consumir mayor cantidad de energía para calefacción.

Por eso cuestionó el argumento oficial de reducir el beneficio por cuestiones fiscales.

"Económicamente la Ley de Zona Fría no le resulta un cargo para las arcas del Estado", explicó.

Incluso planteó otra hipótesis: que el Gobierno busque mantener ese fondo, continuar cobrando el adicional a todos los usuarios y, al mismo tiempo, disminuir la cantidad de beneficiarios para disponer de esos recursos con otros fines.

La respuesta de las asociaciones de consumidores

Frente a este escenario, Boada explicó que distintas organizaciones de defensa de usuarios comenzaron un trabajo coordinado para intentar frenar la iniciativa.

La Unión de Usuarios y Consumidores elaboró, junto a otras diez o doce asociaciones, un documento que ya comenzó a distribuirse entre los senadores nacionales que deberán intervenir en el tratamiento legislativo.

Además solicitaron reuniones individuales con legisladores para explicar el impacto que tendría la reducción de la Zona Fría y la condonación de deudas empresarias.

Boada reivindicó esa tarea como una forma legítima de participación democrática.

"El lobby no solamente lo hacen las grandes empresas. Nosotros también hacemos nuestras presentaciones desde la sociedad civil", afirmó.

La diferencia, sostuvo, es que mientras los grandes grupos económicos buscan defender intereses corporativos, las asociaciones de consumidores intentan proteger derechos ciudadanos.

Un país con realidades climáticas muy diferentes

Otro de los argumentos desarrollados durante la entrevista fue la enorme diversidad territorial de la Argentina. El abogado explicó que no resulta razonable diseñar políticas energéticas suponiendo que todo el país presenta las mismas condiciones climáticas.

Como ejemplo mencionó una reciente reunión virtual de la Unión de Usuarios donde participaron representantes de Mar del Plata.

Mientras realizaban el encuentro, describían intensas bajas temperaturas e incluso nevadas en distintas localidades del sur bonaerense.

"No tenemos un país uniforme de temperaturas templadas", señaló.

Por esa razón sostuvo que la Zona Fría constituye una política de equidad territorial destinada a compensar una realidad objetiva: existen regiones donde calefaccionar una vivienda implica costos considerablemente superiores.

La concentración económica y el deterioro del mercado interno

A partir del análisis sobre las tarifas, Claudio Boada amplió la discusión hacia el modelo económico que, a su juicio, atraviesa la Argentina. Señaló que el país vuelve a experimentar un proceso de concentración de la riqueza similar al que se observó durante otros períodos de políticas liberales, donde un número cada vez menor de empresas y grupos económicos concentran una mayor porción de los ingresos mientras el resto de la sociedad pierde capacidad de consumo.

Para el dirigente, no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino. Explicó que la concentración económica es una tendencia global que, con distintas intensidades, también se observa en otros países. Sin embargo, advirtió que en Argentina ese proceso adquiere características particularmente profundas porque se combina con la pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones.

"Antes hablábamos de millonarios, después de multimillonarios y hoy hablamos de hipermillonarios. La concentración económica sigue creciendo mientras las grandes mayorías pierden capacidad de compra", expresó.

Desde su perspectiva, cuando cae el mercado interno también se debilitan las pequeñas y medianas empresas, disminuye la actividad comercial y aumenta la vulnerabilidad social de millones de familias que dependen del trabajo cotidiano para sostener sus ingresos.

El ajuste no termina en las tarifas: impacta en toda la vida cotidiana

Boada sostuvo que los aumentos de los servicios públicos no pueden analizarse de manera aislada. Explicó que cada incremento en las tarifas se suma al aumento del costo de los alimentos, los alquileres, los medicamentos, el transporte y otros gastos esenciales, generando un deterioro progresivo de la economía familiar.

"El problema no es solamente cuánto cuesta la boleta de gas o de luz. El problema es que todo aumenta al mismo tiempo mientras los ingresos permanecen estancados", afirmó.

Según indicó, muchas familias comenzaron a modificar hábitos de consumo que antes eran normales: restringen el uso de calefacción, reducen la compra de medicamentos, postergan controles médicos o limitan consumos básicos para poder afrontar el pago de los servicios.

Para el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, esta situación termina afectando directamente la calidad de vida y profundiza las desigualdades sociales.

El sobreendeudamiento como consecuencia de las políticas económicas

Uno de los ejes que más preocupa a Boada es el crecimiento del sobreendeudamiento de los hogares argentinos. Explicó que no se trata únicamente de personas que toman créditos para realizar inversiones o mejorar su vivienda, sino de familias que se endeudan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicamentos o servicios públicos.

"Hoy millones de argentinos están endeudándose para llegar a fin de mes", advirtió.

Según explicó, cuando los ingresos dejan de alcanzar para cubrir los gastos esenciales, muchas personas recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamiento informal para sostener el consumo básico. Ese mecanismo genera un círculo difícil de romper porque los intereses incrementan aún más las obligaciones futuras.

Claudio señaló que numerosos informes ya muestran niveles preocupantes de endeudamiento familiar y consideró que el problema seguirá profundizándose mientras no exista una recuperación sostenida del poder adquisitivo.

La necesidad de reconstruir espacios multisectoriales

Frente a este escenario, el dirigente consideró que ninguna organización podrá enfrentar por sí sola las consecuencias del actual modelo económico. Por ese motivo planteó la necesidad de volver a construir espacios multisectoriales donde confluyan organizaciones de consumidores, cooperativas, sindicatos, clubes, universidades, centros culturales, pequeñas y medianas empresas y demás instituciones de la sociedad civil.

Recordó experiencias desarrolladas durante otros momentos de fuerte conflictividad económica y sostuvo que esas articulaciones permitieron defender derechos que, de otra manera, hubieran sido mucho más difíciles de sostener.

"No alcanza con que cada sector reclame por separado. Hay problemas que atraviesan a toda la sociedad y requieren respuestas colectivas", expresó.

Desde esa mirada, entiende que la defensa de usuarios y consumidores forma parte de una agenda mucho más amplia vinculada al fortalecimiento de la ciudadanía y de las organizaciones comunitarias.

Consumidores, pero sobre todo ciudadanos

Uno de los pasajes más reflexivos de la entrevista giró en torno a la diferencia entre ser consumidor y ser ciudadano.

Boada sostuvo que durante muchos años se logró ampliar el acceso al consumo mediante mejores salarios, mayor empleo y recuperación del mercado interno. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento económico no siempre estuvo acompañado por un proceso equivalente de formación ciudadana que permitiera comprender el valor de las políticas públicas que hicieron posible esas mejoras.

"Muchas veces logramos construir consumidores, pero no siempre construimos ciudadanos conscientes de por qué habían mejorado sus condiciones de vida", reflexionó.

Para el dirigente, esa situación explica parcialmente por qué determinados sectores sociales terminan respaldando políticas que posteriormente afectan sus propios intereses económicos.

Desde su punto de vista, fortalecer la conciencia ciudadana constituye uno de los principales desafíos de las organizaciones sociales y de defensa de consumidores.

Políticas públicas para las mayorías

Boada aclaró que la Unión de Usuarios y Consumidores no actúa desde una lógica partidaria, sino desde la defensa de políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población.

Explicó que dentro de la organización conviven personas con distintas miradas políticas, pero todas coinciden en la necesidad de proteger derechos básicos vinculados a servicios públicos, acceso a bienes esenciales y condiciones dignas de consumo.

"Nosotros hablamos de políticas públicas que beneficien a la gran mayoría del pueblo argentino", sostuvo.

En ese sentido, consideró que debates como el de la Zona Fría, las tarifas o el endeudamiento deben discutirse en todos los ámbitos sociales porque afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas.

Votar pensando en el interés colectivo

Sobre el cierre de la entrevista, Boada recordó una conversación mantenida años atrás con el diputado y dirigente cooperativista Carlos Heller. Aquella reflexión le permitió introducir una de las preguntas que considera centrales para la política argentina: por qué muchas personas terminan apoyando proyectos que posteriormente perjudican su propia situación económica.

A partir de esa experiencia sostuvo que el voto no debería responder únicamente a cuestiones emocionales o coyunturales, sino también a una evaluación concreta de las políticas que favorecen o perjudican a las grandes mayorías.

"Sostengo que cada uno de nosotros tiene que votar con el bolsillo de las grandes mayorías y no con el bolsillo de las grandes empresas", afirmó.

Para Boada, comprender el impacto que tienen las decisiones económicas sobre la vida cotidiana constituye una condición indispensable para construir una ciudadanía más participativa y consciente.

Defender derechos para construir una sociedad más justa

A lo largo de toda la conversación, Claudio Boada volvió una y otra vez sobre una misma idea: las discusiones sobre tarifas, subsidios, endeudamiento o servicios públicos nunca son solamente debates técnicos.

Detrás de cada decisión económica existe una determinada concepción del Estado, de la distribución de la riqueza y del lugar que ocupan los ciudadanos dentro del modelo de desarrollo.

Por eso entiende que defender la Ley de Zona Fría, reclamar políticas tarifarias razonables o advertir sobre el crecimiento del sobreendeudamiento forman parte de una misma agenda: la defensa de derechos que permitan garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la sociedad.

En ese escenario, considera que las organizaciones de consumidores seguirán teniendo un papel central como espacios de representación, participación y construcción colectiva frente a desafíos que exceden ampliamente el ámbito del consumo para instalarse en el corazón mismo del debate democrático.

Fuente: SOS Señal de Radio – FM Futura de La Plata. Conduce Gustavo Pescetta. Coconduce Ricardo Gil.