Claudio Boada y el balance de la UUyC: crecer en derechos en un país que los recorta

Un crecimiento territorial en un escenario adverso

Boada señaló que, pese al contexto económico y político, la Unión de Usuarios y Consumidores cierra el año con un saldo positivo en términos organizativos. “La unión cierra el año exitosamente, en desarrollo, en proyección territorial y en consolidación de filiales”, afirmó.

Actualmente, entre filiales constituidas y grupos promotores, la organización tiene presencia en alrededor de 40 localidades del país, abarcando provincias como Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, y con grupos en formación en Chubut, Tierra del Fuego y Entre Ríos. Esta expansión, explicó, se sostiene con esfuerzo propio en un escenario donde “hay que sostener dispositivos económicos para mantener programas de radio, filiales y actuaciones”.

 
Índices propios frente a una realidad que el INDEC no refleja

Uno de los ejes centrales del balance fue la construcción de índices alternativos de consumo, pensados para dar cuenta de realidades que no aparecen reflejadas en los indicadores oficiales.

Boada explicó que los índices de costo de vida del INDEC están diseñados para grupos familiares pequeños y sectores medios. Frente a esa limitación, la Unión impulsó nuevas herramientas como el Índice Guiso, pensado para comedores y grupos de diez personas en zonas de mayor pobreza, el seguimiento del precio de la garrafa, y la continuidad del Índice del Precio de la Leche en Villa María.

Sobre este último, subrayó una contradicción estructural: “En medio de la cuenca lechera, Villa María paga la leche más cara que Buenos Aires, por los costos de logística”. La producción viaja cientos de kilómetros para luego regresar procesada, encareciendo un alimento esencial.

 
Servicios públicos: aumentos brutales y salarios congelados

El presidente de la Unión fue especialmente crítico con la política tarifaria del gobierno nacional. Según detalló, mientras la inflación ronda el 180 por ciento desde el inicio de la gestión actual, los servicios públicos aumentaron en promedio un 561 por ciento, el gas cerca de un 960 por ciento, y el transporte en el AMBA alrededor de un 900 por ciento.

“El problema es que ningún salario aumentó eso”, advirtió. En ese marco, sostuvo que millones de familias terminan destinando la mayor parte de sus ingresos a pagar servicios y alimentos, quedando relegadas otras necesidades básicas como vestimenta, salud o educación.

 
Estado, mercado y disputa de modelo

Boada sintetizó la orientación del gobierno nacional en dos frases contundentes: “destruye el Estado desde adentro” y “lo pone al servicio de la concentración de la riqueza”. Frente a esa lógica, reafirmó la postura histórica de la organización: “con más Estado hay un mejor mercado”.

Desde esa mirada, la Unión se define como una organización de la sociedad civil con vocación transformadora, que no busca “alisar las asperezas del sistema”, sino disputar un modelo basado en la economía social, el cooperativismo, la protección de las pymes, el mercado interno y el trabajo nacional.

 
Cooperativas, pymes y organizaciones sociales como víctimas del ajuste

El ajuste, señaló Boada, no golpea solo a los usuarios y consumidores. También afecta a cooperativas, empresas recuperadas, pymes, clubes de barrio y organizaciones sociales, que ven cómo los costos de los servicios públicos hacen cada vez más difícil sostener su función social.

En ese sentido, remarcó la necesidad de construir una unidad de proyecto, no solo electoral, que permita frenar la pérdida de derechos y sentar las bases de una reestructuración profunda cuando exista respaldo popular.

 
Consumo consciente y economía solidaria

Hacia el final, Boada apeló a la responsabilidad social de los llamados “ciudadanos consumidores”. Planteó que, si una parte significativa de los ingresos se destinara a comprar productos cooperativos, mutuales o pymes, se fortalecería un entramado económico más justo y solidario.

Recordó además que la derogación de la Ley de Góndolas, mediante el DNU 70/2023, eliminó una herramienta clave para garantizar presencia de producción nacional y pymes en supermercados, profundizando la concentración.

 
Un cierre con advertencia y convicción

El balance de fin de año dejó una advertencia clara: los próximos años serán duros. Pero también reafirmó una convicción política que atraviesa a la Unión de Usuarios y Consumidores desde sus orígenes: la defensa de los derechos no es solo una tarea técnica, sino una disputa de sentido sobre qué Estado, qué mercado y qué sociedad se quiere construir.

 
Fuente: Entrevista a Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, en SOS Señal de Radio, Radio Voz de La Plata, cierre del ciclo 2025.