De 90 a 327: el mapa que revela la dimensión del cooperativismo agroalimentario bonaerense

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata fue el escenario donde se dimensionó la verdadera extensión territorial, productiva y social del cooperativismo agropecuario y agroalimentario bonaerense.

La presentación estuvo a cargo de la licenciada Alejandra Paulette, directora de Bromatología del Municipio de Almirante Brown y referente del Programa de Economía Social de la Universidad Provincial de Ezeiza, y de Nicolás Bento, director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

El panel se dio en el marco de las III Jornadas de Economía Popular, Social y Solidaria, realizadas el 19 y 20 de agosto bajo la consigna "Procesos, prácticas y experiencias para la educación y el trabajo en el territorio". La ponencia se tituló "Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la Provincia de Buenos Aires: caracterización y mapeo georreferencial".

Un sector mucho más amplio de lo que mostraban los registros

La investigación nació de un trabajo conjunto entre la Universidad Provincial de Ezeiza y la Dirección de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. El relevamiento cerró en diciembre de 2022 y buscó superar las limitaciones de las estadísticas armadas solo a partir del objeto social declarado por cada entidad.

La conclusión fue contundente: el sector estaba compuesto por 327 cooperativas agropecuarias y agroalimentarias activas, pero solamente 90 —el 27%— tenían registrado un objeto social específicamente agropecuario.

Las otras 237 desarrollaban actividades directamente vinculadas con la producción, transformación, prestación de servicios o comercialización de alimentos, aunque figuraban bajo otros objetos sociales. Entre ellas se identificaron 147 cooperativas de trabajo, el 45% del universo estudiado. En otras palabras: una lectura limitada al objeto social agropecuario dejaba fuera a más de dos tercios del entramado real.

Para reconstruirlo, el equipo revisó entidad por entidad, cruzando el padrón del INAES con las actividades económicas declaradas ante la AFIP, registros contables, formularios de programas públicos, asistencias administrativas y legales, encuestas, encuentros regionales, congresos, ferias y visitas territoriales.

La base contempla cooperativas formalmente constituidas, con matrícula y CUIT activos al cierre del estudio. Los grupos precooperativos, las organizaciones informales y otras experiencias todavía no matriculadas quedaron afuera, por lo que los propios expositores reconocieron que la dimensión asociativa podría ser todavía mayor.

Once sectores productivos distribuidos en todo el territorio

Las 327 entidades se organizaron en 11 sectores productivos. El grupo más numeroso fue el hortícola, con 51 cooperativas, seguido por cereales y oleaginosas, con 46; ganadería, con 43; servicios, con 37; pesca, con 36; y apicultura, con 32.

También se identificaron 24 cooperativas de agricultura familiar, 24 dedicadas a la producción de alimentos, 18 frutícolas, 8 florícolas y 8 forestales.

El documento contiene 25 mapas georreferenciados que muestran localización, actividad, objeto social, antigüedad y grado de integración. La investigación registró presencia cooperativa agropecuaria y agroalimentaria en 100 municipios bonaerenses.

La distribución territorial también dejó ver etapas históricas distintas. Las cooperativas constituidas antes de 1980 se concentran principalmente en el sudoeste provincial y suelen tener objeto agropecuario. Después de ese año creció la presencia de cooperativas de trabajo, sobre todo en las regiones metropolitanas y el norte bonaerense.

Entre 2020 y 2022 se registraron 133 nuevas matrículas dentro del universo estudiado. Para el director de Cooperativas Agropecuarias, esas variaciones muestran que la creación y continuidad de las cooperativas también dependen de las decisiones políticas de cada período: hay etapas que promueven el asociativismo y otras que lo frenan.

Más de 27.000 personas asociadas

La investigación también estimó cuántas personas integran estas organizaciones. Para eso se relevaron los libros y registros de 122 cooperativas —cerca del 40% del universo— y se proyectaron los resultados sobre el conjunto. La estimación llegó a 27.408 personas asociadas.

El sector de cereales y oleaginosas concentra alrededor de 19.381, con un promedio de 421 integrantes por cooperativa. Le siguen la ganadería, con 3.472 asociados estimados; la horticultura, con 1.659; la pesca, con 608; y la apicultura, con 604. El cooperativismo agroalimentario, entonces, no es solo una cantidad de empresas: es una red extensa de productores, trabajadores y familias ligadas a las economías regionales.

Las experiencias detrás de las estadísticas

El último capítulo del trabajo sumó estudios de caso para conocer, de primera mano, los logros, las dificultades y las demandas de cooperativas de cada sector.

Uno de los ejemplos fue la Cooperativa Agrícola Ganadera de Garré, constituida en 1953 con la matrícula 3351, nacida para comercializar la producción y ofrecer servicios a pequeños productores. En 2014, con un fondo rotatorio y un subsidio del entonces Ministerio de Agricultura de la Nación, construyó una extrusora de soja y empezó a agregar valor a materias primas de asociados y productores de la zona.

También se abordó la Cooperativa de Trabajo Ecoflor, en Florencio Varela, ubicada en una zona central de producción hortícola y florícola —una oportunidad comercial que convive con dificultades logísticas que encarecen costos y afectan la calidad de las flores y plantas transportadas.

El sector pesquero estuvo representado por la Cooperativa de Trabajo Los Pescadores se han Unido Delta del Paraná, golpeada por la bajante histórica del río Paraná vinculada al cambio climático, que redujo las capturas. Sus integrantes plantearon la necesidad de incorporar más valor agregado en origen para mejorar la rentabilidad.

Los distintos testimonios coincidieron en demandas comunes: asistencia técnica, profesionalización, financiamiento, tecnología, mejores sistemas logísticos, nuevos canales de comercialización y políticas públicas que ayuden a transformar la producción primaria.

De la información a las políticas públicas

Para el funcionario, el estudio no fue pensado solo como una producción académica: la información permitió localizar organizaciones, identificar problemas y diseñar herramientas concretas.

Una de ellas es la Incubadora de Cooperativas, pensada para acompañar grupos en formación y entidades recién constituidas. Desde 2020, participó en la creación de 132 cooperativas y trabaja con otros 331 grupos en proceso de incubación, con asistencia contable, jurídica, administrativa y cooperativa —una parte orientada a organizaciones con dificultades para completar inscripciones impositivas, declarar actividades o mantener activos sus registros.

A esto se suman 11 encuentros regionales y los congresos provinciales, pensados para promover el intercambio entre cooperativas, universidades y organismos públicos. El sexto Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias se hará el 2 de octubre de 2026 en San Vicente, bajo el lema "Innovar es generar arraigo".

Financiamiento para producir, comercializar e innovar

Bento marcó que las sucesivas convocatorias de Agregado de Valor Cooperativo representaron una inversión acumulada cercana a los 3.000 millones de pesos. La herramienta, que arrancó enfocada en el agregado de valor productivo, fue sumando proyectos de comercialización, fortalecimiento institucional, integración comunitaria y mejoras para el funcionamiento cotidiano de las entidades.

La séptima convocatoria de 2026 contempla subsidios de hasta 15 millones de pesos para proyectos de agregado de valor e industrialización de cooperativas de hasta diez asociados, y de hasta 30 millones para las que superan esa cantidad.

Para fortalecimiento institucional e integración comunitaria, los montos llegan hasta 10 millones para cooperativas y federaciones de hasta diez integrantes, y hasta 15 millones para las de mayor tamaño.

Además, se habilitó una nueva línea de innovación tecnológica para articular cooperativas agropecuarias y agroalimentarias con cooperativas especializadas en tecnología. Los proyectos seleccionados pueden recibir hasta 15 millones de pesos para desarrollar o implementar soluciones que mejoren procesos productivos, administrativos o comerciales.

Entre los desarrollos mencionados aparecieron colmenas inteligentes con sensores y dispositivos capaces de controlar las condiciones internas de los silos, en articulación con la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC).

El cooperativismo como política de Estado

A escala nacional, el director sostuvo que el sector cooperativo representa, de manera estimativa, entre el 10% y el 12% del Producto Bruto Interno y canaliza cerca del 20% de las exportaciones de granos. También señaló que aproximadamente el 40% de las cooperativas agropecuarias del país está en territorio bonaerense.

En uno de los tramos más políticos de su exposición, cuestionó la reducción de los recursos nacionales destinados al INAES. Según las cifras que presentó, la contribución especial de cooperativas y mutuales generaría cerca de 90.000 millones de pesos, mientras que el organismo nacional dispondría de alrededor de 16.000 millones.

Frente a ese contraste, afirmó que en la provincia de Buenos Aires "el cooperativismo es política de Estado", y destacó la existencia de áreas y programas vinculados al sector en distintos ministerios y organismos provinciales.

Las barreras para las cooperativas más pequeñas

El intercambio con el público trajo a la mesa las dificultades de los grupos que recién empiezan. Uno de los participantes marcó los costos de las certificaciones de firmas, la cantidad de trámites y las exigencias que enfrentan quienes intentan organizar una cooperativa como respuesta a la falta de trabajo.

Bento reconoció que uno de los grandes desafíos es masificar las políticas públicas, hacerlas conocidas y garantizar que lleguen a quienes las necesitan. También contó que desde la Dirección se usan recursos para absorber ciertos costos y evitar que las primeras gestiones se vuelvan una barrera económica.

El debate dejó planteado que no alcanza con crear programas o convocatorias: también hace falta una presencia territorial capaz de acompañar los trámites, comunicar las herramientas y sostener a las organizaciones durante sus primeros años.

Educación y conocimiento para otra economía

Al cierre, Paulette propuso reconocer a la economía social como motor de las economías regionales y del desarrollo de las comunidades. Para la investigadora, fortalecer el sector requiere políticas públicas, pero también producción de conocimiento propio, acompañamiento universitario y articulación permanente entre cooperativas, escuelas, profesionales e investigadores.

Contó además que su trabajo de maestría propone incorporar la economía social como contenido transversal en la educación secundaria, para que desde edades tempranas las nuevas generaciones reconozcan al cooperativismo y al asociativismo como alternativas reales para organizar la producción, desarrollar profesiones y transformar sus territorios.

Para la especialista, las cooperativas necesitan capacidades técnicas y profesionales que les permitan diversificar productos, incorporar valor agregado y sostenerse frente a un mercado concentrado que funciona con reglas muchas veces excluyentes.

 
Fuentes: cobertura especial durante las exposiciones de Alejandra Paulette y Nicolás Bento durante las III Jornadas de Economía Popular, Social y Solidaria; Programa oficial de las III Jornadas – Universidad Nacional de La Plata; UNLP.

Aclaración editorial: Alejandra Paulette es licenciada, directora de Bromatología del Municipio de Almirante Brown y referente del Programa de Economía Social de la Universidad Provincial de Ezeiza. Nicolás Bento es director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.