El pasaje gratuito sigue vigente, pero crece la preocupación por nuevos obstáculos

Desde el programa radial Desde la Gente, el Bloque de la Unión de Usuarios y Consumidores abordó una medida nacional que generó preocupación entre personas con discapacidad, familias, organizaciones sociales y asociaciones de usuarios y usuarias de todo el país.

En los últimos días se conoció que el Gobierno Nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con enfermedades oncológicas.

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se realizó una aclaración fundamental. El derecho al pasaje gratuito no fue eliminado. Las leyes que protegen a estos grupos siguen vigentes y las empresas continúan obligadas a otorgar esos boletos.

Sin embargo, la preocupación social aparece en otro punto. Una cosa es que un derecho siga reconocido formalmente y otra muy distinta es que pueda ejercerse de manera real, efectiva, digna y sin obstáculos.

Hasta ahora, el Estado compensaba económicamente a las empresas por esos pasajes gratuitos. A partir de la nueva resolución, esa compensación deja de existir y el costo queda absorbido por las empresas de transporte.

Cuando se modifica el esquema económico que sostiene una política pública, también se modifica el escenario concreto en el que las personas deben hacer valer sus derechos. Por eso muchas familias se preguntan si habrá más trabas, menos disponibilidad, más demoras o mayores conflictos al momento de solicitar los pasajes.

La inquietud no es abstracta. Para miles de personas con discapacidad, el transporte de larga distancia no es un beneficio ni un privilegio. Es una condición necesaria para asistir a tratamientos médicos, rehabilitación, controles, estudios, trabajo, trámites, vínculos familiares y proyectos de vida autónoma.

El transporte accesible es una puerta de entrada a otros derechos. Sin traslado, muchas veces se restringe el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la inclusión social y a la participación comunitaria.

Cuando una persona no puede viajar, no solo pierde un pasaje. Puede perder una consulta médica, una terapia, una intervención, una clase, una entrevista laboral o la posibilidad de sostener lazos familiares. Por eso, el impacto de estas medidas debe medirse también en términos humanos y sociales.

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se remarcó que quienes suelen absorber las consecuencias de estos cambios son las familias. Madres, padres, hermanos, cuidadores y redes de apoyo que ya enfrentan gastos permanentes vinculados a medicamentos, tratamientos, acompañamientos terapéuticos, apoyos específicos y traslados cotidianos.

En ese contexto, cualquier nuevo obstáculo administrativo o económico puede profundizar desigualdades ya existentes. La gratuidad del pasaje no debe quedar reducida a una norma escrita si después, en la práctica, acceder al boleto se vuelve cada vez más difícil.

Desde una perspectiva de defensa de usuarios y consumidores, las políticas públicas no pueden analizarse únicamente desde una lógica presupuestaria o administrativa. También deben evaluarse por el impacto que producen sobre la vida cotidiana de las personas que necesitan una protección reforzada.

Las personas con discapacidad no solo necesitan que se reduzcan barreras. También necesitan que no se creen nuevas. La eliminación de una compensación económica a las empresas puede no borrar el derecho en los papeles, pero sí abrir una zona de incertidumbre sobre su cumplimiento efectivo.

Por eso, el eje de la discusión no es solamente legal. Es profundamente social. Los derechos existen plenamente cuando las personas pueden ejercerlos sin tener que atravesar un camino de rechazos, demoras, desinformación o maltratos.

Una sociedad verdaderamente inclusiva no es la que reconoce derechos de manera formal, sino la que garantiza que esos derechos puedan hacerse realidad todos los días.

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores se insistió en que el transporte accesible debe ser entendido como parte de una red básica de derechos. No se trata de una concesión empresarial ni de una facilidad secundaria, sino de una herramienta concreta de igualdad.

Cuando se habla de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera o niños, niñas y adolescentes con enfermedades oncológicas, se habla de poblaciones que necesitan respuestas claras, rápidas y humanas.

La incertidumbre no puede recaer sobre quienes ya enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. Si las empresas siguen obligadas a otorgar los pasajes, el Estado debe garantizar que ese derecho no se convierta en una carrera de obstáculos.

Desde la organización se reafirmó el compromiso de acompañar, informar y defender los derechos de usuarios y consumidores, especialmente cuando están vinculados a sectores que requieren una protección reforzada.

El mensaje final es claro. El pasaje gratuito sigue vigente, pero su vigencia real dependerá de que no se multipliquen las barreras para acceder a él. Una comunidad también se mide por la forma en que protege a quienes más apoyo necesitan.

Fuente: Micro del Bloque de la Unión de Usuarios y Consumidores en el programa radial Desde la Gente.