El remedio fue peor: el acuerdo no resolvió la crisis universitaria

El entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y las representaciones gremiales abrió una etapa distinta dentro del conflicto universitario. La respuesta oficial permitió recomponer parcialmente salarios, gastos de funcionamiento, becas y partidas para hospitales universitarios, pero no logró resolver el deterioro estructural que atraviesa a la educación superior.

Los actores de la vida universitaria respondieron con el bolsillo. Después de meses de pérdida del poder adquisitivo, precarización y falta de previsibilidad, las organizaciones sindicales y las autoridades universitarias encontraron enormes dificultades para rechazar una propuesta que ofrecía una mejora inmediata.

Sin embargo, la aceptación económica no implicó el cierre político del conflicto. Por el contrario, el acuerdo trasladó la discusión hacia el interior de las universidades, donde ahora se debate quiénes resultaron efectivamente beneficiados, cuánto representa la recomposición para los salarios más bajos, si la Ley de Financiamiento Universitario comenzó realmente a cumplirse y hasta qué punto las conducciones institucionales expresan el malestar de sus comunidades.

El Gobierno nacional consiguió contener una parte de la protesta mediante un entendimiento con el sistema dirigencial universitario. Pero el acuerdo alcanzado en las mesas de negociación no se trasladó de manera homogénea a docentes, investigadores, trabajadores no docentes, becarios y estudiantes, que continúan atravesados por condiciones materiales profundamente deterioradas.

De esta manera, el conflicto dejó de ser exclusivamente presupuestario o salarial. La intervención del Gobierno sobre la universidad pública ya no produce solamente consecuencias económicas: también comienza a generar tensiones políticas, gremiales e institucionales hacia el interior de una comunidad que no interpreta de la misma manera los alcances del acuerdo.

Una recomposición necesaria, pero todavía insuficiente

El acta firmada establece una recomposición de la masa salarial del 24,33 %, distribuida en un incremento del 21,33 % en junio sobre los salarios básicos vigentes en mayo y otro 3 % en octubre sobre los básicos de septiembre.

También contempla la continuidad de la negociación paritaria, con reuniones que no deberían superar los tres meses de intervalo y con el compromiso de considerar la evolución del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Además, queda pendiente la discusión sobre el desfase salarial de 2024.

En materia presupuestaria, el Gobierno dispuso una actualización del 20 % para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, una partida de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un incremento del 50 % para las Becas Manuel Belgrano.

A esto se suma la garantía de fondos para programas de capacitación destinados a trabajadores docentes y no docentes.

Las medidas representan un avance después de meses de paros, movilizaciones federales, asambleas, clases públicas, apagones, antorcheadas y distintas acciones de visibilización. La propia comunicación gremial sintetizó esa lucha con una consigna contundente: “Sin salarios dignos no hay universidad pública. Y sin universidad pública no hay futuro posible”.

Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional aclaró que la actualización salarial y presupuestaria constituye “un paso importante”, aunque “de ninguna manera definitorio ni suficiente”.

El CIN también señaló que la reapertura de la paritaria y la recomposición anunciada son consecuencia de la lucha de la comunidad universitaria, pero que no resuelven el problema estructural del sistema.

Por eso, el organismo ratificó su reclamo por la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que la demanda judicial continuará vigente hasta que la norma sea aplicada en su totalidad.

La propia posición de las autoridades universitarias impide presentar el acuerdo como una solución definitiva. El Gobierno respondió a una parte de la emergencia, pero dejó abiertas las discusiones sobre la recuperación del poder adquisitivo, la previsibilidad presupuestaria y el financiamiento integral de las universidades.