El sobreendeudamiento llegó a la Legislatura y proponen una salida para 47 mil familias

La propuesta establece la creación de un plan provincial destinado a mejorar el ingreso disponible de las familias trabajadoras mediante la reducción de la carga financiera derivada de créditos, tarjetas y adelantos de sueldo. Entre sus objetivos se encuentran la refinanciación de deudas en mejores condiciones de plazo y tasa, el fortalecimiento de la educación financiera y el impulso de la actividad económica local, especialmente del comercio.

Refinanciación para empleados públicos y jubilados provinciales

Uno de los puntos centrales del proyecto faculta al Gobierno provincial, a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), a implementar líneas de consolidación y refinanciación de deudas para trabajadores activos y pasivos del Estado provincial. La medida alcanzaría a agentes de la administración pública centralizada y descentralizada con el objetivo de disminuir la afectación de sus haberes mensuales y mejorar su capacidad de consumo.

La iniciativa también prevé que la autoridad de aplicación reglamente el funcionamiento de los códigos de descuento, determine el haber sujeto a descuentos y establezca topes que impidan una afectación excesiva de los ingresos mensuales.

Extensión al sector privado y trabajadores independientes

El proyecto no limita el alcance al empleo público. También habilita al Poder Ejecutivo a firmar convenios con bancos, billeteras virtuales, proveedores de servicios de pago, financieras, emisoras de tarjetas de crédito, cooperativas, mutuales, sindicatos, cámaras empresariales y gobiernos locales para extender líneas de alivio financiero a trabajadores privados, jubilados nacionales, pensionados y personas con ingresos independientes o irregulares.

De esta manera, la propuesta intenta abarcar a una parte importante de las familias trabajadoras que actualmente enfrentan dificultades para afrontar compromisos financieros asumidos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Educación financiera y prevención del sobreendeudamiento

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un programa de educación financiera con participación del Ministerio de Educación, entidades financieras y organismos públicos. El objetivo es desarrollar capacidades que permitan a los ciudadanos mejorar la administración de sus recursos y reducir los riesgos asociados al endeudamiento.

El seguimiento del programa estaría a cargo del Consejo Provincial de Políticas Sociales, junto a la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Economía y Gestión Pública. Además, se contempla la participación de organismos vinculados a la defensa de los consumidores para supervisar operaciones crediticias y brindar asistencia a los usuarios.

Los datos que impulsan la propuesta

En los fundamentos del proyecto se señala que más de 47.000 trabajadores activos y jubilados de los tres poderes del Estado provincial superan el umbral crítico de endeudamiento, destinando más de la mitad de sus ingresos al pago de obligaciones financieras con Bancor. Según datos citados en la iniciativa, más del 60% de los empleados públicos percibe apenas la mitad de su salario debido a descuentos automáticos asociados a tarjetas, adelantos de sueldo y créditos personales.

La situación también se vincula con la evolución del sistema financiero nacional. El proyecto menciona que la morosidad de los hogares pasó del 2,9% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026, mientras que en el crédito no bancario la irregularidad supera el 25% y, en algunos casos, el 30%. Según esos datos, cerca de uno de cada tres argentinos con crédito presenta dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Una respuesta provincial frente a la desregulación

Chamorro sostiene que la iniciativa también responde a los efectos del Decreto Nacional 352/2026, que modificó el régimen de préstamos para empleados públicos, liberó tasas de interés y facilitó el acceso de entidades financieras al sistema de descuentos sobre haberes. Frente a ese escenario, el proyecto propone una intervención provincial orientada a proteger el salario y reducir el peso de las deudas sobre los ingresos familiares.

Los fundamentos remarcan que la propuesta no busca generar nuevo endeudamiento, sino reorganizar obligaciones existentes en condiciones más favorables. Según el texto, recuperar ingreso disponible para las familias no solo constituye una medida de justicia social, sino también una herramienta para dinamizar el consumo y fortalecer la actividad económica provincial.

Salario, consumo y economía provincial

La iniciativa incorpora además referencias al Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la necesidad de proteger el salario frente a descuentos que comprometan la subsistencia del trabajador y su familia. Desde esa perspectiva, el proyecto plantea que la protección de los ingresos familiares no solo es una cuestión individual, sino también una política económica orientada a sostener el mercado interno y la actividad comercial de cercanía.

Fuente: Proyecto de Ley N.º 46403/L/26 presentado por el legislador Matías Chamorro.