Una reforma que modifica reglas vigentes desde hace más de medio siglo

Para Berinstain, el proyecto no constituye una actualización administrativa menor sino un cambio estructural en el derecho societario argentino. Según explicó, la iniciativa "es un giro de 180 grados" porque modifica las reglas bajo las cuales funciona el sector privado desde hace más de cincuenta años.

Desde su perspectiva, el cambio más profundo consiste en limitar la responsabilidad empresarial frente a eventuales daños y reducir las herramientas de regulación y control tanto del Estado nacional como de las provincias.

"Limita la responsabilidad de las empresas frente a un daño y le quita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales la posibilidad efectiva de regular y controlar a las compañías", afirmó.

Para el analista, la reforma trasciende el plano jurídico y redefine la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad.

 
Empresas controladas por inteligencia artificial

Uno de los aspectos que considera el entrevistado, el más novedosos es la incorporación de nuevas figuras empresariales. El proyecto contempla dos modalidades: las Sociedades Automatizadas y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).

En particular, sostiene que las sociedades automatizadas constituyen "el corazón del problema".

Según explicó, estas empresas podrían operar prácticamente igual que cualquier sociedad tradicional: comprar bienes, vender productos, contratar personal, alquilar inmuebles, participar en licitaciones públicas e incluso administrar negocios completos mediante agentes de inteligencia artificial, sin intervención permanente de personas físicas.

"Puede comprar, vender, contratar personal, alquilar un inmueble o participar en licitaciones públicas mediante sistemas algorítmicos o agentes de IA."

Sin embargo, a diferencia de una empresa convencional, el proyecto limita la responsabilidad económica al patrimonio declarado por esa sociedad.

 
¿Quién responde cuando un algoritmo provoca un daño?

Para explicar las consecuencias prácticas del proyecto, Beristain desarrolló un caso hipotético que resume el núcleo del debate jurídico.

Imaginó una empresa de transporte autónomo administrada completamente por inteligencia artificial que opera doscientos vehículos sin conductor.

Uno de esos automóviles detecta un peatón cruzando fuera de la senda peatonal. El algoritmo realiza un cálculo de costos determina que frenar implica pérdidas económicas mayores que continuar la marcha. Finalmente decide no detenerse.

El peatón muere.

La Justicia condena posteriormente a la empresa a pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos. Sin embargo, la sociedad posee apenas un patrimonio de un millón. La familia solamente logra cobrar esa suma.

"Nadie más responde."

A partir de ese ejemplo, Berinstain plantea la pregunta central.

"¿Quién responde por el dolo?"

El administrador no manejaba el vehículo. La inteligencia artificial no posee personalidad penal. No existe un representante legal que responda patrimonialmente. Y el proyecto tampoco obliga a contratar seguros que cubran daños a terceros.

"El dolo termina diluyéndose dentro del algoritmo."

 
Responsabilidad limitada y menor protección para los damnificados

El especialista sostiene que el proyecto rompe uno de los principios históricos del derecho comercial. Hasta ahora, detrás de cada empresa existían personas físicas o jurídicas claramente identificables que podían responder por determinadas conductas.

Con el nuevo esquema, advierte, podría construirse una estructura donde la empresa continúe operando, obtenga enormes beneficios económicos y, al mismo tiempo, limite severamente su responsabilidad patrimonial frente a terceros.

Eso, según su análisis, genera una enorme incertidumbre para consumidores, trabajadores, proveedores e incluso para el propio Estado.

 
El argumento oficial: atraer inversiones tecnológicas

Mariano Beristain reconoce que el Gobierno presenta otra interpretación del proyecto. Desde la administración nacional y desde distintos estudios jurídicos ligados al sector empresario sostienen que la reforma permitiría reducir burocracia, simplificar trámites y facilitar la creación de nuevas empresas.

El objetivo declarado sería atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas internacionales interesadas en desarrollar negocios vinculados con inteligencia artificial.

Entre ellas menciona empresas como Google, Microsoft y Anthropic. La idea oficial parte de que un marco regulatorio más flexible favorecería el desembarco de esas inversiones.

Sin embargo, el periodista considera que detrás de esa simplificación aparecen interrogantes mucho más profundos vinculados al control público.

 
Europa avanza hacia mayores controles

Para explicar esas diferencias regulatorias, Berinstain compara la iniciativa argentina con la normativa recientemente aprobada por la Unión Europea. Mientras el proyecto argentino flexibiliza controles, Europa desarrolló uno de los sistemas regulatorios más exigentes del mundo.

La legislación europea clasifica las inteligencias artificiales según el nivel de riesgo que representan.

Los sistemas considerados de alto riesgo deben cumplir requisitos estrictos relacionados con seguridad, transparencia, derechos laborales, protección ambiental y ausencia de discriminación.

Además, la normativa europea establece un principio fundamental: "la inteligencia artificial siempre debe estar supervisada por personas." Es decir, nunca reemplaza completamente la responsabilidad humana.

 
Menos Estado y más autorregulación

Según el analista, el espíritu del proyecto argentino avanza exactamente en sentido contrario. Las controversias entre socios tenderían a resolverse en jurisdicciones extranjeras.

La intervención estatal disminuiría considerablemente. Y los conflictos derivados del funcionamiento de modelos de inteligencia artificial quedarían crecientemente fuera del control público.

Desde su mirada, eso fortalece la posición de las grandes compañías tecnológicas: "las grandes empresas tienen el control de la información, establecen las reglas del juego mediante los algoritmos y seleccionan los datos con los que esos modelos toman decisiones."

En consecuencia, advierte, la relación entre empresas, Estado y ciudadanía podría volverse mucho más desigual.

 
Una discusión que recién comienza

Para Mariano, el verdadero debate no consiste en estar a favor o en contra de la inteligencia artificial.

La tecnología continuará avanzando.

El problema aparece cuando la innovación deja de estar acompañada por mecanismos claros de responsabilidad jurídica. La pregunta, sostiene, sigue abierta.

¿Cómo compatibilizar el desarrollo tecnológico con la protección de trabajadores, consumidores, usuarios y ciudadanos?

Porque si una inteligencia artificial puede administrar una empresa, tomar decisiones económicas e incluso provocar daños, la sociedad también necesita saber quién responderá cuando esas decisiones tengan consecuencias concretas sobre la vida de las personas.

Fuente: Entrevista exclusiva de Revista Vértices a Mariano Beristain, periodista y analista.