La audiencia pública de EDET expuso un modelo que perjudica a los usuarios tucumanos

Un diseño tarifario rígido que desalienta el ahorro

El 5 de enero se realizó la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral de la distribuidora EDET, un plan quinquenal para el período 2026–2030 organizado por el ente regulador provincial. En ese ámbito participaron actores de la sociedad civil y usuarios, con alrededor de cuarenta inscriptos, entre ellos la Unión de Usuarios y Consumidores.

Desde esa representación, se cuestionó el armado del cuadro tarifario por presentar “fallas de la ingeniería en el diseño de las tarifas”, señalando que se trata de un esquema “inelástico”. El problema central radica en que los usuarios son categorizados según un promedio anual de consumo, lo que los ubica en determinadas franjas con cargos fijos elevados.

Según se explicó, una vez que el usuario ingresa en una categoría, “es imposible volver hacia atrás”, ya que cualquier esfuerzo de ahorro energético “no se ve reflejado en la factura sino hasta después de un año”. En la práctica, este diseño castiga el consumo responsable y elimina incentivos reales para reducir la demanda eléctrica.

 
Tarifa social mal asignada y obras concentradas

Otro de los puntos críticos fue la situación de la tarifa social eléctrica en Tucumán. Durante la exposición se reclamó “un reempadronamiento exhaustivo”, al advertirse numerosos casos en los que personas y familias de alto poder adquisitivo acceden al beneficio de manera indebida.

Esta distorsión genera un doble perjuicio. Por un lado, implica un uso incorrecto de un recurso destinado a los sectores vulnerables. Por otro, excluye a quienes realmente lo necesitan, profundizando desigualdades en el acceso a un servicio esencial.

En relación con el plan de inversiones, se cuestionó su orientación excesivamente concentrada en el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, que “ya está cubierta”. En contraposición, se reclamó una fuerte presencia de obras en el interior provincial, con especial énfasis en el departamento Burruyacu, que comprende diez comunas y un municipio cabecera y no dispone siquiera de oficinas de atención al usuario.

 
Sin participación real no hay control efectivo

Como cierre de la intervención, se destacó una demanda estructural que atraviesa toda la política tarifaria. Se solicitó la creación de un Consejo de Usuarios dentro del ente regulador, integrado por las asociaciones de defensa del consumidor debidamente inscriptas.

La propuesta apunta a establecer “una mesa de diálogo permanente” que permita un seguimiento continuo de las decisiones regulatorias. Para el entrevistado, este espacio no solo fortalecería la participación ciudadana, sino que también legitimaría la tarea del ente regulador, hoy percibido como distante de la realidad cotidiana de los usuarios.

En un contexto de aumentos sostenidos y tarifas cada vez más complejas, la intervención dejó en claro que la discusión no es meramente técnica. Se trata, en última instancia, de cómo se distribuyen los costos de un servicio esencial y de si el sistema energético provincial se organiza en función del interés público o de criterios que terminan perjudicando a quienes dependen del servicio para vivir y trabajar.

 
Fuente: Entrevista a Miguel Ángel Paz, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores – Filial NOA, en el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral de EDET, Tucumán, enero de 2026.