La Defensoría mostró lo que muchos vecinos ya no pueden sostener

Una radiografía social más que un balance

La presentación del informe anual de la Auditoría General y Defensoría del Pueblo tuvo la formalidad de una rendición institucional, pero su contenido mostró algo más profundo. Los más de 4.200 vecinos atendidos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no representan solo volumen de trabajo. Expresan el crecimiento de una demanda social cada vez más compleja y más urgente.

Lo que quedó expuesto en el recinto fue que la Defensoría empezó a funcionar como el lugar donde terminan cayendo problemas que antes encontraban otras respuestas. Cuando un vecino llega por luz, gas, agua, deuda, alquiler, salud o discapacidad, lo que aparece no es un trámite aislado, sino una red de fallas previas que ya no encuentra contención suficiente en otros niveles del Estado o en el sector privado.

Servicios públicos en el centro del malestar

El punto más crítico del informe está en los servicios públicos estatales, con 885 casos registrados. Allí se concentran reclamos por segmentación energética, EPEC, ECOGAS, impresión de boletas, cambios de titularidad y problemas con el acceso o sostenimiento de servicios esenciales.

Dentro de ese cuadro, uno de los datos más duros es el de las multas de EPEC por presuntas irregularidades en medidores, con montos que van de un millón a catorce millones de pesos. La Defensoría advierte que esas sanciones terminan siendo expulsivas para familias que ya no logran sostener sus gastos básicos.

En el caso del agua, el informe también deja una definición fuerte. La llamada “restricción” del servicio funciona, en los hechos, como un corte real, porque un hilo mínimo de agua no permite el uso efectivo de un recurso vital. Ahí ya no se discute solo una deuda, sino el acceso concreto a un derecho básico.

Deudas, crédito y estafas

Otro de los grandes núcleos del informe está en los servicios financieros y las estafas, que en conjunto suman 568 casos. Lo que se describe no es solamente un problema bancario. Es una situación social donde muchas familias toman crédito para comprar alimentos, remedios o pagar servicios, quedando atrapadas en una rueda de intereses, refinanciaciones y cobros abusivos.

El Banco de Córdoba aparece como la entidad con mayor cantidad de reclamos, con problemas vinculados a cobros indebidos, consumos desconocidos, dificultades con el stop debit y otros mecanismos poco claros. La preocupación no es menor, porque se trata de una institución central en la vida financiera de gran parte de la ciudadanía cordobesa.

A eso se suma el crecimiento de las estafas digitales. El informe sostiene que muchas víctimas no solo pierden dinero o quedan endeudadas con créditos fraudulentos, sino que además son revictimizadas cuando las entidades financieras rechazan sus reclamos. La sensación que deja este apartado es clara. En un escenario cada vez más digital, la protección llega tarde y la respuesta judicial no acompaña la magnitud del problema.

Alquileres, salud y discapacidad

Los alquileres aparecen como otro foco rojo, con 420 casos. Allí la Defensoría detecta cláusulas abusivas, cobros indebidos, conflictos por expensas, multas usurarias y exigencias impropias al finalizar los contratos. El problema de fondo es evidente. Lo que está en juego no es solo un vínculo comercial, sino la estabilidad cotidiana de quienes alquilan para vivir.

En obras sociales, con 407 casos, el panorama también es delicado. APROSS y PAMI concentran gran parte de los reclamos, sobre todo por demoras, falta de cobertura y dificultades para acceder a prestaciones complejas o geriátricas. Muchas veces no hay una negativa abierta, pero sí una espera que en los hechos termina siendo una forma de incumplimiento.

El capítulo de discapacidad, aunque menor en cantidad, es de los más sensibles. El informe habla de pensiones caídas, falta de prestaciones, problemas con pasajes, certificados que no se renuevan y ausencia de respuestas por parte de áreas nacionales. Allí aparece una de las expresiones más duras de la desprotección que denuncia el documento.

Una Defensoría que absorbe lo que otros ya no resuelven

El informe también muestra problemas en rentas, ANSES, defensa del consumidor y accesibilidad territorial. En todos esos campos se repite un patrón. Vecinos que no entienden sus deudas, no pueden hacer trámites digitales, no encuentran oficinas activas o necesitan mediación para ejercer derechos que deberían estar más garantizados.

En ese marco, la Defensoría aparece como una institución de cercanía que intenta absorber conflictos muy diversos y cada vez más estructurales. Ese es, quizás, el dato político más importante de toda la presentación. La oficina no crece solo por iniciativa propia. Crece porque otras respuestas se reducen, se demoran o desaparecen.

El informe de Sachetto dejó una conclusión difícil de esquivar. La crisis en Villa María no se ve solo en los indicadores económicos. También se ve en las ventanillas donde la gente va a pedir ayuda. Y cuando miles de vecinos llegan a la misma institución buscando orientación, alivio o defensa, lo que está hablando no es solo una oficina pública. Está hablando el estado situación real de la ciudad atravesa por los denominados exesos de libertad y faltas de presencias de gestión en otros niveles.

Fuente: Informe de gestión de la Auditoría General y Defensoría del Pueblo de Villa María presentado ante el Concejo Deliberante, y parte de prensa institucional. En exclusiva para Revista Vértices.