La desaceleración de los precios no alcanza para recomponer el consumo

La desaceleración inflacionaria todavía no llega al bolsillo

La inflación registrada en junio fue de 1,9%, la más baja de los últimos once meses. La inflación acumulada del primer semestre alcanzó 16,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,1%.

A simple vista, podría interpretarse como una señal positiva. Sin embargo, el propio informe advierte que "la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los ingresos reales" y que "la desaceleración de los precios aún no se traduce en una recuperación efectiva de los indicadores sociales ni del consumo de los hogares".

Desde la perspectiva de la defensa del consumidor, este aspecto resulta central. Una inflación menor no garantiza mejores condiciones de vida cuando los ingresos continúan rezagados respecto del costo de vivir. La estabilidad nominal pierde sentido si millones de familias siguen resignando consumos esenciales.

La pobreza se mide cada vez más por la imposibilidad de consumir

Durante junio, la Canasta Básica Total para un hogar tipo ascendió a $1.957.700, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $1.070.289. Estas cifras no representan solamente umbrales estadísticos de pobreza e indigencia. Expresan el costo mínimo necesario para ejercer derechos básicos.

Cuando el ingreso familiar no logra alcanzar esos valores, el problema deja de ser exclusivamente económico para convertirse en una restricción concreta del acceso al consumo.

Para la economía social este fenómeno también resulta preocupante. Cuanto mayor es la distancia entre ingresos y necesidades básicas, menor es la circulación del dinero dentro de las economías locales, debilitando cooperativas, pequeños comercios y emprendimientos regionales.

 
Comer dejó de depender del salario

Uno de los indicadores más preocupantes del informe señala que el 56,6% de los hogares cordobeses no logró acceder plenamente a la Canasta Básica Alimentaria. Pero el dato adquiere una dimensión aún más profunda cuando se observa cómo lograron alimentarse quienes sí pudieron hacerlo.

Del total de esos hogares, apenas el 28,8% accedió utilizando exclusivamente recursos propios, mientras que el 71,2% necesitó asistencia estatal mediante programas sociales.

Desde una mirada centrada en los derechos de consumidores y usuarios, este dato revela que el acceso a la alimentación ya no depende mayoritariamente de la capacidad económica de las familias, sino de mecanismos extraordinarios de compensación.

Cuando el mercado deja de garantizar el acceso a bienes esenciales, la desigualdad deja de ser una cuestión de ingresos y pasa a comprometer derechos fundamentales.

 
La inseguridad alimentaria se consolida como un fenómeno estructural

Los indicadores sociales muestran que las dificultades alimentarias dejaron de ser situaciones excepcionales.

Durante junio:

• 11,4% de los hogares redujo su alimentación a una sola comida diaria o atravesó episodios de hambre.
• 21,6% debió pedir alimentos o dinero.
• 21,8% se quedó sin comida en algún momento del mes.
• 32,4% sintió hambre pero no pudo comer.
• 53,2% eliminó alguna comida diaria, principalmente la cena.

Estos números describen algo más profundo que una coyuntura económica.

Desde la defensa del consumidor representan una pérdida efectiva del derecho al acceso suficiente, regular y digno a la alimentación. No se trata únicamente de cuánto aumentan los alimentos, sino de cuántas familias dejaron de poder consumirlos.

 
El crédito ya no sirve para mejorar: sirve para sobrevivir

El dato que mejor sintetiza la situación económica aparece en las formas de financiamiento. Durante junio, el 89% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos.

De ellos:

• 39,3% compró al fiado.
• 38,4% utilizó tarjetas de crédito.
• 11,2% recurrió a dinero prestado.

Solo el 10,1% pudo comprar alimentos sin financiamiento.

Aquí aparece uno de los cambios estructurales más importantes de los últimos años. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida, adquirir bienes durables o realizar proyectos familiares.

Hoy el crédito funciona como un mecanismo de supervivencia cotidiana.

Desde la perspectiva consumeril esto constituye una de las mayores asimetrías del sistema económico: las familias deben endeudarse para ejercer uno de los derechos más básicos, como alimentarse.

 
Cuando el consumidor se endeuda, también se endeuda el comercio de barrio
El informe incorpora un dato especialmente relevante para la economía social.

El tradicional sistema del "fiado", que históricamente sostuvo la relación de confianza entre comerciantes y vecinos, comienza a mostrar signos de agotamiento.

Actualmente presenta una morosidad del 28% y una incobrabilidad del 17,7%.

Esto significa que el problema ya no afecta únicamente a quienes compran.

También compromete la sostenibilidad financiera de almacenes, autoservicios y pequeños comercios que cumplen un rol estratégico dentro de las economías regionales.

La economía social absorbe parte del costo de la crisis financiando alimentos a sus propios vecinos, mientras asume riesgos crecientes que ponen en peligro su continuidad.

 
Menos consumo, más fragilidad para las pymes

Durante junio, el comercio minorista de alimentos registró una caída interanual del 8,6% en volumen.

La reducción del consumo no solo afecta a las familias.

También golpea directamente a las pymes, cooperativas y comercios de proximidad que dependen del mercado interno.

El informe advierte que la combinación entre menores ventas, aumento de la morosidad, mayores costos financieros y pérdida patrimonial coloca a numerosos establecimientos en una situación de elevada vulnerabilidad económica.

Desde la perspectiva de la economía social, este proceso rompe los circuitos virtuosos del desarrollo regional.

Cuando las familias consumen menos, las pymes venden menos; cuando las pymes venden menos, disminuye el empleo; y cuando cae el empleo, vuelve a deteriorarse el consumo.

Es un círculo que profundiza las desigualdades territoriales.

 
La recuperación económica todavía no llegó a la economía real
Quizás la principal conclusión del informe sea la que el propio IETSE resume en sus consideraciones finales.

"La desaceleración inflacionaria todavía no se traduce en una recuperación efectiva del bienestar de los hogares ni de la actividad económica."

La defensa de consumidores y usuarios no puede limitarse al seguimiento del índice de inflación. Debe preguntarse si las familias pueden acceder a alimentos sin endeudarse, si el salario vuelve a garantizar derechos básicos y si el comercio local puede sostener su actividad sin convertirse en financiador de la emergencia social.

Mientras el crédito siga siendo utilizado para comprar comida, mientras la asistencia estatal continúe reemplazando ingresos genuinos y mientras los pequeños comercios deban absorber parte del costo de esa crisis, la desaceleración inflacionaria será apenas una condición necesaria, pero claramente insuficiente para reconstruir una economía centrada en las personas.

 
Fuente: Informe Económico y Social – Junio 2026, elaborado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) para el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba.  [Leer aquí]