La inflación baja en el papel, pero el consumidor come endeudado y con hambre

Un piso inflacionario que no cede

El Instituto señala que, aunque “resulta necesario y urgente la actualización metodológica”, el problema central es que “los niveles de inflación persisten por encima del 2% mensual más cercanos al 3% consolidando un piso de inflación estructural”.

Ese piso no es neutro para el consumidor. Impacta directamente en bienes esenciales. El rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue “el principal motor inflacionario del mes” con 4,2% mensual. Entre las subas más fuertes se destacan carne vacuna 19%, aceites 8%, lácteos 7% y frutas y verduras 6%.

Desde una perspectiva de defensa del consumidor, cuando los alimentos lideran la inflación se reduce el margen real de elección. El salario pierde poder antes de cubrir necesidades básicas, y el ajuste se descarga sobre el plato familiar.

 
Pobreza e indigencia en cifras concretas

El informe estima para febrero 2026 “la línea de pobreza para una familia tipo” en $ 1.770.383 y “la línea de indigencia” en $ 973.373.

Pero el dato que refleja con mayor crudeza el deterioro social es que “57% de hogares no cubrió la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria”. Y aun entre quienes sí la cubrieron, “71,4% requirió asistencia estatal”.

La inseguridad alimentaria ya no es marginal. El relevamiento muestra que 11,3% redujo su ingesta diaria a una sola comida o dejó de comer todo un día, 31,5% reportó hambre no satisfecho y 52,3% redujo comidas, priorizando eliminar cenas.

En términos de derechos del consumidor, esto implica una vulneración estructural del acceso a bienes esenciales, donde el mercado no garantiza cobertura mínima y el Estado debe intervenir para equilibrar.

 
La comida se paga con deuda

Uno de los indicadores más preocupantes es el financiamiento de alimentos. “El 87,8% financió alimentos mediante crédito, fiado o préstamos”. La encuesta específica sobre modalidad de compra muestra un 88,1% de hogares que debieron financiar alimentos durante febrero.

Esto cambia la naturaleza del consumo. Comer deja de ser una transacción directa para convertirse en una obligación financiera. El consumidor no solo paga el precio del producto, sino que asume intereses, recargos o dependencia de terceros.

Desde la óptica de defensa del consumidor, el endeudamiento para acceder a alimentos básicos representa un traslado silencioso del ajuste hacia los hogares.

 
Menos consumo y más presión sobre el ingreso

El comercio minorista de alimentos mostró una contracción interanual de volumen del -8,4%. El propio informe señala que “el aumento de precios supera con creces cualquier recuperación de ingresos reales o expectativas de consumo”.

Esto significa que el consumidor compra menos en cantidad y calidad, aun cuando el gasto nominal sea mayor. La combinación de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo debilita el mercado interno y recorta derechos materiales.

 
Qué debería priorizarse desde la política pública

El informe concluye que “el diseño de políticas públicas deberá compatibilizar estabilización macroeconómica y medidas que frenen la erosión del poder adquisitivo, promuevan la recuperación del ingreso real y favorezcan el dinamismo del mercado interno y el tejido social”.

Leído desde la defensa del consumidor, esto exige

-protección efectiva frente a aumentos en bienes esenciales

-recomposición de ingresos reales

-control de prácticas comerciales abusivas

y políticas activas que eviten que el acceso a alimentos dependa del crédito.
En un escenario donde la inflación persiste y la canasta básica se vuelve inaccesible para más de la mitad de los hogares, el eje ya no es estadístico. Es social, es consumeril y es estructural.

 
Fuente: Informe Económico y Social – Febrero 2026, IETSE – Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas.