Las implicancias políticas de la adhesión de Villa María al RIGI

El 22 de mayo de este año el concejo deliberante aprobó la ordenanza Nº 8315 que determina la adhesión de Villa María al Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). El proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei y redactado por los estudios de abogados de las grandes corporaciones (puntualmente Marval, O'Farrell & Mairal) tuvo aceptación unánime por parte de las diferentes fuerzas políticas que componen el concejo deliberante de nuestra ciudad.

¿A quién beneficia el RIGI?

Los beneficios fiscales y regulatorios del RIGI reducen fuertemente el costo de financiamiento de las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales que cumplen con el requisito de inversión mínima para aplicar al régimen, por ejemplo, el pago de un 25% de impuesto a las ganancias (mientras que el tope en el régimen general es del 35%), además de que pueden computar el 100% del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta de dicho gravamen (las pymes argentina sólo pueden hacerlo de manera parcial), exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos e insumos destinados al proyecto, entre otros beneficios (mientras las pymes y ciudadanos argentinos pagamos para importar insumos desde el exterior).

Otro dato relevante para entender las motivaciones del RIGI son los sectores a los que apunta, Forestoindustria, Turismo, Infraestructura, Minería, Tecnología, Siderurgia, Energía, Agroindustria, e hidrocarburos, es decir, mayoritariamente actividades extractivas de escaso valor agregado. Estos proyectos van a poder importar insumos y herramientas sin pagar derechos de importación, van producir pagando menos impuestos que una Pyme promedio y exportar sin pagar derechos de exportación.

El RIGI es, en resumen, un saqueo a los argentinos propuesto por el gobierno nacional y los bufetes de abogados de las grandes corporaciones, legalizado por el congreso de la nación y legitimado por amplios sectores de la política, entre los cuales se encuentran los gobiernos de Martin Llaryora y de Eduardo Acastello.

¿A quiénes representan nuestros representantes?

El ejecutivo municipal, a cargo de Eduardo Acastello, propuso y logró aprobar la adhesión de nuestra ciudad al RIGI, protegiendo a las empresas que se asienten bajo este régimen de futuros aumentos de impuestos municipales y la creación de nuevos tributos locales durante 30 años. Además, la misma ordenanza (Nº8315), en su artículo Nº5, invita (si, ese es el verbo utilizado por la norma) “a los titulares de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) beneficiados por la presente Ordenanza a privilegiar, en la medida que resulte compatible con sus planes de negocio y los estándares técnicos requeridos por cada proyecto, la contratación de trabajadores y la adquisición de bienes, insumos y servicios provenientes de la ciudad de Villa María.”

Es decir, el municipio exime de aumentos y nuevos gravámenes a empresas que necesitan una inversión mínima (200 millones de dólares) que casi triplica el presupuesto anual de la municipalidad (unos 73 millones de dólares), y además le invita, si lo cree conveniente o si tiene la bondad, a contratar al menos a algún trabajador o proveedor de nuestra ciudad. Insólito.

Rápidamente, los y las concejales de la oposición salieron a bancar la iniciativa del ejecutivo, pues, al menos, Manuel Sosa (Uniendo Villa María), Felipe Botta (UCR) y Pablo Perret (Frente Cívico) se están disputando el electorado y las banderas ideológicas de Javier Milei con vistas a las elecciones del próximo año.

En resumen, todo el arco político con representación institucional de nuestra ciudad está ordenado bajo los mismos dictámenes e intereses, los de las grandes corporaciones extractivistas.

Para quienes militamos en el campo nacional y popular, debe ser una preocupación el alineamiento del gobierno municipal de Eduardo Acastello con algunas de las políticas de Javier Milei, su apoyo a un plan económico que aumenta y fortalece los ingresos del 1% más rico de la población, que abona la extranjerización de la economía y que profundiza de un sistema impositivo regresivo.

Columna de opinión
Escribe: Lic. Santiago Altamirano, Coordinador de Patria Grande Villa María.