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Lucía Díaz Achával, una abanderada en defensa de la universidad pública: "Siento una responsabilidad doble"

Llegó desde Santiago del Estero a Córdoba en 2021, comenzó su carrera en plena pandemia y hoy es abanderada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, tras obtener el mejor promedio de su promoción. Para Lucía Díaz Achával, ese reconocimiento no representa solamente un logro académico: "Siento una responsabilidad doble", afirma al vincular la distinción con el compromiso de defender la universidad pública, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que las próximas generaciones también puedan acceder a una educación gratuita y de calidad.

De Santiago del Estero a la Universidad Nacional de Córdoba

Nació en Santiago del Estero capital y en 2021, todavía en plena pandemia, se mudó a Córdoba para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Su primer año fue íntegramente virtual, un contexto excepcional que marcó sus primeros pasos en la vida académica.

Casi seis años después de esa llegada, se convirtió en abanderada de la Facultad de Derecho por haber alcanzado el mejor promedio de su promoción. A esa trayectoria académica suma una participación activa dentro de la universidad: milita en Juntos por Derecho, espacio de la regional Sean Eternos, y se desempeña como consejera directiva de la Facultad.

Un reconocimiento que excede lo individual

Recibir la bandera nacional fue, según cuenta, uno de los momentos más importantes de su vida. "Creo que recibir la bandera de la Nación ha significado para mí el honor y el orgullo más grande de mi vida", dice. Recuerda el auditorio completo, el himno: "La verdad que ha sido indescriptiblemente emocionante".

Pero enseguida introduce una idea que atraviesa toda su mirada sobre la universidad: el logro académico nunca es exclusivamente individual. "Yo siempre digo que la excelencia académica también es producto de una construcción colectiva", sostiene. Reconoce el mérito propio, pero suma el trabajo de docentes, no docentes, autoridades, compañeros, amigos y familiares que sostienen cada trayectoria universitaria —y también a "el pueblo argentino", cuyo esfuerzo, dice, permite que la universidad pública exista.

"Siento una responsabilidad doble"

Ser abanderada tiene, en el contexto actual de las universidades nacionales, un significado particular. "Siento en un contexto así una responsabilidad doble", explica. Por un lado, el orgullo de representar a sus compañeros desde la excelencia académica; por el otro, la obligación de ser "una voz activa en la defensa de esa universidad que te lo ha dado todo".

Para la abanderada, destacarse en una universidad pública no es solo acumular buenas calificaciones: genera una obligación con la sociedad. "Después te exige poner todo eso que has aprendido al servicio de la comunidad", dice. Defender la universidad pública implica, desde su mirada, garantizar que otras personas tengan en el futuro las mismas oportunidades que ella encontró.

Derecho y política como dimensiones que se complementan

Su militancia no aparece separada de la carrera elegida. "Para mí la política y el Derecho son dos dimensiones que se retroalimentan todo el tiempo", define. Cree que ambas pueden nacer de un mismo impulso: no quedarse indiferente ante una injusticia. "La política de alguna manera implica una vocación de transformar la realidad y el Derecho es una herramienta técnica, una herramienta institucional, para lograr que esa transformación sea viable, sea justa, sea duradera", explica.

Por eso rechaza una formación jurídica desconectada de lo que pasa fuera de los libros: "No me imagino estudiando Derecho de manera aislada, encerrada en mi casa leyendo los libros, sin involucrarme con lo que pasa en las aulas, con lo que pasa en los pasillos de la facultad o con lo que pasa en la sociedad". Hacerlo, considera, sería "vaciar de sentido la propia carrera".

La abogada como puente para hacer valer derechos

La militancia también cambió su idea sobre el ejercicio profesional. Para la estudiante, el rol de una futura abogada debe ser "ser un puente para que la gente pueda hacer valer sus derechos", y un instrumento capaz de proteger a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La formación jurídica, explica, permite dejar de pensar las instituciones y las leyes como algo lejano o abstracto: se vuelven herramientas concretas para organizar la convivencia y transformar conquistas sociales en derechos que perduren. "Todas las conquistas sociales, todos los avances que se logran a través del compromiso político necesitan de alguna manera plasmarse en derechos concretos, plasmarse en instituciones sólidas para que perduren", afirma.

Una autocrítica a la política tradicional

Uno de los tramos más filosos aparece cuando habla del vínculo entre la dirigencia política y las nuevas generaciones. Cree que hay una autocrítica pendiente: haber dejado de escuchar de verdad a los jóvenes y al ciudadano común, atrapados en internas, disputas dirigenciales y discusiones alejadas de las preocupaciones cotidianas.

"Cuando la política se habla a sí misma", dice, deja de ocuparse de problemas concretos como el costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para sostener una carrera universitaria. Para los estudiantes, esas preocupaciones tienen nombres muy concretos: apuntes, transporte, alquiler, futuro laboral.

"Dejar de lado internas absurdas"

La crítica se vuelve más fuerte cuando la relaciona con la vida universitaria cotidiana. "Pareciera que hay algunos dirigentes que están mirando para otro lado o que no terminan de dimensionar lo difícil que se le hace a un universitario sostener la cursada, llegar a fin de mes", plantea. A eso suma algo que observa cada vez más seguido: muchos estudiantes no solo estudian, también trabajan. Por eso propone "dejar de lado internas absurdas y empezar a escuchar verdaderamente a los jóvenes, en este caso los estudiantes".

Estudiar y trabajar al mismo tiempo

Observa esas dificultades en una Facultad de Derecho masiva, donde conviven realidades sociales muy distintas. Conoció estudiantes que podían sostener cierto ritmo académico y que, con el agravamiento de la situación económica, tuvieron que empezar a trabajar: retrasos en las materias, menos tiempo para estudiar y, en algunos casos, decisiones más drásticas. "Otros directamente tienen que dejar o poner en pausa la carrera porque no te da el tiempo", relata. También conoce, a través del entorno universitario de su hermana, casos de estudiantes de otras provincias que tuvieron que volver a sus lugares de origen porque ya no podían pagar el alquiler en Córdoba.

El desfinanciamiento también atraviesa a los docentes

Las consecuencias no terminan en los estudiantes. "Todo el desfinanciamiento se vive todos los días", sostiene, describiendo una precarización salarial que alcanza a docentes y no docentes. Según su experiencia, profesores con trayectorias importantes empezaron a reducir horas o directamente a irse porque los ingresos dejaron de ser compatibles con la dedicación que exige la actividad académica. "La facultad ha empezado a perder no solamente estudiantes sino también docentes valiosos o actividades académicas que ya no se pueden seguir financiando", advierte.

La universidad como motor social

Cuando piensa el país que le gustaría ayudar a construir desde el Derecho, vuelve a la educación: una Argentina "más justa, más inclusiva, más solidaria, con oportunidades para todos". Y pone en el centro una idea histórica, la movilidad social ascendente: "Quisiera defender esa Argentina de la movilidad social ascendente, ese país donde el hijo de un obrero pueda seguir soñando con estudiar una carrera universitaria y formarse como profesional".

1949 y la gratuidad como decisión política

También conecta esa idea con la eliminación de los aranceles universitarios en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Desde su lectura, aquello fue mucho más que sacar un costo de acceso: una decisión para integrar la universidad a un proyecto de industrialización, producción e inclusión social. La transformación central, dice, fue empezar a pensar la universidad "ya no como un privilegio de algunos sectores, sino como un derecho de todos".

Militancia e identidad dentro de la Facultad

Ser abanderada convive con una identidad política explícita. Reconoce que no es habitual sostener al mismo tiempo ese lugar académico y una militancia activa, identificada públicamente con el peronismo. "Sé que es algo que llama mucho la atención", admite. Sin embargo, cuenta que no vivió situaciones ofensivas en la Facultad y que pudo expresarse con libertad incluso en instancias institucionales relevantes: durante el acto de entrega de diplomas del cuadro de honor dio un discurso desde sus propias convicciones, con buena recepción. "Obviamente tenía mis tintes peronistas y estaba marcado por mi ideología", reconoce, destacando el respeto que recibió de la comunidad académica.

Una bandera que proyecta hacia el futuro

Todavía no definió su especialización profesional ni qué lugar ocupará una vez recibida. Lo que sí tiene claro es el horizonte desde el que quiere ejercer. "Llevar la bandera nacional de la Facultad de Derecho es un orgullo gigante y también conlleva un compromiso de por vida", afirma —un compromiso atravesado por todo su recorrido: migrar desde otra provincia, empezar en pandemia, sacar el mejor promedio, militar dentro de la universidad y terminar representando a sus compañeros.

 
Fuente: entrevista exclusiva realizada por Revista Vértices a Lucía Díaz Achával, abanderada, estudiante y consejera directiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

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