Menos inflación de arrastre, más desigualdad de fondo para los consumidores

La baja de la inflación no mejora la situación del consumidor
 

El informe registra para abril de 2026 una inflación mensual de 2,63 por ciento, con una inflación acumulada en el año de 12,1 por ciento y una interanual de 32,1 por ciento. Sin embargo, el propio IETSE advierte que la desaceleración debe interpretarse con cautela, porque en alimentos no responde a una mejora estructural sino a una marcada contracción de la demanda producto del deterioro del poder adquisitivo. Desde la defensa del consumidor, este punto es central. No se está frente a una mejora del mercado para las familias, sino ante consumidores que resignan compras porque ya no pueden sostenerlas.

Las canastas suben y los umbrales de subsistencia se vuelven más lejanos
 

Para un hogar de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total quedó en $1.876.722, mientras la Canasta Básica Alimentaria llegó a $1.029.591. La CBA, además, subió 13,9 por ciento en lo que va de 2026 y 34,5 por ciento en términos interanuales. En clave consumeril, estos datos reflejan una desigualdad cada vez más profunda entre precios y capacidad de ingreso. La asimetría estructural no está solo entre empresas y consumidores, sino entre el costo mínimo para vivir y la posibilidad real de sostenerlo con ingresos corrientes.

El acceso a los alimentos ya no está garantizado por ingresos propios
 

El dato más grave del informe aparece en el acceso a la alimentación. 56,8 por ciento de los hogares no logró cubrir plenamente la Canasta Básica Alimentaria. Entre quienes sí pudieron hacerlo, 71,4 por ciento recurrió a ayuda estatal y solo 28,6 por ciento accedió con recursos propios. Desde una perspectiva de defensa del consumidor, esto muestra que el derecho al consumo básico se está sosteniendo cada vez menos en el ingreso autónomo y cada vez más en mecanismos compensatorios. El mercado deja de funcionar como ámbito de acceso regular para una mayoría creciente y eso profundiza la desigualdad de base.

La inseguridad alimentaria deja de ser marginal y se vuelve estructural
 

La encuesta de hogares del IETSE expone un cuadro crítico. 11,4 por ciento de los hogares redujo su ingesta a una sola comida diaria o dejó de comer todo un día. 21,2 por ciento tuvo que pedir dinero o alimentos. 21,5 por ciento se quedó sin comida en algún momento del mes. 32,1 por ciento sintió hambre pero no comió. Y 52,8 por ciento dejó de hacer alguna comida diaria, en especial la cena. Desde la defensa del consumidor, esto obliga a una lectura más severa. No se trata solo de inflación o pobreza en abstracto. Se trata de consumidores privados de su posibilidad material de ejercer un consumo mínimo, sano y suficiente. La desigualdad ya no es solo distributiva. Es alimentaria, corporal y cotidiana.

El endeudamiento para comer revela una de las peores asimetrías
 

El informe señala que 88 por ciento de los hogares debió financiar alimentos durante abril. 39,6 por ciento compró al fiado, 37,9 por ciento usó tarjeta de crédito y 10,5 por ciento recurrió a dinero prestado. A su vez, el propio documento advierte que ya hay saturación, con tarjetas al límite, aumento de pagos mínimos, morosidad del fiado del 27 por ciento e incobrabilidad del 16,8 por ciento. En términos de defensa del consumidor, este es uno de los núcleos más delicados del análisis. Cuando una familia debe endeudarse para acceder a la comida, la asimetría entre necesidad y capacidad de pago alcanza un nivel crítico. No se financia confort ni consumo suntuario. Se financia subsistencia.

Caída del consumo y daño sobre el comercio de cercanía
 

El IETSE registra una caída interanual del 8,5 por ciento en el volumen del comercio minorista de alimentos. Esto confirma que el consumo real sigue en retroceso. Desde la defensa del consumidor, el problema no termina en la góndola del hogar. También afecta al comercio de proximidad, que pierde ventas, trabaja con márgenes más comprimidos y enfrenta mayores dificultades financieras. Esa retracción debilita la red comercial que abastece a los barrios y empeora las condiciones de acceso territorial, competencia y precios para el consumidor final. Las desigualdades se amplifican así en los dos extremos de la cadena, hogares más frágiles y pequeños comercios más expuestos.

Una metodología amplia que respalda una advertencia seria
 

El informe se apoya en un relevamiento de 133.400 precios sobre 57 productos y 30 rubros, tomado en 2.300 unidades comerciales de toda la provincia, entre almacenes, autoservicios, supermercados e hipermercados. Además, para estimar la Canasta Básica Total utiliza una encuesta de hogares de 2.500 casos distribuidos en distintos sectores socioeconómicos de Córdoba. Esto le da solidez a una conclusión central desde la perspectiva consumeril. La desaceleración inflacionaria no expresa equilibrio ni recuperación. Expresa una economía donde la contención de precios relativos convive con una profundización de la desigualdad y con consumidores cada vez más debilitados frente a las condiciones reales del mercado.

La defensa del consumidor exige mirar la estructura, no solo el índice
 

El punto de fondo que deja este trabajo es claro. La discusión no puede agotarse en si la inflación bajó algunas décimas. Desde la defensa del consumidor, lo relevante es si los hogares pueden acceder a la canasta básica, si comen sin endeudarse, si sostienen consumos esenciales con ingresos propios y si el comercio barrial puede seguir funcionando sin expulsar demanda. El informe muestra exactamente lo contrario. Menos capacidad de compra, más dependencia estatal, más financiamiento para alimentos, más carencias y más fragilidad. Es decir, una profundización de las asimetrías estructurales y de las desigualdades sociales detrás de una aparente calma nominal.

Fuente: Leer el informe [Aquí] Informe Económico y Social Abril 2026 del IETSE, elaborado para el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba.