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Patrimonio nacional, recursos estratégicos y mercado interno

Ernesto Giacomini planteó la necesidad de mirar más allá de la agenda política inmediata y poner el foco en una serie de iniciativas que, según su análisis, pueden modificar de manera profunda el control sobre tierras, recursos naturales, inversiones estratégicas y capacidad de decisión económica. En su intervención, advirtió sobre la articulación entre distintos proyectos y leyes vinculados al RIGI, la propiedad de la tierra, la actividad minera y energética, y el impacto que estas medidas pueden tener sobre las cuentas públicas y el mercado interno.

Mirar más allá de la agenda inmediata


“Hay una pregunta que no se puede evitar si realmente queremos enfocarnos en lo que está sucediendo de fondo en nuestro país”, planteó Ernesto Giacomini al comienzo de su intervención.

 

El interrogante fue directo: “¿Qué está pasando en Argentina mientras hablamos de Adorni?”.

 

Para Giacomini, el seguimiento mediático y político del derrotero del exvocero presidencial, particularmente alrededor de los cuestionamientos sobre el incremento de su patrimonio, termina desplazando del centro de la discusión otros procesos que considera mucho más profundos.

 

“Aunque te suene paradójico, el derrotero del exvocero presidencial, ante su imposibilidad de justificar el aumento de su riqueza, hoy le sigue haciendo un favor al Gobierno”, afirmó.

 

Según su mirada, al ocupar “el centro de la agenda mediática y política”, el caso termina tapando “una serie de medidas muy gravosas para el futuro del país que están ocurriendo en paralelo”.

 

Un conjunto de normas que se conectan entre sí


Giacomini sostuvo que durante estos meses el Gobierno trabaja para avanzar en el Parlamento con nuevas iniciativas vinculadas al patrimonio nacional.

 

Entre ellas mencionó “la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada y el Super RIGI”, que, de aprobarse, se sumarían a un dispositivo normativo ya existente y favorable, según su análisis, a las grandes corporaciones extranjeras.

 

El dirigente señaló que este entramado “viene diseñando Milei, Caputo y Sturzenegger”, con acompañamiento de distintos sectores legislativos.

 

En su intervención vinculó estas iniciativas con otras medidas ya aprobadas. Mencionó “la ley de glaciares”, “un neocolonial RIGI”, “una contrarreforma laboral” y “la Ley Bases de desregulación económica”.

 

Para Giacomini, “todas esas medidas se vinculan entre sí” y forman parte de una misma orientación económica y productiva.

 

Tierra, recursos naturales y soberanía


Uno de los puntos centrales del análisis estuvo puesto en el acceso a tierras estratégicas.

 

Giacomini afirmó que, “con la pantallita de la propiedad privada”, el Gobierno pretende eliminar restricciones vigentes desde 2011 para que grandes capitales extranjeros puedan adquirir una mayor cantidad de tierras estratégicas del territorio nacional.

 

La preocupación se relaciona con los recursos que se encuentran en esas zonas. “Imaginate que las tierras codiciadas concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos”, señaló.

 

La discusión sobre la propiedad de la tierra aparece así vinculada a un debate más amplio sobre soberanía económica, control de recursos naturales y planificación del desarrollo.

 

No se trata únicamente de quién figura como propietario de una extensión territorial, sino de quién controla el acceso a bienes esenciales y estratégicos para las próximas décadas.

 

El vínculo con las inversiones energéticas y mineras


Giacomini conectó esta discusión con el RIGI y con las condiciones previstas para grandes inversiones energéticas y mineras.

 

“Si a esto le sumamos los beneficios del RIGI, que beneficia a las energéticas y mineras, la ley de glaciares, que habilita la contaminación del área periglaciar, y lo que implicaría la aprobación del Super RIGI, un RIGI recargado para las tecnológicas”, el escenario, a su entender, configura una cesión creciente de capacidades nacionales.

 

La preocupación expresada no se limita a la llegada de inversiones, sino a las condiciones bajo las cuales esas inversiones se realizan, los beneficios fiscales otorgados y la capacidad del Estado para establecer reglas.

 

Desde esta perspectiva, la discusión no pasa por aceptar o rechazar inversiones en términos absolutos. El eje está en qué beneficios reciben las grandes empresas, qué obligaciones asumen, cuánto queda en el país y qué capacidad conserva la Argentina para definir su propia política económica.

 

Tribunales extranjeros y desigualdad de condiciones


Otro punto señalado por Giacomini fue la situación jurídica frente a posibles controversias.

 

Según expresó, los proyectos y normas aprobadas dejarían al país “en clara desventaja frente a estas corporaciones”, debido a que los conflictos podrían tratarse en tribunales extranjeros.

 

Ese aspecto introduce un debate sobre la capacidad del Estado argentino para resolver dentro de su propia jurisdicción los conflictos relacionados con inversiones realizadas en su territorio.

 

La preocupación se profundiza cuando esas inversiones están vinculadas con minería, energía, tecnología, recursos naturales o infraestructura estratégica.

 

Para Giacomini, la combinación entre beneficios económicos, acceso a recursos y mecanismos de resolución de controversias configura un esquema que reduce la capacidad de decisión nacional.

 

El impacto sobre las cuentas públicas


La intervención también puso el foco en el costo fiscal de los incentivos ofrecidos.

 

Giacomini citó un estudio del CEPA y señaló que “solo el Super RIGI, dados los beneficios impositivos que contempla, implicaría una pérdida de mil millones de dólares por año durante ocho mandatos presidenciales”.

 

El señalamiento busca introducir en el debate el impacto de largo plazo de las exenciones y beneficios tributarios.

 

Una política de promoción de inversiones no solo debe evaluarse por los anuncios de capital que podrían ingresar. También requiere analizar qué impuestos dejan de cobrarse, durante cuánto tiempo y cómo afecta esa reducción de ingresos a la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

 

En este punto, la discusión sobre grandes inversiones se conecta con el presupuesto, los servicios públicos, la infraestructura y las posibilidades de sostener políticas de desarrollo.

 

El mercado interno como discusión de fondo


Hacia el cierre, Giacomini sostuvo que “el problema, en definitiva, no es Adorni”, sino el modelo económico que se está consolidando.

 

Para el analista, la discusión central pasa por el efecto conjunto de las políticas sobre el patrimonio nacional, los recursos estratégicos y el mercado interno.

 

La intervención propone así cambiar el foco de la agenda inmediata para observar los procesos de largo plazo. Mientras determinados casos concentran la atención pública, se discuten normas capaces de modificar durante décadas las condiciones de acceso a recursos, tierras, inversiones y beneficios fiscales.

 

Desde esa mirada, el desafío es analizar no solo cada medida de manera aislada, sino también cómo se relaciona con las demás y qué modelo productivo, económico y territorial termina configurando.


Fuente: Intervención de Ernesto Giacomini para el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sobre patrimonio nacional, recursos estratégicos, grandes inversiones y mercado interno.

 

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