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¿Quién paga qué en la factura de luz? La Corte Suprema tendrá la última palabra

Un dictamen de la Procuración General de la Nación reabrió una pelea que parecía dormida: si los municipios pueden seguir cobrando tasas dentro de la factura de electricidad. El organismo se pronunció a favor de las normas que lo prohíben. Ahora la decisión final queda en manos de la Corte Suprema. El debate suena técnico, pero no lo es tanto. Del lado de los usuarios está el derecho a saber con exactitud qué se paga y por qué, una garantía que reconoce el artículo 42 de la Constitución Nacional y que reafirma la Ley de Defensa del Consumidor. Del lado de los municipios, la necesidad de sostener con recursos propios el alumbrado, las calles, los espacios verdes.

Que no se peleen consumidores contra municipios

Desde el Bloque de la Unión de Usuarios y Consumidores insisten en que la discusión no debería plantearse como una interna entre familias y gobiernos locales. La pregunta de fondo es otra: cómo lograr que las boletas sean claras sin dejar a los municipios sin caja para sostener servicios esenciales.

Cuando una familia llega ajustada a fin de mes, prioriza comida, remedios, los servicios más urgentes. Si la tasa municipal deja de aparecer junto con la luz, hay quienes directamente van a dejar de pagarla. Eso es lo que preocupa a los intendentes: menos recaudación, menos plata para lo que se ve todos los días en la calle.

¿Qué tendría que poder leer cualquiera en su boleta?

Identificar, de un vistazo, cuánto corresponde al servicio eléctrico y cuánto a otros conceptos. El cuadro tarifario, el consumo, los impuestos, cada tasa: todo por separado, sin letra chica ni conceptos mezclados.

Porque ahí está la clave: no alcanza con pagar, hay que poder entender lo que se paga. Una factura clara es una herramienta para reclamar errores, detectar cobros de más, comparar meses, pedir explicaciones cuando algo no cierra.

En Córdoba ya se está discutiendo

El ERSeP viene revisando los modelos de facturación para avanzar hacia boletas más entendibles. La idea coincide con el reclamo de fondo: que cada usuario sepa qué está pagando. Pero cualquier cambio va a tener que garantizar también previsibilidad para los municipios, que necesitan saber con qué recursos van a contar.

Ninguno de los dos derechos —el de la información clara y el del financiamiento municipal— tendría que resolverse a costa del otro. Cuando los servicios se deterioran por falta de plata, lo sufren los vecinos. Cuando las facturas son confusas, quien pierde es quien no puede controlar en qué se le va la plata cada mes.

Fuente: Micro del Bloque de la Unión de Usuarios y Consumidores en el programa radial Desde la Gente.

Contacto: Instagram @uuyc.cba / Tel. 351 381 9573 / [email protected]

Información

Fuente: Foto Fundación Ambiente y Recursos Naturales

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