📜 Conoce la Letra chica del Decreto 179/2025: Nueva Concesión al FMI
El decreto implica la toma de nueva deuda para cancelar pasivos previos, una medida que, aunque presentada como una estrategia de orden financiero, sigue atando al país a la supervisión y condicionamientos del FMI. Las reformas estructurales exigidas por el organismo pueden impactar en áreas sensibles como el gasto público, el sistema previsional y las regulaciones laborales, generando incertidumbre en distintos sectores de la sociedad.
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Editorial
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Fuente: Foto de La Nación
Los puntos clave del Decreto 179/2025
Reestructuración de la deuda: Se aprueba la celebración de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y seis meses. Este programa permitirá cancelar:
Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Operaciones de crédito del acuerdo de 2022 cuyo vencimiento ocurra dentro de los cuatro años de la firma del nuevo pacto.
Sin embargo, esta estrategia de refinanciación no implica una reducción efectiva de la deuda externa, sino que extiende los plazos de pago a cambio de compromisos fiscales más estrictos.
Compromiso de política fiscal y monetaria: Se reitera la decisión gubernamental de mantener el "déficit cero", lo que implica la eliminación de cualquier financiamiento del Banco Central hacia el Tesoro Nacional. Además, se enfatiza la necesidad de seguir reduciendo el control cambiario, una política que, según analistas, podría derivar en mayor volatilidad financiera y afectar la competitividad de la industria local.
Cancelación de deuda con el BCRA: Una parte sustancial de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central será cancelada con los fondos provenientes del FMI. Esto se presenta como una estrategia para mejorar la posición financiera del Banco y estabilizar la economía, pero a su vez, limita la capacidad del Estado para manejar crisis futuras sin recurrir a financiamiento externo.
Necesidad de urgencia: El DNU justifica la toma de estas decisiones sin pasar por el Congreso, argumentando la urgencia de consolidar la estabilización macroeconómica, reducir la inflación y mejorar la confianza de los mercados internacionales. No obstante, esta falta de debate parlamentario ha sido señalada como un debilitamiento del control democrático sobre la política económica.
Impacto económico y social: Se mencionan mejoras en indicadores económicos como la inflación y la pobreza, pero también se reconoce la necesidad de mantener medidas de ajuste para garantizar la sostenibilidad fiscal. Estas medidas pueden incluir: Reducción del gasto público, lo que podría afectar programas sociales y jubilaciones. Reforma laboral, con posibles implicaciones para los derechos de los trabajadores. Privatización o desregulación de sectores estratégicos.
Entre el 28 de julio y el 1.º de agosto, los municipios y comunas de Córdoba pusieron en marcha un amplio repertorio de decisiones administrativas que revelan el pulso de la gestión local. Río Tercero lanzó una licitación por casi mil millones para renovar su plaza central, San Lorenzo desplegó una batería de resoluciones sobre obras, salarios y tarifas, y Malagueño declaró como patrimonio histórico una antigua planta fabril. A la par, localidades como Toledo, Río Ceballos, Saira, El Manzano y Piquillín avanzaron con normativas en servicios, cultura, adhesiones regionales y planificación institucional. Mientras tanto, Bell Ville revalorizó su fiesta nacional con un concurso de ideas, Carrilobo se alistó para sus patronales y Los Hornillos priorizó el acceso a la tierra. Una semana diversa y activa, bajo la lupa del Microscopio Institucional.
Del 21 al 25 de julio, los Boletines Oficiales Municipales de Córdoba reflejan una semana intensa en decisiones institucionales que abarcan desde grandes licitaciones de infraestructura —como la restauración de la Casa de la Cultura en Bell Ville y la construcción de una pasarela peatonal en Mattaldi— hasta políticas de género y memoria, como la adhesión de Adelia María a la Ley Sonia Torres con formación obligatoria en Derechos Humanos. Arroyito, por su parte, impulsa compras millonarias para pavimento y recolección de residuos, incorporando también provisión de gasoil, mientras Costa Sacate legisla sobre tenencia responsable de mascotas y promueve la identidad local con un concurso para crear su bandera oficial. Entre el cemento, la cultura y la normativa social, el Microscopio Institucional permite observar cómo se gestiona el territorio y se definen prioridades públicas en los gobiernos locales.
El gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 452/2025 la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá al ENARGAS y al ENRE. Desde Revista Vértices desmenuzamos la letra chica de la norma para entender qué cambia, cómo se conforma, qué funciones tendrá y qué implicancias puede traer para millones de usuarios.
