El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo judicial contra la privatización de los corredores viales y abrió un debate de fondo sobre el modelo de infraestructura en la Argentina. Sostiene que las rutas y autopistas no deben ser tratadas como un negocio financiero, sino como una inversión estratégica del Estado, clave para el trabajo, la producción, la seguridad vial y el desarrollo económico. Advierte que sin control público, las concesiones derivan en peajes impagables, deterioro de las rutas y un costo social que termina pagando toda la sociedad.
Desde el conurbano bonaerense, el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray volvió a colocarse en el centro del debate público al presentar un amparo judicial contra la privatización y concesión de los corredores viales, una medida que, según advierte, avanza sin información pública y tendrá consecuencias estructurales durante décadas.
“Hay situaciones o medidas que está tomando este gobierno que pasan inadvertidas y que van a impactar sobre los próximos años.”
Gray sostiene que la privatización de autopistas y rutas se está llevando adelante sin debate público, sin audiencias informativas y sin transparencia sobre los costos reales que deberán afrontar millones de usuarios.
“Sin haber dado mucha difusión y sin estar en la agenda pública, las van a tratar de privatizar y va a impactar sobre millones de argentinos durante décadas.” El jefe comunal remarca que el proceso está prácticamente consumado y que sus efectos serán inmediatos en los bolsillos de los trabajadores.
“Indudablemente se va a encarecer el peaje, se van a crear nuevas estaciones, se agregan 55 nuevas estaciones de peaje.”
Uno de los puntos centrales del amparo presentado por Gray es la inexistencia de un organismo de control. Tras la eliminación del OCOVI (Organo de Control de las Concesiones Viales), los usuarios quedaron sin una instancia clara para reclamar.
“Falta un organismo de control, un ente de control. Hoy como usuarios y consumidores no tenemos dónde reclamar.” En ese marco, el amparo busca que el Estado rectifique el procedimiento, informe a la ciudadanía y garantice instancias de participación.
“Que dé a conocer qué es lo que va a hacer, qué rutas va a concesionar, cuál va a ser el costo y cuáles van a ser los nuevos peajes.” Gray advierte que no se trata de una discusión técnica aislada, sino de una decisión política que redefine el modelo vial del país.
Desde su distrito, uno de los más próximos a la Ciudad de Buenos Aires, el intendente describe el impacto concreto que tendría el nuevo esquema tarifario. “Un vecino de Esteban Echeverría para ir a la Ciudad de Buenos Aires debe transitar dos peajes de ida y dos de vuelta.”
Hoy, ese recorrido ya implica un gasto elevado. Con el nuevo sistema, el costo se volvería directamente prohibitivo. “Son 2.000 pesos por tramo, 8.000 pesos por día, más combustible y otros gastos. Para un trabajador es mucha plata.”
Gray ejemplifica con un caso extremo para mostrar la magnitud del problema. “Para ir de Buenos Aires a Bahía Blanca habría ocho peajes. Son 40.000 pesos de ida y 40.000 de vuelta. Es una exorbitancia.” Según señala, esta política golpea de lleno a la productividad, al trabajo y a cualquier economía real que dependa de la circulación cotidiana.
El intendente subraya que la presentación judicial no es un hecho aislado. Su municipio participa activamente en audiencias públicas y ha impulsado amparos ante aumentos tarifarios en distintos servicios.
“Tenemos la obligación de defender primero a nuestros vecinos, a los bonaerenses y en este caso a todos los argentinos.” Gray considera que este caso puede sentar un precedente relevante tanto en el plano judicial como en el debate político nacional.
Uno de los puntos más críticos de su análisis apunta al esquema histórico de concesiones viales. “Van a estar durante años recaudando y recién al final de los contratos les ponen la obligación de mejorar las rutas.”
Cuando las empresas alegan que las tarifas no alcanzan, el Estado vuelve a intervenir. “Después dicen que las tarifas no les dan y la plata la termina poniendo el Estado. Todo esto termina siendo una gran estafa.” Gray advierte que este modelo se repite sistemáticamente y deja a los usuarios pagando dos veces.
Para cerrar, el intendente plantea una visión alternativa del sistema vial basada en un Estado eficiente, con control y capacidad operativa. “La función principal del Estado es de contralor, de control y de sanción cuando corresponde.”
Remarca la ausencia de controles de peso y carga como una de las causas centrales del deterioro de las rutas. “No hay controles de peso de los camiones y las rutas se rompen permanentemente.” En ese sentido, reivindica el rol de Vialidad Nacional y del trabajo estatal especializado.
“Vialidad Nacional tiene personal capacitado y al Estado le sale más barato, más económico y más eficiente hacerlo.” Para Gray, la infraestructura vial debe ser pensada como una inversión estratégica.
“La comunicación vial es como el agua. Cuando invertís, estás invirtiendo en el futuro.” Y concluye con una advertencia contundente. “Acá se pierden vidas por hechos prevenibles y se genera un enorme perjuicio para los argentinos y para el país.”
Fuente: En exclusivo con Revista Vértices.
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