La entrevista realizada por Marcial Amiel para Pagina/12 a Julián Domínguez y el Colegio de Nutricionistas contra la decisión plasmada de la derogación del decreto 35, afecta tanto a productores como a consumidores.
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Fuente: Foto Misiones Online
Cada vez más voces de expertos y representantes de instituciones de la provincia de Buenos Aires suman sus críticas a la decisión del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger de derogar el código alimentario, que establecía las condiciones necesarias para importar alimentos al país.
Al documento elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario que encabeza Javier Rodríguez, del que ya dio cuenta Buenos Aires/12, se suman ahora el titular del Instituto para el Desarrollo Agrario Argentino (IDAA), Julián Domínguez, y la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, Laura Salzman.
A través del reciente decreto 35/2025, el funcionario derogó el código creado por la Ley 18.284, que establece “las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial” bajo la industria alimenticia nacional debe producir alimentos y bebidas y etablecía similares parámetros para a las importaciones. Se trata de una ley de 1969, sancionada con criterios de seguridad alimentaria, concepto que ahora, según los expertos, peligra.
La particularidad del caso es que la norma provocó reacciones negativas de distintos sectores y eslabones, tanto productores de alimentos como consumidores, ex funcionarios y profesionales de la nutrición.
El doble efecto consiste, primero, en facilitar el ingreso de las importaciones, que ya aumentaron considerablemente durante 2024, y en limitar tanto la información a la que acceden los consumidores como los controles.
En diálogo con Buenos Aires/12, el chacabuquense Julián Domínguez, quien fuera ministro de Asuntos Agrarios de la Nación y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que "esto es un golpe a las economías regionales y a la matriz productiva y de ocupación territorial de la Argentina. Con la derogación del código alimentario el proceso de destrucción del aparato productivo se acelera".
Domínguez es actualmente presidente del Instituto para el Desarrollo Agrario Argentino, cuyo último informe da cuenta de la extrema gravedad de la situación. “En diciembre de 2024 la importación de alimentos aumentó un 82 por ciento respecto a los registros del último mes de 2023: las compras al exterior casi se duplicaron al pasar de 133 millones de dólares en diciembre de 2023 a 242 millones en el mismo mes de 2024” y que “las condiciones macroeconómicas creadas por el gobierno nacional (retraso cambiario), sumadas a una apertura indiscriminada del comercio exterior pueden ocasionar daños a las cadenas de valor locales involucradas”, dice el texto.
"Ahora el daño mayor es a los productores de vinos de Cuyo, de cebolla de Catamarca y de limón de Tucumán. Los comercializadores van a seguir comercializando, en vez de nacional importado, pero los productores corren riesgo de desaparición", analiza Domínguez.
El fenómeno alcanza también al tomate elaborado y la yerba mate, que son alimentos procesados y que por ende involucran un mayor proceso de valor agregado en su producción.
“En el caso del vino, las importaciones crecieron 594 por ciento en 2024, al totalizar 5.042 toneladas mientras que las compras externas de tomate elaborado aumentaron 197por ciento a 23.492 toneladas en 2024 y las de yerba mate crecieron un 83 por ciento a 11.610 toneladas”, concluye el informe del IDAA.
Por su parte, el ministro Javier Rodríguez explicó con anterioridad, a modo de ejemplo, la cuestión de los alimentos para celíacos. "Para que un alimento sea rotulado como libre de gluten en nuestro país, se establece un límite máximo de 10 miligramos por kilo, mientas que en la Unión Europea o Estados Unidos, ese contenido asciende a 20 miligramos por kilo. Esto implica que ingresarán alimentos importados, identificados como libres de gluten, que no cumplirán con los estándares nacionales exigidos en la legislación nacional. Si una fabrica bonaerense produce un alimento con 15 miligramos de gluten por kilo, no podrá rotularlo como libre de gluten pero si el producto es importado, podrá hacerlo, dada la condición de sus propias regulaciones que difieren con las argentinas".
Otra de las consultadas, la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, analizó con Buenos Aires/12 los potenciales efectos adversos.
"Esta medida rompe con las culturas alimentarias propias de los distintos lugares, de cada comunidad. Los productos importados muchas veces tienen un carácter aspiracional, sobre todo para los sectores que no viajan habitualmente, entonces se dejan de comer productos tradicionales en beneficio de la novedad. Luego, recortar medidas de control siempre aumenta el riesgo para la salud", sostiene la profesional.
Salzman, que a nivel institucional viene de pronunciarse contra el decreto que modifica la ley de Promoción de Alimentación Saludable, sostiene que "los productores de frutas y verduras, que ya vienen golpeados, se van a ver muy perjudicados. Se va a comer cosas fuera de estación, eso también rompe la cultura alimentaria. Así como atacan la soberanía en general, ahora atacan la soberanía y la seguridad alimentaria. Desde nuestra perspectiva profesional la Seguridad alimentaria no es sólo la limpieza sino la disponibilidad, acceso y distribución de alimentos en el marco de una comunidad".
"A la vez, ahora habría que hacer un análisis comparado de los distintos códigos alimentarios, ya que la norma permite que entren sólo con declaración jurada alimentos de determinados países, cuyos códigos alimentarios se consideran superiores al nuestro, ¿superiores en qué? ¿superiores cómo? Es un estudio que es necesario pero llevaría tiempo", concluye.
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