🟥 Vigilancia total: el nuevo estatuto policial que pone en riesgo los derechos de los usuarios
El Decreto 383/2025 modifica por completo la misión y estructura de la Policía Federal Argentina. Bajo la consigna de combatir el crimen organizado, se eliminan funciones en la Ciudad de Buenos Aires y se refuerza un modelo de vigilancia proactiva. Pero, en nombre de la seguridad, el Estado avanza peligrosamente sobre libertades públicas y derechos ciudadanos.
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Editorial
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Fuente: Foto La Nueva Provincia
La reciente publicación del Decreto 383/2025 junto a su extenso Anexo —el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA)— marca un punto de inflexión en el sistema de seguridad del país. Bajo una narrativa de modernización institucional y eficacia contra el delito organizado, el gobierno redefine misiones, estructura y atribuciones de la principal fuerza de seguridad federal, con consecuencias profundas sobre el derecho a la protesta, la privacidad digital y la participación ciudadana.
La nueva norma elimina las competencias locales en la Ciudad de Buenos Aires y formaliza el giro hacia una policía federal enfocada exclusivamente en delitos complejos, pero con atribuciones ampliadas que preocupan por su potencial uso represivo. Se establece que la PFA podrá:
Operar en cualquier jurisdicción sin necesidad de autorización previa en “casos urgentes”.
Realizar requisas sin orden judicial, incluso sobre vehículos y pertenencias personales, si presume riesgo o pruebas por desaparecer.
Desarrollar tareas de vigilancia digital sin autorización judicial en redes sociales, sitios web y otras plataformas públicas.
Retener personas hasta 10 horas por no poder acreditar su identidad, incluso sin orden de detención.
Estas prerrogativas, si bien delimitadas formalmente por ciertos supuestos, abren la puerta a abusos si no se ejercen con estrictos controles. Como advierten distintas organizaciones de derechos humanos, se corre el riesgo de legitimar prácticas que ya han sido cuestionadas en el pasado reciente: espionaje interno, infiltración en protestas, vigilancia ideológica y criminalización de la disidencia.
Además, el estatuto consagra expresamente la posibilidad de cobrar por servicios de seguridad, incluyendo custodia en aeropuertos y otros objetivos críticos, mercantilizando aún más la función pública de proteger. Y habilita la excepción del retiro obligatorio para Oficiales Superiores, lo que consolida cuadros de conducción históricos con escasa renovación democrática.
Un modelo de policía al estilo FBI, sin debate ciudadano
Uno de los aspectos más alarmantes del decreto es que se impone sin consulta parlamentaria ni debate social amplio. El modelo propuesto —inspirado en agencias como el FBI estadounidense— busca atraer profesionales universitarios y reducir el ingreso masivo de suboficiales. Sin embargo, no hay ninguna instancia de participación ciudadana ni garantía de que estos cambios mejoren la relación entre la policía y la sociedad.
Por el contrario, la ciudadanía queda excluida incluso de opinar sobre los criterios de evaluación y control del desempeño policial, que ahora serán definidos exclusivamente por el Ministerio de Seguridad. Este mecanismo profundiza la lógica de una fuerza orientada al control más que a la protección.
El precio de la “eficiencia”: menos voces, más vigilancia
Mientras se promete una fuerza “moderna y orientada por el conocimiento”, el Estado se reserva la facultad de controlar la calle, el espacio público, las redes sociales, y hasta el pensamiento de quienes osen manifestarse contra el orden establecido. Las audiencias públicas, las protestas sociales y la circulación libre de ideas podrían verse afectadas por esta lógica de seguridad total.
En este contexto, preocupa la falta de mecanismos ciudadanos para exigir rendición de cuentas o intervenir ante casos de abuso institucional. Lejos de garantizar libertades democráticas, este nuevo marco normativo parece priorizar la eficiencia técnica por sobre los derechos fundamentales.
Entre el 28 de julio y el 1.º de agosto, los municipios y comunas de Córdoba pusieron en marcha un amplio repertorio de decisiones administrativas que revelan el pulso de la gestión local. Río Tercero lanzó una licitación por casi mil millones para renovar su plaza central, San Lorenzo desplegó una batería de resoluciones sobre obras, salarios y tarifas, y Malagueño declaró como patrimonio histórico una antigua planta fabril. A la par, localidades como Toledo, Río Ceballos, Saira, El Manzano y Piquillín avanzaron con normativas en servicios, cultura, adhesiones regionales y planificación institucional. Mientras tanto, Bell Ville revalorizó su fiesta nacional con un concurso de ideas, Carrilobo se alistó para sus patronales y Los Hornillos priorizó el acceso a la tierra. Una semana diversa y activa, bajo la lupa del Microscopio Institucional.
Del 21 al 25 de julio, los Boletines Oficiales Municipales de Córdoba reflejan una semana intensa en decisiones institucionales que abarcan desde grandes licitaciones de infraestructura —como la restauración de la Casa de la Cultura en Bell Ville y la construcción de una pasarela peatonal en Mattaldi— hasta políticas de género y memoria, como la adhesión de Adelia María a la Ley Sonia Torres con formación obligatoria en Derechos Humanos. Arroyito, por su parte, impulsa compras millonarias para pavimento y recolección de residuos, incorporando también provisión de gasoil, mientras Costa Sacate legisla sobre tenencia responsable de mascotas y promueve la identidad local con un concurso para crear su bandera oficial. Entre el cemento, la cultura y la normativa social, el Microscopio Institucional permite observar cómo se gestiona el territorio y se definen prioridades públicas en los gobiernos locales.
El gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 452/2025 la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá al ENARGAS y al ENRE. Desde Revista Vértices desmenuzamos la letra chica de la norma para entender qué cambia, cómo se conforma, qué funciones tendrá y qué implicancias puede traer para millones de usuarios.
