El presidente Javier Milei vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso que beneficiaban a jubilados, adultos mayores sin aportes y personas con discapacidad. En esta nota, dividimos el impacto por cada ley vetada y formulamos preguntas clave para entender a quiénes y cómo afecta esta decisión, en un contexto de crisis social creciente.
¿Qué proponía esta ley?
Un aumento del 7,2% de emergencia para todos los haberes con movilidad y una ayuda económica de hasta $110.000 para quienes perciban el haber mínimo.
¿A cuántas personas beneficiaba?
Más del 70% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo. Hablamos de aproximadamente 5 millones de personas directamente afectadas por el veto.
¿Qué características tenía la ayuda?
Era acumulativa al aumento del 7,2%, no sufría descuentos y se actualizaba con el IPC. También estaba pensada para quienes cobran por pensión, jubilación o coparticipación de beneficios.
¿Cómo se financiaba esta medida?
La ley preveía reestructuraciones presupuestarias, entre ellas el recorte de fondos a la Secretaría de Inteligencia y al pago de la deuda pública. El Gobierno consideró estas fuentes “insuficientes y técnicamente defectuosas”.
¿Cuál fue el principal argumento del veto?
El Gobierno afirmó que el costo fiscal de la medida sería de más de $4,4 billones en 2025 y que la fuente de financiamiento cubriría menos del 4% de ese total, afectando el equilibrio fiscal y el cumplimiento del “déficit cero”.
¿Qué contemplaba esta ley?
Reinstaurar por dos años el régimen de moratoria previsional para acceder a una jubilación sin aportes y reducir de 65 a 60 años la edad para que las mujeres puedan cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
¿A quiénes incluía?
A personas en situación de vulnerabilidad que no tienen los 30 años de aportes, especialmente mujeres y trabajadores informales. También eliminaba evaluaciones socioeconómicas y permitía compatibilizar la PUAM con ingresos laborales.
¿Cuántos jubilados accedieron a moratorias en el pasado?
Según el propio decreto, el 55% de los jubilados actuales accedió al sistema a través de moratorias. Este régimen era la única vía previsional para millones de personas.
¿Qué impacto fiscal tenía la medida?
Un costo estimado de $156.169 millones en 2025 y $1,17 billones en 2026, montos equivalentes al 0,02% y 0,12% del PBI respectivamente.
¿Por qué fue vetada?
El Gobierno argumentó que la medida generaba una vía paralela al sistema contributivo, afectaba la equidad intergeneracional y no presentaba fuentes concretas de financiamiento, además de favorecer la “informalidad”.
¿Qué establecía esta ley?
Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y creaba la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social del 70% del haber mínimo, compatible con trabajo formal. También actualizaba aranceles, financiaba prestadores y garantizaba atención médica completa.
¿Cuántas personas podían recibir esta pensión?
Según datos oficiales, 1,5 millones de personas tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Todas podrían haber sido beneficiarias.
¿Qué otros beneficios se vetaron?
Compensaciones a prestadores de discapacidad.
Actualización mensual de aranceles.
Incentivos para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Refuerzo del Programa Incluir Salud.
¿Qué impacto fiscal tenía esta ley?
En total, más de $2,1 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, con costos adicionales por el acceso a cobertura médica. El Gobierno señaló que esto afectaría gravemente el Fondo Solidario de Redistribución. Pero admitio en la Bolsa de cereales que el impacto es minimo en lo economico pero igual lo vetaria y si es necesario lo judicializaría.
¿Cuál fue la objeción principal del Gobierno?
Que se trataba de un paquete de medidas costosas, sin financiamiento suficiente, y que la universalización de la pensión desnaturalizaba su carácter asistencial. También acusó al Congreso de falta de rigor técnico y de aprobar leyes “inviables”.
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