3 vetos del ajuste y 14 preguntas para entender a quiénes y cómo afecta la decisión
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Congreso que beneficiaban a jubilados, adultos mayores sin aportes y personas con discapacidad. En esta nota, dividimos el impacto por cada ley vetada y formulamos preguntas clave para entender a quiénes y cómo afecta esta decisión, en un contexto de crisis social creciente.
Autor
Redacción
Compartir:
Fuente: Foto Izquierda Diario
1. LEY 27.791 – Aumento y ayuda económica para jubilados y pensionados
¿Qué proponía esta ley?
Un aumento del 7,2% de emergencia para todos los haberes con movilidad y una ayuda económica de hasta $110.000 para quienes perciban el haber mínimo.
¿A cuántas personas beneficiaba?
Más del 70% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo. Hablamos de aproximadamente 5 millones de personas directamente afectadas por el veto.
¿Qué características tenía la ayuda?
Era acumulativa al aumento del 7,2%, no sufría descuentos y se actualizaba con el IPC. También estaba pensada para quienes cobran por pensión, jubilación o coparticipación de beneficios.
¿Cómo se financiaba esta medida?
La ley preveía reestructuraciones presupuestarias, entre ellas el recorte de fondos a la Secretaría de Inteligencia y al pago de la deuda pública. El Gobierno consideró estas fuentes “insuficientes y técnicamente defectuosas”.
¿Cuál fue el principal argumento del veto?
El Gobierno afirmó que el costo fiscal de la medida sería de más de $4,4 billones en 2025 y que la fuente de financiamiento cubriría menos del 4% de ese total, afectando el equilibrio fiscal y el cumplimiento del “déficit cero”.
2. LEY 27.792 – Moratoria previsional y reforma de la Pensión Universal para el Adulto Mayor
¿Qué contemplaba esta ley?
Reinstaurar por dos años el régimen de moratoria previsional para acceder a una jubilación sin aportes y reducir de 65 a 60 años la edad para que las mujeres puedan cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
¿A quiénes incluía?
A personas en situación de vulnerabilidad que no tienen los 30 años de aportes, especialmente mujeres y trabajadores informales. También eliminaba evaluaciones socioeconómicas y permitía compatibilizar la PUAM con ingresos laborales.
¿Cuántos jubilados accedieron a moratorias en el pasado?
Según el propio decreto, el 55% de los jubilados actuales accedió al sistema a través de moratorias. Este régimen era la única vía previsional para millones de personas.
¿Qué impacto fiscal tenía la medida?
Un costo estimado de $156.169 millones en 2025 y $1,17 billones en 2026, montos equivalentes al 0,02% y 0,12% del PBI respectivamente.
¿Por qué fue vetada?
El Gobierno argumentó que la medida generaba una vía paralela al sistema contributivo, afectaba la equidad intergeneracional y no presentaba fuentes concretas de financiamiento, además de favorecer la “informalidad”.
3. LEY 27.793 – Emergencia en discapacidad y creación de una nueva pensión
¿Qué establecía esta ley?
Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y creaba la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social del 70% del haber mínimo, compatible con trabajo formal. También actualizaba aranceles, financiaba prestadores y garantizaba atención médica completa.
¿Cuántas personas podían recibir esta pensión?
Según datos oficiales, 1,5 millones de personas tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Todas podrían haber sido beneficiarias.
¿Qué otros beneficios se vetaron?
Compensaciones a prestadores de discapacidad. Actualización mensual de aranceles. Incentivos para empleadores que contraten personas con discapacidad. Refuerzo del Programa Incluir Salud.
¿Qué impacto fiscal tenía esta ley?
En total, más de $2,1 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, con costos adicionales por el acceso a cobertura médica. El Gobierno señaló que esto afectaría gravemente el Fondo Solidario de Redistribución. Pero admitio en la Bolsa de cereales que el impacto es minimo en lo economico pero igual lo vetaria y si es necesario lo judicializaría.
¿Cuál fue la objeción principal del Gobierno?
Que se trataba de un paquete de medidas costosas, sin financiamiento suficiente, y que la universalización de la pensión desnaturalizaba su carácter asistencial. También acusó al Congreso de falta de rigor técnico y de aprobar leyes “inviables”.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo judicial contra la privatización de los corredores viales y abrió un debate de fondo sobre el modelo de infraestructura en la Argentina. Sostiene que las rutas y autopistas no deben ser tratadas como un negocio financiero, sino como una inversión estratégica del Estado, clave para el trabajo, la producción, la seguridad vial y el desarrollo económico. Advierte que sin control público, las concesiones derivan en peajes impagables, deterioro de las rutas y un costo social que termina pagando toda la sociedad.
Luis Trotte llamó a la comunidad de Monte Maíz a tomar con la máxima responsabilidad el reciente episodio en el que un niño se extravió camino a la escuela, hecho que afortunadamente terminó con la rápida aparición del menor. Advirtió que la tranquilidad cotidiana no debe llevar a descuidar la seguridad de los más pequeños y pidió reforzar rutinas de traslado, presencia adulta y colaboración entre familias, instituciones y autoridades para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Villa María realizará la inauguración del Banco Blanco, un símbolo colectivo para visibilizar y reafirmar el compromiso social frente al abuso sexual infantil. El acto tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 19 horas en el Paseo Nunca Más, ubicado en la Costanera y Naciones Unidas.