El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La sentencia, presentada tras un amparo de padres de niños con discapacidad, marca un precedente: el Poder Judicial puso límites al uso del veto cuando compromete derechos fundamentales.
El expediente “J., O.G. y otro c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986” fue iniciado por padres de dos niños con discapacidad. El recurso buscaba frenar los efectos del Decreto 534/2025, por el cual Milei vetó totalmente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La Ley 27.793, sancionada en julio de 2025, establecía un régimen integral de emergencia hasta 2026. Preveía financiamiento de pensiones, compensaciones arancelarias, sostenimiento de prestadores y mecanismos de diálogo con organizaciones de personas con discapacidad.
El Poder Ejecutivo alegó que la norma generaba un gasto insostenible (0,22% a 0,42% del PBI), afectaba el equilibrio fiscal del “Pacto de Mayo” y obligaba a la emisión monetaria. El fallo judicial consideró estas razones arbitrarias y sin sustento constitucional.
El tribunal destacó que el veto afectaba directamente derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales: salud, educación inclusiva, rehabilitación, vida independiente y protección social.
La sentencia recordó que los Estados no pueden retroceder en la garantía de derechos humanos. Congelar o desfinanciar prestaciones básicas para personas con discapacidad constituye una violación al principio de no regresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La jueza subrayó que los niños con discapacidad constituyen un grupo en “doble vulnerabilidad”, lo que obliga al Estado a dar una protección especial reforzada. Cerrar centros educativos y terapéuticos por falta de financiamiento genera daños irreparables.
El fallo afirmó que el Poder Judicial no discute la facultad de veto en sí, sino la motivación invocada. Recordó que todo acto estatal debe pasar por el control de constitucionalidad y convencionalidad, y que los compromisos políticos como el “Pacto de Mayo” no están por encima de la Constitución.
Los padres denunciaron que las instituciones a las que asisten sus hijos (el CET CISAM y la escuela especial Mi Mañana) estaban al borde del cierre por falta de fondos. El fallo reconoce este riesgo concreto y ordena garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios.
La jueza citó la doctrina de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que habilita a los tribunales a intervenir cuando un veto afecta derechos fundamentales. Recordó que “no está exenta del control judicial la lesión de derechos individuales proveniente de normas constitucionales violadas”.
La sentencia concluye que el Decreto 534/2025 es inconstitucional por arbitrario, regresivo y violatorio de derechos fundamentales. Ordena al Poder Ejecutivo promulgar la Ley 27.793 y restablecer el financiamiento previsto. El fallo sienta un límite claro al uso del veto presidencial en perjuicio de sectores vulnerables.
El contador público Marcelo Anselmo recibido en la UNVM, con experiencia profesional desde 2019, analiza las nuevas facultades de ARCA y explica cómo el cruce de datos con bancos y billeteras virtuales está modificando el control fiscal sobre empresas, profesionales y emprendedores.
El jefe comunal de Idiazábal, localidad del departamento Unión en Córdoba, ingeniero en sistemas y dirigente con peso regional en el sudeste provincial, repasa seis años de gestión atravesados por pandemia, obra pública y un giro decisivo hacia la modernización administrativa. La digitalización municipal mejoró la recaudación propia, amortiguó la caída de la coparticipación y permitió sostener salud, educación, cultura y deporte, con balances publicados y un esquema de gobierno abierto que busca convertir la confianza ciudadana en respaldo institucional.
El Gobierno Municipal concretó la entrega de 5.000 kilogramos de cartón compactado a la industria del reciclaje, como resultado del trabajo en el predio de tratamiento de residuos y la articulación con comercios, empresas y vecinos, fortaleciendo una política ambiental basada en la economía circular y la participación comunitaria.
