Manuel Sosa: “Hay aumentos impositivos sin criterios claros

Revaluaciones inmobiliarias y aumentos impositivos fuera de escala

“Esto arrancó cuando asumimos la gestión en el Concejo Deliberante”, explica Sosa, y aclara que no se trata de una reacción coyuntural. “No es algo de este tiempo, sino que lo estábamos haciendo hace dos años”. Apenas iniciada la nueva gestión, “tuvimos muchos reclamos de vecinos por aumentos muy grandes de impuestos, del 250, del 300 %”.

 

Según detalla, el principal factor fue la revaluación de los inmuebles. “Al revaluar los inmuebles en el 200 o 300 %, la base imponible aumenta y el impuesto aumenta”. El concejal subraya que “no es que aumente la tasa, lo que se aumenta son los mínimos y el valor del inmueble”, lo que termina generando subas reales mucho mayores a las anunciadas.

 

Para sistematizar la información, desde su bloque “armamos un archivo en excel con propiedades de distintos barrios de la ciudad, que actualizamos cada seis meses”. Ingresando la matrícula en el sistema municipal, controlan “cuánto le están cobrando mes a mes”.

 

El resultado del relevamiento es contundente. “Hemos encontrado que en un 30 o 40 % de los inmuebles relevados hay aumentos superiores al 15 %”, y agrega que “hay inmuebles que pagan 200 % más”. Incluso señala casos extremos. “Hay inmuebles que en estos dos años de gestión aumentaron más del 1.500 % el impuesto inmobiliario”.

 

En algunos casos, reconoce, puede haber explicación. “Puede responder a que el inmueble tuvo mejoras sustanciales”, pero advierte que “en muchos casos no hay correlación”. Cita un ejemplo concreto. “Departamentos que están hace diez años, sin mejoras, tuvieron aumentos del 110 %”. Por eso concluye. “No sabemos cuál es la lógica, no hay un criterio claro”.

 
Falta de criterios, derechos vulnerados y límites de la vía judicial

Ante este escenario, Sosa remarca que el objetivo es institucional. “Nosotros lo que hacemos es recabar toda esta información y pedir un informe económico al Ejecutivo”, para que expliquen “en qué se basan los aumentos impositivos y qué revalúos hicieron”. El foco, insiste, es el vecino. “Del otro lado hay una persona que necesita una respuesta y que el bolsillo lo ajusta cada vez más”.

 

Consultado sobre una posible vía judicial, es prudente. “Capaz que se podría hacer alguna acción colectiva, pero ¿en qué justicia? En la justicia local no va a ser”. Reconoce que “el vecino tiene todo el derecho a reclamar”, pero señala las dificultades prácticas de una judicialización masiva.

 

Por eso enfatiza el rol político. “Nuestro rol desde el Concejo Deliberante es tratar de que el Ejecutivo dé una respuesta”. Y agrega una definición clave. “En caso de que haya habido algún error, creemos en la buena fe de los dirigentes y que se retrotraigan los impuestos y se cobre el tope que habían dicho”.

 

Para el dirigente, no se trata de confrontar por confrontar. “No es razonable que un impuesto aumente 270 % si no hay una revaluación que lo justifique”. Y remarca que el objetivo es claro. “Que el vecino no pague un impuesto gravoso para su economía”.

 
Oposición activa, agenda pública y cuestionamientos a contratos municipales

Sosa asume con claridad el lugar político de su bloque. “Sabemos que muchas de las cosas que decimos son muy vistas por los otros bloques”, pero aclara que la prioridad es otra. “Miramos para adentro y para la responsabilidad que nos dieron los vecinos”.

 

Relata que, al inicio del año legislativo, “estábamos solos en el Concejo Deliberante”. A partir de abrir las oficinas y comunicarlo, “empezaron a aparecer vecinos y a involucrarse otros dirigentes”. Para el concejal, ese vínculo es central. “Uno no sale de un cascarón, sale del vínculo social con los vecinos y las instituciones”.

 

Ese trabajo, afirma, permite marcar agenda aun sin mayoría. “Muchas veces visibilizar un problema obliga a que el Ejecutivo reaccione”. Cita ejemplos concretos. El refugio nocturno, la plaza accesible y exenciones impositivas que terminaron siendo adoptadas por la gestión municipal tras la presión pública.

 

El punto más duro aparece cuando aborda los contratos de alquiler aprobados por el oficialismo. “Vimos contratos con cláusulas de intereses punitorios irrisorios, del 2 % diario, o sea más del 600 % anual”. Recuerda que lo advirtieron en sesión. “Dijimos que esto estaba mal y que no se podía aprobar”.

 

El tiempo, afirma, les dio la razón. “El mes pasado hubo que pagar 34 millones de pesos solo en intereses”. Y agrega sin rodeos. “Yo creo que atrás hay un negociado, una conveniencia entre lo público y lo privado”. La consecuencia es directa. “En definitiva, lo pagamos todos los vecinos”.

 

Para cerrar, Sosa sintetiza el sentido de su tarea legislativa. “No somos oposición por la oposición misma”. Aprueban lo que consideran necesario, pero “cuando vemos políticas que perjudican a la ciudadanía, tenemos la obligación ética y moral de decirlo y de dejarlo asentado”.

 

Evolución de los impuestos municipales y presión fiscal acumulada

El concejal ofrece a nuestro medio una planilla exel con los relevamientos comparativos de clas uentas municipales entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026. Reflejando dicho instrumento una tendencia sostenida y acumulativa de incrementos impositivos muy por encima de los parámetros inflacionarios y de los topes oficialmente anunciados. En varios casos, el aumento total desde diciembre de 2023 supera el 900%, el 1.500% e incluso alcanza picos cercanos al 1.800%, lo que confirma que no se trata de ajustes puntuales, sino de un proceso estructural de presión fiscal creciente.

 

El análisis también evidencia asimetrías significativas entre inmuebles similares, ubicados en barrios equivalentes y sin mejoras sustanciales declaradas, lo que refuerza la hipótesis de criterios poco claros o no homogéneos en la revaluación de la base imponible. Esta falta de previsibilidad impacta directamente en la economía cotidiana de los vecinos, que se encuentran con boletas que se multiplican en lapsos muy cortos, sin información precisa.

 

En términos generales, el informe confirma lo señalado por la oposición UNIENDO Villa María en el Concejo Deliberante: el aumento no se explica únicamente por la actualización de mínimos o por inflación, sino por revaluaciones acumuladas que elevan de manera abrupta el impuesto final. Esta dinámica tensiona el vínculo entre Estado local y contribuyentes, y abre un debate de fondo sobre legalidad, razonabilidad y equidad tributaria, ejes centrales del reclamo político e institucional que hoy se expresa en el recinto.

 

Acuerdos supra políticos y un Concejo sin agenda propia

En el debate por “aumentar el piso de la compra pública”, el concejal plantea que “termina siendo un poco vergonzoso leccionar a algunos concejales en este punto”, aunque aclara “trato de entenderlos”. En esa misma línea, sostiene que “son parte de proyectos que hoy son más o menos lo mismo” y que “hay un arreglo político al medio, que lo tienen que sostener”.

 

El edil agrega que cuando se niega la existencia de un acuerdo, se olvidan que aparece un actor villamariense en el gabinete del gobernador. En ese marco, recuerda un punto de conflicto “fue el tema de Emtubse, que yo denuncié ese espacio de acuerdo entre el PRO y el peronismo provincial”.

 

En la sesión, relata que una concejala “dice que se quede tranquilo el concejal Sosa, de que no somos parte del ENDEMUR”. Sin embargo, afirma que “viendo el decreto, que salió en el diario”, observó que “el vocal sigue siendo Juan Carlos Maldonado, que es el PRO”, lo que interpreta como “contrario a lo que también me dijo en la sesión”. El balance es duro “me decepciono porque siempre en ese punto siempre creí que el órgano legislativo tenía algo más independencia” y que el Concejo “podía incluso plantear cuestiones de la agenda y tener una agenda propia”.

 

Desde su mirada, “estos acuerdos supra de la política perforan todo” y “no permiten que haya realmente un análisis serio de la problemática de la gente”, porque “la agenda es la que marca la política, los negocios y la política”. En síntesis, Sosa intenta ubicar el conflicto en un plano más profundo que el intercambio discursivo, señalando una lógica estructural que ordena la votación y la representación.

 
Polarización, reordenamiento electoral y construcción de alternativa para 2027

Sosa, hoy en el tablero opositor es el más contundente, aprovechando el vacio de poder del resto de la opocisión en reflejar un proyecto claro más alla de los discursos de institucionalidad.

 

En clave más general, argumenta que “esto responde al análisis político a una cuestión un poco más profunda” que “viene pasando a nivel provincia y país”, donde “la representatividad a todos los niveles cae más grande”. Anticipa que “26 va a ser un año bastante importante” para quienes “tenemos aspiraciones electorales del 27”, porque será el tiempo de “terminar de definir la construcción de equipos y proyectos” y “crear al electorado una alternativa superadora”.

 

En ese punto enfatiza “lo fundamental es ser coherente, ser coherente principalmente con uno mismo”. También reivindica continuidad identitaria “gracias a Dios estoy donde estuve siempre, desde lo ideológico, desde lo personal, desde el modelo de ciudad que quiero”. A la vez, define a su espacio como una construcción con proyección “Uniendo a Villa María es un espacio que tiene proyecciones, que puede crecer” y que, ante estructuras partidarias “más requebradas”, “podemos tener una gran oportunidad para poder cambiar la manera en que se gobierna Villa María”, con un horizonte que formula así “recuperando principalmente la ética y la decencia de la función pública”.

 
Plan de gobierno, transparencia de datos y agenda de inclusión, ambiente e infraestructura

Consultado por una primera medida como intendente, responde que “lo fundamental es generar un paquete de medidas que empiecen a trabajar con la transparencia de datos”. Afirma que “la transparencia de datos es la mejora de los procesos de contratación pública” y remarca que “no hay una gestión pública eficiente moralmente y éticamente que funcione si no empezamos a decir a los vecinos qué pasa con cada uno de los pesos que ellos aportan”.

 

En la misma secuencia, propone “garantizando la libre competencia dentro de todo en las contrataciones municipales” y “terminando con el clientelismo político”. A partir de ese punto, sostiene que se podría “llevar adelante una reducción positiva” y empezar a pensar “en un modelo de inclusión social, pensando en los niños y los jóvenes”, con un “programa de doble escolaridad en club de barrio”. Para la inseguridad, plantea abordarla “a partir de una verdadera contención social”.

 

Luego enumera prioridades de gestión “un gran programa de mejora de la infraestructura urbana, principalmente pavimento y recolección de residuos” y la necesidad de “volver a tener una agenda ambiental”. En una frase contundente afirma “Villa María no tiene agenda ambiental” y contrasta con el caso de Venado Tuerto, donde menciona que mejoraron estándares de reciclaje y “a partir del reciclaje en general están haciendo bancos para plazas”.

 

En términos críticos sobre la política ambiental local, sostiene que “volvimos a un modelo del enterramiento de la basura” y advierte que “Villa María se va convirtiendo en el basural, no sólo de la ciudad propia nuestra, sino que de la microregión”. Cierra esa parte señalando que “hay muchas cuestiones en agenda que hay que empezar a gestionar” y que el desafío será asumir “esa responsabilidad”, porque a su juicio “esta gestión municipal está dejando tierra arada”.

 
Fuente: En exclusivo para Revista Vértices.

 

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