La desaparición de Liam, un niño de 2 años en Ballesteros Sud, Córdoba, ha desatado una intensa búsqueda que involucra a fuerzas de seguridad y la colaboración de la comunidad. Activada bajo el sistema de ALERTA SOFÍA, la búsqueda de Liam se está realizando a través de la difusión masiva de información en medios de comunicación, redes sociales y dispositivos de emergencia.
Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.
Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).
La alerta debe solicitarla la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa:
que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad);
que exista una denuncia oficial;
que el caso sea comunicado al SIFEBU;
que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.
que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.
que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.
que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.
el requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.
Sofía desapareció a la edad de 3 años el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su caso sensibilizó profundamente a la sociedad argentina y, a 10 años de su desaparición, su búsqueda continúa vigente. Creemos sinceramente que, de haber contado en su momento con una herramienta como la Alerta que se crea a través de este Protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado.
Con la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en 2016, el Estado argentino se sumó al esfuerzo conjunto con otros países e instituciones para generar políticas públicas activas a fin de contar con procesos más eficientes de búsqueda de personas perdidas. La búsqueda permanente de Sofía Herrera, al igual que la de todas las niñas, niños y adolescentes, nos interpela como Estado nacional a indagar continuamente en todas aquellas herramientas que hagan posible el retorno de cada niño a su hogar.
Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional
El 3 de noviembre de 1995, la ciudad de Río Tercero se convirtió en un campo de guerra. Lo que el poder intentó hacer pasar por un accidente fue, en realidad, uno de los mayores atentados de la historia argentina reciente. Treinta años después, una vecina recuerda aquel día desde su experiencia cotidiana: el trabajo, la corrida, el miedo y la esperanza.
El nuevo informe anual del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa alerta sobre un incremento del 11% en los hechos registrados respecto a 2023. La mayoría involucra a fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, con patrones estructurales de tortura, hacinamiento, violencia sexual y muertes evitables en cárceles federales.
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