En marzo de 2020, mientras el mundo se paralizaba por la pandemia, la Alianza Internacional de Habitantes exigía que ningún ser humano fuera desalojado en medio del caos sanitario. Hoy, cinco años después, las demandas de aquel llamado siguen resonando en barrios, villas y periferias del mundo.
En plena irrupción de la pandemia por COVID-19, cuando el aislamiento, la distancia y el encierro eran la receta obligada, la Alianza Internacional de Habitantes (AIH) lanzó un fuerte pronunciamiento global: “Cero desalojos por coronavirus”. Aquel 13 de marzo de 2020, la organización alertaba que más de 1.800 millones de personas vivían sin condiciones mínimas de salubridad, sin agua ni baños, y que el virus encontraría terreno fértil en esas injusticias estructurales.
“No es la primera pandemia, ni tampoco la más grave hasta ahora, pero muestra el fracaso del sistema neoliberal que ha confiado la salud al sector privado”, denunciaba el comunicado de la AIH.
A la par del colapso sanitario, se encendía otra emergencia: la de los derechos humanos básicos. El derecho a la vivienda y el derecho a la salud quedaron en el centro del reclamo. Desde villas y favelas hasta los sin techo de las grandes capitales, el pedido fue unánime: “No se puede combatir una pandemia dejando a las personas en la calle”.
El llamamiento, que también exigía la suspensión de desalojos, desalojos hipotecarios y una reducción de alquileres, advertía que detrás del discurso sanitario podía esconderse una nueva ola de especulación inmobiliaria y desplazamientos forzados, como ocurrió en otras crisis.
“Existe también un gran riesgo de que se intensifiquen los desalojos y desplazamientos de personas, familias y comunidades de lugares que se explotarán en la subsiguiente reactivación especulativa de la economía”, alertaban.
La AIH no se quedó solo en la denuncia. Propuso medidas concretas: suspensión de sanciones económicas internacionales, renegociación de la deuda externa para financiar políticas de vivienda y salud, y la participación activa de organismos como la ONU y sus Relatores Especiales en Vivienda y Salud para monitorear los compromisos de los Estados.
Cinco años después, mientras los efectos económicos y sociales de la pandemia aún laten en las poblaciones más vulnerables, muchas de estas demandas siguen sin respuesta. Los desalojos volvieron, en algunos casos con más crudeza, y el derecho a la vivienda continúa siendo más una consigna que una política real.
Sin embargo, el llamado sigue vivo. En palabras de la AIH: “Cero Desalojos por Coronavirus: ¡El Derecho a la Salud debe ser lo primero!”
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