Con la sanción de la Ley Yolanda a nivel nacional y su adhesión por parte de la Provincia de Córdoba, se consolida una política pública que busca formar a todas las personas que trabajan en el Estado en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Un homenaje a Yolanda Ortiz y un compromiso ineludible con el futuro.
La sanción de la Ley Yolanda en Argentina (Ley 27.592) representa un hito fundamental en el camino hacia una gestión pública más consciente del ambiente y del desarrollo sostenible.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2020, establece la capacitación obligatoria en ambiente para todas las personas que desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Con especial énfasis en el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la economía circular, la eficiencia energética y las energías renovables, la formación que exige la ley busca no solo transmitir conocimientos científicos actualizados, sino también sensibilizar sobre la urgencia de una transformación cultural en la gestión pública.
La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo nacional, tiene la responsabilidad de establecer lineamientos generales para los contenidos y metodologías, promover la participación de la sociedad civil y del ámbito científico, certificar los programas de capacitación, y garantizar el acceso público a los datos de cumplimiento mediante una plataforma web.
Asimismo, se establece que quienes se nieguen a capacitarse sin causa justificada podrán ser sancionados disciplinariamente, reforzando la obligatoriedad y el compromiso institucional de la normativa.
A nivel provincial, Córdoba adhirió formalmente a la Ley Yolanda mediante la Ley 10.758, sancionada en mayo de 2021. En este marco, la Secretaría de Ambiente provincial asumió el rol de autoridad de aplicación local, encargándose de diseñar contenidos actualizados, coordinar las capacitaciones y garantizar su cumplimiento tanto en el sector público centralizado como descentralizado de los tres poderes del Estado. Además, la ley provincial incorpora temas específicos relevantes para el territorio, como la preservación de áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos urbanos y el impacto ambiental de las políticas públicas.
El nombre de la ley rinde homenaje a Yolanda Ortiz, la primera mujer en ocupar un cargo público ambiental en América Latina y defensora incansable de políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad. Finalmente, la Ley Yolanda y sus adhesiones provinciales fortalecen la construcción de una conciencia ambiental federal, indispensable para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Fuentes:
La Municipalidad de Monte Maíz concretó una gestión largamente esperada: 23 familias de la localidad recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas, en un acto encabezado por el intendente Luis Trotte, junto a representantes del Gobierno de Córdoba.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) publicó en el Boletín Oficial del 12 de diciembre de 2024 la Resolución N.º 2867/2024, que modifica los requisitos mínimos de conformación de las cooperativas de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales. Desde ahora, todas las cooperativas deberán contar con un mínimo de seis (6) asociados, eliminando la posibilidad de operar con tres miembros y órganos unipersonales, tal como permitía la Resolución N.º 1000/2021.
Desde una comuna de 4.500 habitantes en el sur santafesino, el jefe comunal y farmacéutico Gonzalo Goyechea impulsa una gestión pública marcada por el cooperativismo, la eficiencia estatal y la justicia tributaria. Bajo su conducción, María Teresa se transformó en un ejemplo de política territorial que combina producción social, participación ciudadana y arraigo rural.
