🌱 La Ley Yolanda y la adhesión de Córdoba: un paso firme hacia una función pública ambientalmente responsable
Con la sanción de la Ley Yolanda a nivel nacional y su adhesión por parte de la Provincia de Córdoba, se consolida una política pública que busca formar a todas las personas que trabajan en el Estado en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Un homenaje a Yolanda Ortiz y un compromiso ineludible con el futuro.
Autor
Redacción
Compartir:
Fuente: Foto de Universidad Nacional de Avellaneda
La sanción de la Ley Yolanda en Argentina (Ley 27.592) representa un hito fundamental en el camino hacia una gestión pública más consciente del ambiente y del desarrollo sostenible.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2020, establece la capacitación obligatoria en ambiente para todas las personas que desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Con especial énfasis en el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la economía circular, la eficiencia energética y las energías renovables, la formación que exige la ley busca no solo transmitir conocimientos científicos actualizados, sino también sensibilizar sobre la urgencia de una transformación cultural en la gestión pública.
La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo nacional, tiene la responsabilidad de establecer lineamientos generales para los contenidos y metodologías, promover la participación de la sociedad civil y del ámbito científico, certificar los programas de capacitación, y garantizar el acceso público a los datos de cumplimiento mediante una plataforma web.
Asimismo, se establece que quienes se nieguen a capacitarse sin causa justificada podrán ser sancionados disciplinariamente, reforzando la obligatoriedad y el compromiso institucional de la normativa.
A nivel provincial, Córdoba adhirió formalmente a la Ley Yolanda mediante la Ley 10.758, sancionada en mayo de 2021. En este marco, la Secretaría de Ambiente provincial asumió el rol de autoridad de aplicación local, encargándose de diseñar contenidos actualizados, coordinar las capacitaciones y garantizar su cumplimiento tanto en el sector público centralizado como descentralizado de los tres poderes del Estado. Además, la ley provincial incorpora temas específicos relevantes para el territorio, como la preservación de áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos urbanos y el impacto ambiental de las políticas públicas.
El nombre de la ley rinde homenaje a Yolanda Ortiz, la primera mujer en ocupar un cargo público ambiental en América Latina y defensora incansable de políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad. Finalmente, la Ley Yolanda y sus adhesiones provinciales fortalecen la construcción de una conciencia ambiental federal, indispensable para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo judicial contra la privatización de los corredores viales y abrió un debate de fondo sobre el modelo de infraestructura en la Argentina. Sostiene que las rutas y autopistas no deben ser tratadas como un negocio financiero, sino como una inversión estratégica del Estado, clave para el trabajo, la producción, la seguridad vial y el desarrollo económico. Advierte que sin control público, las concesiones derivan en peajes impagables, deterioro de las rutas y un costo social que termina pagando toda la sociedad.
Luis Trotte llamó a la comunidad de Monte Maíz a tomar con la máxima responsabilidad el reciente episodio en el que un niño se extravió camino a la escuela, hecho que afortunadamente terminó con la rápida aparición del menor. Advirtió que la tranquilidad cotidiana no debe llevar a descuidar la seguridad de los más pequeños y pidió reforzar rutinas de traslado, presencia adulta y colaboración entre familias, instituciones y autoridades para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Villa María realizará la inauguración del Banco Blanco, un símbolo colectivo para visibilizar y reafirmar el compromiso social frente al abuso sexual infantil. El acto tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre a las 19 horas en el Paseo Nunca Más, ubicado en la Costanera y Naciones Unidas.
