Con la sanción de la Ley Yolanda a nivel nacional y su adhesión por parte de la Provincia de Córdoba, se consolida una política pública que busca formar a todas las personas que trabajan en el Estado en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Un homenaje a Yolanda Ortiz y un compromiso ineludible con el futuro.
La sanción de la Ley Yolanda en Argentina (Ley 27.592) representa un hito fundamental en el camino hacia una gestión pública más consciente del ambiente y del desarrollo sostenible.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2020, establece la capacitación obligatoria en ambiente para todas las personas que desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Con especial énfasis en el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la economía circular, la eficiencia energética y las energías renovables, la formación que exige la ley busca no solo transmitir conocimientos científicos actualizados, sino también sensibilizar sobre la urgencia de una transformación cultural en la gestión pública.
La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo nacional, tiene la responsabilidad de establecer lineamientos generales para los contenidos y metodologías, promover la participación de la sociedad civil y del ámbito científico, certificar los programas de capacitación, y garantizar el acceso público a los datos de cumplimiento mediante una plataforma web.
Asimismo, se establece que quienes se nieguen a capacitarse sin causa justificada podrán ser sancionados disciplinariamente, reforzando la obligatoriedad y el compromiso institucional de la normativa.
A nivel provincial, Córdoba adhirió formalmente a la Ley Yolanda mediante la Ley 10.758, sancionada en mayo de 2021. En este marco, la Secretaría de Ambiente provincial asumió el rol de autoridad de aplicación local, encargándose de diseñar contenidos actualizados, coordinar las capacitaciones y garantizar su cumplimiento tanto en el sector público centralizado como descentralizado de los tres poderes del Estado. Además, la ley provincial incorpora temas específicos relevantes para el territorio, como la preservación de áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos urbanos y el impacto ambiental de las políticas públicas.
El nombre de la ley rinde homenaje a Yolanda Ortiz, la primera mujer en ocupar un cargo público ambiental en América Latina y defensora incansable de políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad. Finalmente, la Ley Yolanda y sus adhesiones provinciales fortalecen la construcción de una conciencia ambiental federal, indispensable para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Fuentes:
El contador público Marcelo Anselmo recibido en la UNVM, con experiencia profesional desde 2019, analiza las nuevas facultades de ARCA y explica cómo el cruce de datos con bancos y billeteras virtuales está modificando el control fiscal sobre empresas, profesionales y emprendedores.
El jefe comunal de Idiazábal, localidad del departamento Unión en Córdoba, ingeniero en sistemas y dirigente con peso regional en el sudeste provincial, repasa seis años de gestión atravesados por pandemia, obra pública y un giro decisivo hacia la modernización administrativa. La digitalización municipal mejoró la recaudación propia, amortiguó la caída de la coparticipación y permitió sostener salud, educación, cultura y deporte, con balances publicados y un esquema de gobierno abierto que busca convertir la confianza ciudadana en respaldo institucional.
El Gobierno Municipal concretó la entrega de 5.000 kilogramos de cartón compactado a la industria del reciclaje, como resultado del trabajo en el predio de tratamiento de residuos y la articulación con comercios, empresas y vecinos, fortaleciendo una política ambiental basada en la economía circular y la participación comunitaria.
