🌱 La Ley Yolanda y la adhesión de Córdoba: un paso firme hacia una función pública ambientalmente responsable
Con la sanción de la Ley Yolanda a nivel nacional y su adhesión por parte de la Provincia de Córdoba, se consolida una política pública que busca formar a todas las personas que trabajan en el Estado en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático. Un homenaje a Yolanda Ortiz y un compromiso ineludible con el futuro.
Autor
Editorial
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Fuente: Foto de Universidad Nacional de Avellaneda
La sanción de la Ley Yolanda en Argentina (Ley 27.592) representa un hito fundamental en el camino hacia una gestión pública más consciente del ambiente y del desarrollo sostenible.
Esta normativa, aprobada en noviembre de 2020, establece la capacitación obligatoria en ambiente para todas las personas que desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Con especial énfasis en el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la economía circular, la eficiencia energética y las energías renovables, la formación que exige la ley busca no solo transmitir conocimientos científicos actualizados, sino también sensibilizar sobre la urgencia de una transformación cultural en la gestión pública.
La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo nacional, tiene la responsabilidad de establecer lineamientos generales para los contenidos y metodologías, promover la participación de la sociedad civil y del ámbito científico, certificar los programas de capacitación, y garantizar el acceso público a los datos de cumplimiento mediante una plataforma web.
Asimismo, se establece que quienes se nieguen a capacitarse sin causa justificada podrán ser sancionados disciplinariamente, reforzando la obligatoriedad y el compromiso institucional de la normativa.
A nivel provincial, Córdoba adhirió formalmente a la Ley Yolanda mediante la Ley 10.758, sancionada en mayo de 2021. En este marco, la Secretaría de Ambiente provincial asumió el rol de autoridad de aplicación local, encargándose de diseñar contenidos actualizados, coordinar las capacitaciones y garantizar su cumplimiento tanto en el sector público centralizado como descentralizado de los tres poderes del Estado. Además, la ley provincial incorpora temas específicos relevantes para el territorio, como la preservación de áreas protegidas, el manejo de residuos sólidos urbanos y el impacto ambiental de las políticas públicas.
El nombre de la ley rinde homenaje a Yolanda Ortiz, la primera mujer en ocupar un cargo público ambiental en América Latina y defensora incansable de políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad. Finalmente, la Ley Yolanda y sus adhesiones provinciales fortalecen la construcción de una conciencia ambiental federal, indispensable para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.
Entre el 28 de julio y el 1.º de agosto, los municipios y comunas de Córdoba pusieron en marcha un amplio repertorio de decisiones administrativas que revelan el pulso de la gestión local. Río Tercero lanzó una licitación por casi mil millones para renovar su plaza central, San Lorenzo desplegó una batería de resoluciones sobre obras, salarios y tarifas, y Malagueño declaró como patrimonio histórico una antigua planta fabril. A la par, localidades como Toledo, Río Ceballos, Saira, El Manzano y Piquillín avanzaron con normativas en servicios, cultura, adhesiones regionales y planificación institucional. Mientras tanto, Bell Ville revalorizó su fiesta nacional con un concurso de ideas, Carrilobo se alistó para sus patronales y Los Hornillos priorizó el acceso a la tierra. Una semana diversa y activa, bajo la lupa del Microscopio Institucional.
Del 21 al 25 de julio, los Boletines Oficiales Municipales de Córdoba reflejan una semana intensa en decisiones institucionales que abarcan desde grandes licitaciones de infraestructura —como la restauración de la Casa de la Cultura en Bell Ville y la construcción de una pasarela peatonal en Mattaldi— hasta políticas de género y memoria, como la adhesión de Adelia María a la Ley Sonia Torres con formación obligatoria en Derechos Humanos. Arroyito, por su parte, impulsa compras millonarias para pavimento y recolección de residuos, incorporando también provisión de gasoil, mientras Costa Sacate legisla sobre tenencia responsable de mascotas y promueve la identidad local con un concurso para crear su bandera oficial. Entre el cemento, la cultura y la normativa social, el Microscopio Institucional permite observar cómo se gestiona el territorio y se definen prioridades públicas en los gobiernos locales.
El gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 452/2025 la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá al ENARGAS y al ENRE. Desde Revista Vértices desmenuzamos la letra chica de la norma para entender qué cambia, cómo se conforma, qué funciones tendrá y qué implicancias puede traer para millones de usuarios.
