Gabriela Juárez es una trabajadora de Villa María que creyó en la promesa de tener su casa propia a través de Marques y Asociados (hoy ya en quiebra). Así es como Gabriela representa a miles de personas humildes que, con esfuerzo diario, apuestan por un futuro mejor. Comprometida con sus compañeras y compañeros, gremialista, solidaria, militante social, hoy se siente traicionada.
En 2020, en plena pandemia, Gabriela y su pareja decidieron anotarse en un plan para la construcción de su vivienda propia. “Pusimos todo lo que teníamos. Todos los meses hacíamos el esfuerzo de pagar la cuota. Incluso adelantamos dinero para llegar al porcentaje exigido y que pudieran empezar a construir. Era nuestra casa, en un terreno propio”, cuenta.
Firmaron anexos, pagaron arquitecto, seguros, permisos. Todo bajo contrato. “Teníamos la promesa de que, una vez autorizada la obra, en seis meses nos entregaban la vivienda.” Pero ese día nunca llegó. “Nos tenían que llamar para firmar el último anexo. Estábamos a semanas de eso... y explotó todo.”
La primera alerta le llegó a través de la televisión. En enero, una nota en Canal 13 hablaba de posibles irregularidades con la firma. “Le escribí al programador, que era nuestro nexo con la empresa. Me respondió que era una vil mentira, que era prensa, que no me preocupara”, recuerda indignada. Pero el tiempo confirmó lo peor: en abril, los responsables de Marques y Asociados fueron detenidos y poco después se decretó la quiebra.
El proyecto inmobiliario que ilusionó a familias de todo el país resultó ser una gran estafa. Y detrás de cada damnificado hay historias como la de Gabriela: trabajadoras y trabajadores que apostaron por un futuro mejor. “Lo más doloroso es lo que no se recupera: el tiempo, la ilusión. Peleamos para tener algo, no para que nos lo roben.”
Hoy, Gabriela y decenas de personas están a la espera de que la Justicia les permita presentar los comprobantes de lo abonado. “Ya hicimos las denuncias en el Ministerio Público Fiscal, y ahora esperamos que designen un síndico para ver cómo seguimos. Pero, honestamente, no tengo fe. Lo que perdimos es mucho, y la Justicia suele llegar tarde y mal.”
Aún no hay cifras definitivas, pero se estima que hay damnificados en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y otras provincias. Cada quien pelea como puede: algunos con abogados colectivos, otros por cuenta propia. Todos igual de estafados. “Es tan grande todo lo que pasó, que uno no puede creer que lo hayan hecho solos. Tiene que haber complicidades.”
La Defensoría del Consumidor aplicó una multa de 260 millones de pesos a la empresa. Pero esa sanción va al Estado, no a los damnificados. “Eso irá a escuelas, hospitales, y está bien. Pero nosotros también necesitamos que nos devuelvan algo. Que nos miren. Que nos escuchen. Somos personas, no números.”
Gabriela, como tantas otras víctimas, sigue peleando. “No me resigno. Porque no solo peleo por mí. Peleo por cada trabajador, por cada madre, por cada familia que creyó. No tenemos cuentas en dólares. Lo que pusimos fue nuestra vida.”
Según estimaciones, hay hasta 27.000 damnificados en todo el país, entre personas trabajadoras, constructoras, proveedores y hasta empleados de la firma que no cobraron sus sueldos.
“Acá hay cheques sin fondo, hay obras abandonadas, hay casas entregadas a medias, hay terrenos que nunca fueron pagados. La estafa es piramidal”, relata Gabriela, con una mezcla de rabia e impotencia. “Vendieron casas sobre terrenos que aún debían, dejaron construcciones inconclusas y prometieron entregas imposibles. Algunos pagaron de contado y ni siquiera tienen una estructura empezada.”
La empresa parecía legítima: publicidades en medios nacionales, carteles en partidos de fútbol de primera división, casas efectivamente entregadas en algunas ciudades. “Eso es lo más perverso. Entregaban algunas viviendas para ganar confianza y seguir captando gente. Eso nos hizo confiar.” En Villa María, incluso, hay construcciones terminadas. Pero no fueron la regla, sino la carnada.
Lo más alarmante no es solo la cantidad de víctimas, sino la historia previa de la empresa. “La Defensoría del Consumidor ya los había denunciado en 2018. ¿Por qué nadie los frenó? ¿Por qué se les permitió seguir operando y estafando en todo el país?” Se pregunta Gabriela. Hoy, la empresa está formalmente en quiebra, y mientras se designa al síndico que gestionará el proceso, los damnificados solo pueden esperar. “Pero la espera no es una opción. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras nos roban la vida.”
El precio del metro cuadrado hoy es el triple del de hace cuatro años. “Aunque nos devuelvan algo, no alcanza para empezar de nuevo. El daño está hecho. Es tiempo perdido, esfuerzo tirado a la basura y sueños truncados.”
El modelo de Marques y Asociados fue, según las víctimas, una maquinaria de engaño: promesas de viviendas sobre terrenos propios, casas a construir en plazos definidos, planes con anexos, arquitectos pagos y seguros contratados. Pero al llegar el momento clave —el inicio de la obra—, la empresa desaparecía del mapa. “Hay personas que viven en casas a medio hacer, sin escritura, sin propiedad. No son dueños ni del terreno ni de la vivienda. Todo lo debe Marques. Es una locura.”
Y detrás de ese entramado financiero y legal, queda la vida de las personas. “Nosotros no somos inversores. Somos trabajadoras y trabajadores que solo queríamos una casa. ¿Por qué nadie nos advirtió? ¿Por qué nos dejaron caer así?”
“Lo que más duele no es solo la plata. Es que nos robaron los sueños. Nos robaron el derecho a tener una casa. Eso no se repara con papeles.” Ahora, junto a otros damnificados, busca una estrategia legal que les permita enfrentar esta injusticia. “Esperamos que, por una vez, la Justicia le dé la razón a los de abajo. Porque si no lo hace, entonces todo esto fue en vano.”
En cada acto como este, en cada promesa que se desvanece, los rostros del daño se repiten. Son trabajadores, emprendedores, profesionales de a pie. Personas que todos los días salen a remar en un país donde los derechos básicos —como tener una vivienda— se volvieron un lujo.
Gabriela lo dice con claridad: “Nosotros pusimos lo que no teníamos. Lo que pudimos. Confiamos. Hicimos todo bien. Y aun así, fuimos los perjudicados.” Esa es la historia de miles. Y no es casual: cuando faltan políticas estatales concretas, cuando no hay controles, cuando se deja el acceso a la vivienda librado a empresas que sólo buscan lucro, el resultado es siempre el mismo: sueños rotos, esperanzas saqueadas, y usuarios y consumidores abandonados a su suerte.
Porque el problema no es solo Marques y Asociados. El problema es un sistema que abandona a quienes más necesitan. Que expulsa a las mayorías y protege a los poderosos. Que convierte en negocio lo que debería ser un derecho, y a la vez un sueño concretado.
Por eso, la salida no puede ser individual. La única forma de resistir es volver a construir lazos, acompañarnos, organizarnos. Retomar el compromiso asociativo base de toda cooperación. Y sobre todo, no naturalizar que siempre seamos los mismos los que quedamos del lado del daño.
Alguien debe hacerse cargo. Y esa responsabilidad no puede caer sobre las espaldas de quienes más han dado.
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