La audiencia pública de EDET expuso un modelo que perjudica a los usuarios tucumanos
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
Autor
Redacción
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Un diseño tarifario rígido que desalienta el ahorro
El 5 de enero se realizó la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral de la distribuidora EDET, un plan quinquenal para el período 2026–2030 organizado por el ente regulador provincial. En ese ámbito participaron actores de la sociedad civil y usuarios, con alrededor de cuarenta inscriptos, entre ellos la Unión de Usuarios y Consumidores.
Desde esa representación, se cuestionó el armado del cuadro tarifario por presentar “fallas de la ingeniería en el diseño de las tarifas”, señalando que se trata de un esquema “inelástico”. El problema central radica en que los usuarios son categorizados según un promedio anual de consumo, lo que los ubica en determinadas franjas con cargos fijos elevados.
Según se explicó, una vez que el usuario ingresa en una categoría, “es imposible volver hacia atrás”, ya que cualquier esfuerzo de ahorro energético “no se ve reflejado en la factura sino hasta después de un año”. En la práctica, este diseño castiga el consumo responsable y elimina incentivos reales para reducir la demanda eléctrica.
Tarifa social mal asignada y obras concentradas
Otro de los puntos críticos fue la situación de la tarifa social eléctrica en Tucumán. Durante la exposición se reclamó “un reempadronamiento exhaustivo”, al advertirse numerosos casos en los que personas y familias de alto poder adquisitivo acceden al beneficio de manera indebida.
Esta distorsión genera un doble perjuicio. Por un lado, implica un uso incorrecto de un recurso destinado a los sectores vulnerables. Por otro, excluye a quienes realmente lo necesitan, profundizando desigualdades en el acceso a un servicio esencial.
En relación con el plan de inversiones, se cuestionó su orientación excesivamente concentrada en el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, que “ya está cubierta”. En contraposición, se reclamó una fuerte presencia de obras en el interior provincial, con especial énfasis en el departamento Burruyacu, que comprende diez comunas y un municipio cabecera y no dispone siquiera de oficinas de atención al usuario.
Sin participación real no hay control efectivo
Como cierre de la intervención, se destacó una demanda estructural que atraviesa toda la política tarifaria. Se solicitó la creación de un Consejo de Usuarios dentro del ente regulador, integrado por las asociaciones de defensa del consumidor debidamente inscriptas.
La propuesta apunta a establecer “una mesa de diálogo permanente” que permita un seguimiento continuo de las decisiones regulatorias. Para el entrevistado, este espacio no solo fortalecería la participación ciudadana, sino que también legitimaría la tarea del ente regulador, hoy percibido como distante de la realidad cotidiana de los usuarios.
En un contexto de aumentos sostenidos y tarifas cada vez más complejas, la intervención dejó en claro que la discusión no es meramente técnica. Se trata, en última instancia, de cómo se distribuyen los costos de un servicio esencial y de si el sistema energético provincial se organiza en función del interés público o de criterios que terminan perjudicando a quienes dependen del servicio para vivir y trabajar.
Fuente: Entrevista a Miguel Ángel Paz, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores – Filial NOA, en el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral de EDET, Tucumán, enero de 2026.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
