El 9 de mayo de 2025, el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba declaró la quiebra compleja de la firma MRQZPABAR DESARROLLOS S.A. (ex Márquez & Asociados Constructora Desarrollista), dejando al descubierto un entramado de incumplimientos sistemáticos, captación fraudulenta de fondos y desvíos de capitales que perjudicó a miles de familias, trabajadores, clientes y acreedores. El fallo judicial, extenso y fundamentado, da cuenta de la magnitud de los daños y de una conducta empresarial que, bajo apariencia legal, escondía una estructura financiera insostenible.
Según consta en la sentencia, la empresa habría montado un sistema comercial basado en la captación masiva de clientes a los que prometía viviendas, pero sin capacidad real de cumplimiento. A la fecha de la resolución judicial, ya se habían presentado al menos 90 demandas civiles y más de 20 denuncias penales, además de múltiples reclamos administrativos por parte de consumidores, trabajadores y proveedores.
El magistrado fue contundente: “la empresa, en su afán de sostener artificialmente su operatoria pese a la falta de solvencia, habría incurrido en prácticas ruinosas, presumiblemente defraudatorias”, señala el fallo (p. 6). Incluso afirma que la desarrollista “persistió en la obtención irrefrenable [de dinero] para obtener más fondos” cuando ya estaba en cesación de pagos.
Falta de pago de salarios y cargas sociales desde mayo de 2024, dejando a trabajadores sin cobertura médica ni aportes jubilatorios. Incumplimientos sistemáticos de contratos: en 2023 hubo 10 juicios iniciados por damnificados, en 2024 se elevaron a 56, y ya van 26 solo en los primeros meses de 2025.
Cheques sin fondo, práctica que el juez interpreta como una maniobra para “ganar tiempo o evitar momentáneamente ejecuciones” (p. 6). Cierre intempestivo de la sede central y abandono de la atención al público luego de protestas de clientes, según registró el medio Perfil el 2/4/2025.
Estas situaciones, lejos de ser hechos aislados, revelan un patrón: la empresa continuó operando aún cuando ya era insolvente, lo cual constituye uno de los núcleos de la estafa estructural.
La solicitud de quiebra fue impulsada por el abogado Guillermo Giurda, acreedor por honorarios profesionales regulados en un proceso judicial que enfrentó a la firma con una clienta afectada. A pesar de contar con sentencia firme y planilla aprobada por más de 19 millones de pesos, no logró ejecutar los pagos por falta de bienes embargables.
El fallo describe con claridad que “la ejecución forzada no arrojó resultados patrimoniales positivos” y que todas las medidas fueron “ineficaces frente a la insolvencia del deudor” (p. 3).
Esto llevó al juez a concluir que se cumplen los requisitos del artículo 83 de la Ley de Concursos y Quiebras: crédito cierto, de contenido patrimonial y exigible, más hechos reveladores del estado de cesación de pagos.
Uno de los elementos más graves de la resolución es la presunción de desvío de dinero a sociedades vinculadas. Se indica que los directivos Pablo y Ariel Márquez serían propietarios de otras empresas —Márquez Cuatro Elementos, Márquez Gold, Márquez Agrocampo SRL y Márquez Salud— que funcionarían en paralelo y compartirían fondos y estructura.
El fallo advierte que “podrían haberse desviado fondos de los clientes de viviendas hacia estas otras sociedades” (p. 5) y que la operatoria todavía está bajo investigación penal. También se da cuenta de que la firma continuaba publicitando y captando nuevos clientes mientras incumplía con los anteriores, agravando así el posible daño patrimonial.
Declarar la quiebra con categoría “compleja”.
Inhabilitar a los directivos para administrar bienes y disponer de su patrimonio.
Prohibir la salida del país a Pablo y Ariel Márquez hasta febrero de 2027.
Ordenar la incautación de todos los bienes y documentación.
Notificar a Defensa del Consumidor, la Oficina de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal.
Exigir que todos los acreedores presenten su reclamo antes del 11/11/2025.
El fallo reconoce expresamente el impacto social y la afectación al derecho a la vivienda, lo cual motivó la intervención de organismos con competencia en derechos humanos.
“Por la posible afectación de derechos humanos, en especial del derecho de acceso a la vivienda de las personas involucradas, se entiende indispensable la intervención de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba” (p. 13).
Lo sucedido con MRQZPABAR no es un simple caso de mal manejo financiero, sino un ejemplo claro de cómo el uso estructural del fraude puede impactar sobre derechos básicos como el acceso a una vivienda digna. Frente a modelos de negocio que se escudan en formalidades jurídicas para ocultar maniobras fraudulentas, es necesario un accionar coordinado entre la justicia, los organismos de control y la ciudadanía organizada.
El daño no se mide solo en millones de pesos: se mide en proyectos de vida truncos, confianza rota y derechos vulnerados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones a la Resolución General 2.126 para facilitar la aplicación del régimen de percepción del IVA. Desde julio, las operaciones hasta $10 millones en supermercados, hipermercados y minimercados serán consideradas como realizadas con consumidores finales, sin necesidad de identificación adicional.
La Justicia de Córdoba declaró la imprescriptibilidad de las cláusulas abusivas y ordenó integrar un contrato inmobiliario con una tasa razonable. El fallo protege al consumidor ante intereses acumulativos, falta de información y prácticas desleales de la empresa GAMA S.A.
La Justicia Comercial falló a favor de Ramiro Cosentino, quien fue incluido erróneamente en la central de deudores del BCRA por una supuesta tarjeta de crédito jamás solicitada. El banco fue condenado a pagar $2.000.000 por daño moral y punitivo. El fallo expone la desidia institucional y la gravedad de actuar sin respaldo documental contra un consumidor.
