“EPEC no es de un gobernador ni de un partido, es de todos los cordobeses”, advierte Rodolfo, referente del gremio de Luz y Fuerza, al comenzar una conversación clave sobre la ofensiva privatizadora disfrazada de reorganización empresarial.
La transformación de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) en una Sociedad Anónima Unipersonal por decreto del gobernador Martín Llaryora no solo encendió las alarmas sindicales: también plantea una abierta contradicción con la legislación provincial vigente. “Esperamos que la justicia actúe como un poder independiente que frene este atropello a la soberanía energética”, expresó con firmeza el vocero gremial.
“Esto es político y es una lucha que vamos a llevar a todos los bloques de la Legislatura”.
En el centro de la disputa se encuentra un decreto provincial que pretende convertir al EPEC en una sociedad anónima unipersonal, permitiendo que la provincia sea la única accionista… por ahora. Pero según Luz y Fuerza, esto es solo el primer paso hacia una privatización encubierta, que desmantelaría los controles públicos y abriría la puerta a la venta de activos estratégicos.
“Sabemos cómo terminan estas sociedades anónimas: se venden las acciones y después es tarde para defender lo que era del pueblo”.
El gremio señala que este camino ya fue recorrido con consecuencias negativas en otras provincias. “Mirá lo que pasó con la servicios de electricos de Gran Buenos Aires, que hoy es Edenor, y el servicio precario que le brinda a Buenos Aires”, advierte Rodolfo, en una clara advertencia de lo que podría replicarse en Córdoba.
“Unipersonal significa que hoy las acciones están en manos del Estado. Pero mañana pueden no estarlo”.
El Estado cordobés, al declararse accionista único, simula una continuidad estatal. Sin embargo, al transformarla en Sociedad Anónima, EPEC queda sujeta al derecho privado, lo cual cambia completamente su marco de funcionamiento. El estatuto público desaparece y la empresa queda habilitada para tomar decisiones sin control legislativo ni del Tribunal de Cuentas.
“Una sociedad anónima no necesita rendir cuentas al pueblo. Puede vender activos, endeudarse, y nadie se entera”.
En este contexto, EPEC ya no estaría regida por su Carta Orgánica (Ley 9087), que establecía claramente su rol monopólico en generación, distribución y comercialización de energía. Tampoco respetaría el artículo que le otorga la licencia para operar telecomunicaciones, infraestructura construida y mantenida por EPEC, pero explotada comercialmente por otra agencia estatal.
“Están violando la ley provincial. El decreto pisa la Carta Orgánica”, denuncia Rodolfo con contundencia.
“Van a convertir a EPEC en una plataforma de negocios para los amigos del poder”.
Según el gremio, el gobierno provincial pretende usar a EPEC como pantalla para expandirse a otros sectores lucrativos como el agua, la minería y las telecomunicaciones, asociándose con privados bajo el paraguas de la empresa pública. Se trata de una estrategia de desguace progresivo: mantener la fachada estatal mientras se vacía el contenido público.
“Ojalá fuera para el bien del cordobés, pero sabemos quiénes están detrás: la Fundación Mediterránea”, lanza el dirigente sindical, aludiendo a la histórica influencia de sectores neoliberales en la política energética provincial.
El control público en retirada
“Ya no hay Tribunal de Cuentas. Ya no hay Legislatura. Solo hay un directorio puesto por el gobierno”.
La estructura anterior de EPEC garantizaba un control institucional que hoy desaparece. Al pasar al régimen privado, la empresa pierde su rendición de cuentas ante el sistema democrático. El nuevo estatuto le permite operar con lógica de mercado, incluso en sectores estratégicos, sin consulta alguna al pueblo ni sus representantes.
“Una mañana se despiertan y venden el 70% de las acciones. Y nadie lo puede impedir”, advierte con crudeza Rodolfo.
El gremio insiste en que esto viola no solo la ley provincial, sino también principios constitucionales sobre la administración de los bienes públicos. “El decreto de Llaryora está basado en un DNU nacional que ya fue denunciado por inconstitucionalidad”, añade, en referencia al Decreto 70/2023 de Javier Milei, usado como respaldo normativo por el gobierno cordobés.
“La Corte de Córdoba tiene jurisprudencia: no podés derogar una ley con un decreto”.
La acción legal fue presentada por el Dr. Villafañe en representación del sindicato, con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia provincial reconozca el carácter inconstitucional del decreto. La clave está en que la Carta Orgánica de EPEC —una ley votada por los legisladores— no puede ser modificada ni anulada por una simple norma ejecutiva.
“Las leyes se hacen en la Legislatura, no en una oficina del Poder Ejecutivo”.
La causa jurídica, por ahora en curso, podría marcar un antes y un después en la defensa del patrimonio público de Córdoba. Si la Corte rechaza el decreto, será un freno institucional al avance privatizador. Si lo convalida, sentará un precedente para desregular y privatizar empresas públicas por vía exprés.
“Donde llega la energía, llega la producción. Por eso no podemos entregar EPEC”.
Para Luz y Fuerza, no se trata solo de una cuestión jurídica, sino de un debate estratégico sobre el modelo de desarrollo. EPEC no es una empresa más: es una herramienta de planificación territorial, desarrollo industrial y conectividad para toda la provincia.
“Están arrebatando una empresa pública construida con el esfuerzo de generaciones de cordobeses”.
La defensa de EPEC como bien colectivo trasciende a los trabajadores del sector. “Esto lo tiene que defender toda la sociedad. Porque una vez que se entrega, no vuelve más”, concluye Rodolfo, convocando a legisladores, ciudadanos, cooperativas, intendentes y organizaciones sociales a sumarse a una causa que define el futuro energético, productivo y político de la provincia.
“Esto no se trata solo de una empresa. Es el modelo de provincia el que está en juego.”
La ofensiva sobre EPEC no ocurre en el vacío. Tiene marco ideológico, antecedentes concretos y, sobre todo, un objetivo político: transformar un bien colectivo en plataforma de negocios para sectores privados vinculados al poder. Así lo advierte con contundencia Rodolfo, referente del gremio Luz y Fuerza, en una entrevista en la que desmenuza la estrategia del gobierno de Córdoba y su subordinación al programa de ajuste de Javier Milei.
“El DNU 70/2023 no obliga a las provincias. Es una sugerencia. Pero en Córdoba eligieron obedecer.”
Ese decreto, presentado por el presidente como parte de un paquete de desregulación y liberalización económica, enumera una serie de empresas públicas nacionales que propone privatizar, e invita —sin fuerza de ley— a provincias y municipios a hacer lo mismo con sus entes descentralizados. En lugar de defender el federalismo y el patrimonio local, el gobierno de Martín Llaryora adoptó ese criterio como mandato, avanzando por decreto con la transformación de EPEC en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).
“Donde el DNU invita, Llaryora ejecuta. Pero sin pasar por la Legislatura.”
Y no es un caso aislado. Ya ocurrió con AMSE, la empresa municipal de servicios de la ciudad de Córdoba, que hoy opera como S.A. También sucedió con Vialidad Provincial, donde capitales privados fueron incorporados al desarrollo de obras. En todos los casos, el camino fue el mismo: decreto ejecutivo, sin debate legislativo, sin participación ciudadana, sin transparencia pública.
“Es un esquema de privatización en cuotas. Lo hacen por goteo, empresa por empresa.”
La gravedad institucional es evidente. El Ejecutivo provincial se arroga competencias que no le corresponden: deroga normas votadas por la Legislatura a través de decretos. En el caso de EPEC, se violenta la Ley Provincial 9087, que es la Carta Orgánica de la empresa estatal. Esta ley no sólo regula el objeto y estructura de EPEC, sino que incorpora el Convenio Colectivo de Trabajo, dando al empleo público estabilidad y derechos específicos.
“Modificar el estatuto de EPEC sin ley es como reescribir la Constitución con un tuit.”
El riesgo para los trabajadores es concreto: al cambiar la figura jurídica de la empresa sin discutir la ley de fondo, se desarma el marco de derechos laborales. Rodolfo lo explica sin rodeos: “Nuestra relación de dependencia es con EPEC estatal, no con una sociedad anónima nueva”. Incluso los recibos de sueldo llegan con la sigla EPEC S.A.U., algo que será judicializado, ya que la razón social estatal original sigue vigente en los registros oficiales y fiscales.
“Nos están pagando con una empresa que legalmente no existe. Es una ficción administrativa.”
La respuesta del gremio será integral: vía judicial, vía legislativa y vía movilización social. En lo legal, se presentará una acción por la contradicción entre la razón social y la forma de liquidación salarial. En lo político, se reclamará que los bloques legislativos opositores y también sectores del oficialismo se pronuncien. Y en lo gremial, se prepara una jornada de protesta en la central de EPEC Anfunes, con presencia de los principales funcionarios provinciales.
“Vamos a estar donde siempre estuvimos: en la calle, con los trabajadores y el pueblo.”
Rodolfo destaca que este intento de desguace no ocurre en soledad. Forma parte de una avanzada más amplia contra los sectores del trabajo. “Hoy en Córdoba hay conflicto con todos los gremios: judiciales, docentes, estatales, municipales”, afirma, desmintiendo la narrativa oficial de estabilidad institucional. Para él, lo que se vende desde el gobierno es una Córdoba irreal, un relato de paz social sostenido con represión y decretos.
“No hay armonía. Hay conflicto contenido. Y estamos por estallar en unidad.”
Ese diagnóstico tiene fundamento: el movimiento obrero cordobés, pese a estar dividido en cuatro centrales obreras (dos CGT y dos CTA), mantiene una coordinación efectiva en los sectores estatales. La llamada “Unidad en la Acción”, inspirada en figuras históricas como Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca, sigue viva en la práctica cotidiana.
“La conciencia de clase en Córdoba no es memoria. Es presente. Es defensa.”
Los trabajadores de EPEC, tanto en el interior como en la capital, viven con preocupación e incertidumbre este proceso. Pero también con organización. La historia del sindicato, ligado a luchas emblemáticas por la soberanía energética y por el control social del Estado, los mantiene en alerta permanente.
“No bajamos los brazos. Porque sabemos que si entregamos EPEC, perdemos la provincia.”
La estrategia privatizadora que hoy avanza sobre EPEC no es nueva. En los 90, ya se intentó con la llamada “Ley Bodega”, aprobada con sobornos y escándalo. Entonces, se vendieron el Banco Córdoba, la Lotería y otras empresas estatales. Hoy, Llaryora elige el camino del decreto, porque sabe que no tiene respaldo social ni legislativo para repetir aquella historia.
“Si estuvieran tan convencidos, habrían enviado una ley. Pero lo escondieron. Porque saben que el pueblo no quiere vender EPEC.”
Finalmente, Rodolfo insiste: esta lucha no es solo sectorial ni sindical. Es civilizatoria. “Donde hay energía, hay producción. Donde hay producción, hay empleo. Y donde hay empleo, hay dignidad”. Por eso, la defensa de EPEC es la defensa del derecho al desarrollo con justicia social.
“La energía no es una mercancía. Es un derecho. Y no se negocia.”
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