💧 Cooperativas o corporaciones: el dilema que se cocina en Villa Nueva

Javier Machado preside la cooperativa de agua de Villa Nueva con la convicción de quien no administra una empresa, sino defiende un derecho. Hijo del cooperativismo local, lleva adelante una entidad que nació para frenar epidemias y hoy enfrenta otros desafíos. De esta manera la Capyclo resiste con herramientas colectivas, historia y compromiso territorial como dice Machado, “el agua no puede quedar atrapada en un escritorio político”.

Fuente: Foto del El Diario del centro del país

 

UNA COOPERATIVA SOCIAL Y SANITARIA PARA VILLA NUEVA

 

Entrevistamos a Javier Machado, presidente de la Cooperativa de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos de Villa Nueva Ltda., entidad que desde hace más de cuatro décadas forma parte esencial de la vida cotidiana en la ciudad. Su origen está profundamente ligado a la salud pública y la organización vecinal.

 


“La cooperativa arranca allá por los años 70. Un médico villanovense detectó varios casos de hepatitis y se juntaron un grupo de vecinos para hacer una cooperativa de agua y traer el agua potable a Villa Nueva”. Por entonces, cada casa tenía su pozo, sin controles sanitarios ni planificación. La cooperativa trajo agua segura y estableció un modelo colectivo que todavía hoy sostiene la calidad del servicio en casi toda la ciudad.

 


Actualmente, la entidad brinda agua potable al 98% de la población, servicio cloacal, telefonía celular, movimiento de suelo y obras privadas. Todo bajo una lógica de economía social y con una gestión sin fines de lucro que prioriza la salud, la equidad y la cercanía.

 


“Más que todo por la salud de los villanovenses se generó la cooperativa”, enfatiza Machado. “Y no hay otra institución que represente mejor la solidaridad en la provincia que una cooperativa”. En un contexto donde muchas empresas públicas de servicios terminaron fallando y dejando a la ciudadanía a la deriva, el modelo cooperativo se consolidó como una respuesta más estable, cercana y comunitaria.

 


Fue precisamente ese fracaso estructural lo que, a fines de los 90, motivó reformas estatales en la región: intentos de modernización que buscaron evitar el colapso burocrático, pero muchas veces sin contemplar alternativas solidarias como la cooperativa. “Una ambulancia privada ni municipal te va a buscar a la punta de una montaña. La cooperativa sí va a estar ahí”, resume Machado.


La autonomía institucional se mantiene como principio innegociable. Parafraseando al referente “todo lo que hacemos es político, pero no partidario. La política partidaria se queda afuera de la cooperativa”, explica, diferenciando el compromiso social de cualquier alineamiento gubernamental.

 


LA DOBLE VARA Y LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA

 

 

La situación actual plantea serias tensiones con la gestión municipal. La estrategia, según expone Machado, consiste en una serie de obstáculos que limitan el desarrollo autónomo de la cooperativa: congelamientos tarifarios, bloqueos legislativos, presiones políticas y un discurso de aparente solidaridad que en los hechos se vuelve asfixiante.

 


“El año pasado nos congelaron la tarifa durante los cuatro meses de mayor inflación. Este año pedimos un 30% y nos dieron un 12%, que es prácticamente la nada”. Esa negativa a reconocer los aumentos, basados en informes técnicos y contables, contrasta con la actitud municipal de aumentar tasas e impuestos en un 280%. La contradicción es evidente.

 


Aclara la autoridad villanovense que el 30% (pedido de aumento) su estructura representaba con un 28% para recuperar el impacto inflacionario del año pasado. Mientras que el otro 2% significaba equiparar costos por el canon de extracción de aguas que te cobra la provincia, teniendo en cuenta que este aumento un 400%. Por otro lado, también aparece el aumento de los impuestos minicipales por lo queda claro con estos número la cooperativa es un amortiguador a los estandares cíclicos de la economía y de política públicas que deprimen la reactivación del consumo.

 


El presidente del cooperativa detalla la doble vara en cada paso de justificar lo injustificable “les dicen a los concejales que cuiden el bolsillo de la gente con el agua, pero no se lo cuidan cuando suben los impuestos un 280%”. También deja en evidencia el intento de avanzar sobre la cooperativa incluye acciones para capturar sus beneficios, sin comprender la lógica de una entidad solidaria, como las interferencias en las asambleas distritales, donde se promovió la participación con fines ajenos a su estatuto.

 


Frente a esta avanzada, la cooperativa despliega mecanismos de resistencia y revalorización territorial. Llevando a cabo como expresa el dirigente fortaleciendo vínculos con los centros vecinales y planificando el traslado de la planta cloacal. También insinua mantener espacios de formación con asesores cooperativos como Marcelo Gatti. Y sostener un modelo de gestión abierto, participativo y comprometido con la comunidad.


“La cooperativa no tiene techo, salvo que te lo quieran poner desde el municipio”, resume Machado con claridad.

 


Dialogando con Javier, se repasó los antecedentes de resistencia de la cooperativa ante otros procesos similar al actual. En donde el riesgo de municipalización o privatización no fue teórico sino que hubo intentos de entregar la gestión del agua a Agua Cordobesa, una empresa privada con fines recaudatorios de origen francés que solo lograría aumentos escalonados cada tres meses. Javier expresa en forma detallada “una cooperativa se queda, una empresa junta la plata y se va”, advierte desde su valorización.

 


Además, aparecen en la región los antecedente de la intervención municipal de la cooperativa de Carlos Paz —que luego fracasó y debió ser revertida— demuestra que sin planificación, las gestiones públicas locales no garantizan mejores resultados ni tampoco pueden disponer de los cuadros técnicos y territoriales a corto plazo. Deja en claro el referente sanitarista que “la gente después pide que vuelva la cooperativa porque el servicio no se sostiene”.

 


En el fondo, lo que está en juego no es solo una tarifa, sino un modelo de políticas públicas coherentes en relación a la economía social y solidaria como aparato transformador de la vida cotidiana de la gente. El actual problema utiliza la excusa tarifaría pero oculta ataque inconstitucionales, doble discurso y oculta la realidad del debate político. Ya que lo central se trata de debatir que pasa a nivel nacional en cuanto políticas económicas que el intendente de alguna manera también es parte.

 


Ya que tiene como aliado al diputado nacional cordobés Rodrigo de Loredo, quién le otorga gobernabilidad desde el congreso a un proyecto presidencial que cada día pierde peso en la opinión pública. Además sufre los efectos del desgaste económico y sin norte de estrategia política afectando claramente a todo el sistema de la económia social.

 


De esta manera manifiesta de forma contundente Machado, que a pesar de las restricciones e incoherencias la Capyclo muestra una lógica de servicios públicos basada en la cercanía, la participación y el bien común, frente a una estrategia municipalista de control.

 


A pesar de todo, el espacio cooperativista resiste a las condiciones que se les presentan de intento de "golpe de estado" (como bien lo categoriza Machado). Así lo expresa el referente “el agua no puede quedar atrapada en un escritorio político. Es un derecho y un recurso estratégico. Y como tal, debe ser defendido desde la comunidad organizada”.    

 

SUSTENTABILIDAD, VÍNCULOS REGIONALES Y RESISTENCIA


El dirigente cooperativista tiene una mirada estratégica de la economía social no solo que brinda debate a las dificultades sino que propone "hay que arrancar de nuevo con el cooperativismo en las escuelas, porque si no viene una generación joven, esto se apaga", advierte. Y pone el dedo en la llaga: "Hoy, en las reuniones provinciales de cooperativas, somos todos de 50, 60, 70 años. Necesitamos recambio, aire nuevo".

 


La preocupación por el futuro no es solo generacional: también es económica, ambiental y social. La cooperativa articula con pequeñas industrias de la región, especialmente en el parque industrial de Villa Nueva, donde presta servicios de factibilidad hídrica y gestiona de manera diferencial los residuos industriales.

 


"Cada empresa tiene su pozo. Algunas, como Santa Clara, tratan sus residuos con plantas compactas antes de volcarlos a nuestro sistema, que es cerrado. No tiramos nada al río."

 

 

Ese modelo de tratamiento incluye 47 hectáreas rurales, 33 de las cuales están forestadas, donde se infiltran los efluentes tratados. La idea original de talar, desbarrar y convertir ese material en ladrillos sociales no se concretó, pero hoy se retoma con un plan ambiental más riguroso.

 


"Ahora estamos talando eucaliptos para reforestar. Queremos hacerlo bien, con cerraduras móviles, aprovechando la madera y cambiando por especies locales como casuarinas o algarrobos." Por otro lado, la cooperativa no está sola: articula con el Ministerio de Cooperativas de la Provincia de Córdoba, con el que adquirió equipamiento clave como oxímetros, caudalímetros y medidores de agua. También participa de planes conjuntos de infraestructura para barrios, pavimentación y mejoras comunitarias.

 


Sin embargo, la relación con el Gobierno Nacional es tensa: "Pedimos un subsidio al INAES en junio de 2024 y lo tuvimos que pelear en Buenos Aires. Nos lo depositaron tras insistir, pero nada más. Está tremenda la situación", relata Machado. "Esperamos que no vengan por las cooperativas de Córdoba como lo están haciendo en Buenos Aires. La Federación ya advirtió que muchas van a desaparecer."

 

 

De las 12.000 personas asociadas a la cooperativa, cerca de un 10% recibe tarifa social. También se exime del cobro a veteranos de Malvinas y jubilados que cobran la mínima. Esa política de inclusión es parte del corazón y de su identidad: "Cuando asumimos había más de 100 tarifas sociales que no correspondían. Las revalidamos con organizaciones sociales y volvimos a orientarlas a quienes realmente las necesitaban."

 

 

El contexto económico es crítico: los costos salariales y energéticos representan entre el 70% y el 85% del presupuesto. La cooperativa gasta entre 15 y 16 millones de pesos mensuales solo en electricidad. Y sin embargo, a pesar de los incrementos impositivos, no ha trasladado esos costos a la tarifa.

 


"Pedimos un aumento del 30% para sostener sueldos y servicios básicos. Si fuera para invertir, tendríamos que pedir el 60%."

 


La cooperativa emplea a 25 familias de Villa Nueva. Muchas veces, padres e hijos trabajan juntos. "No somos una empresa, somos una familia extendida. Cuando hay obras, se contrata a trabajadores locales. Hay inclusión, hay arraigo, hay compromiso".

 


El mensaje final de Machado es claro:

 


"No dejemos que politicen la cooperativa. Que la sigan creyendo propia. Hoy nos toca administrarla a nosotros, mañana a otros, pero siempre será de los socios. Colaboremos para que siga creciendo."

 


En tiempos donde los discursos privatizadores vuelven a escena y se debilita la presencia del Estado en los territorios, la experiencia de Villa Nueva se convierte en un faro de resistencia porque es la antesala de lo que pasará si se debilitan las instituciones y sobretodo con un RIGI aprobado a nivel nacional.

 


No solo por la gestión de servicios básicos, sino por su modelo de cooperativismo activo, inserto en la comunidad y con vocación de futuro. En ese espejo, muchas localidades podrían mirarse para no perder lo más importante: lo que es de todos.

 

 

Fuente: entrevista realizada el martes 27 de mayo de 2025 por Revista Vértices.

 

Fuente: Foto extraida de la pagina oficial de la cooperativa
Fuente: Foto extraida de la pagina oficial de la cooperativa

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