Participá de la Audiencia Pública por el aumento del agua del 8,8%
La empresa Aguas Cordobesas solicitó una suba del 8,81% en la tarifa del agua potable por aumentos de costos entre febrero y junio de 2025. Este viernes 1º de agosto se realizará la Audiencia Pública Virtual, una instancia clave de participación ciudadana. Hay tiempo para inscribirse como expositor hasta el lunes 28 de julio inclusive. La audiencia permite que cualquier persona pueda opinar, preguntar y proponer frente a un servicio esencial cuyo valor impacta en la vida cotidiana.
Autor
Redacción
Compartir:
El viernes 1° de agosto a las 10:00 horas, se llevará a cabo la Audiencia Pública Virtual convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) para tratar el pedido de revisión tarifaria de Aguas Cordobesas S.A., concesionaria del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba.
La empresa solicitó una readecuación tarifaria del 8,81% argumentando variaciones de costos entre febrero y junio de 2025, lo cual fue evaluado y aprobado por la Mesa Tarifaria, según consta en la Resolución Particular N.º 1385. La audiencia será realizada de forma virtual mediante la plataforma Zoom.
Este tipo de instancias permiten que cualquier ciudadano, organización o especialista pueda participar como expositor, realizar preguntas, presentar objeciones, o expresar su punto de vista respecto a la calidad del servicio, el impacto económico de la suba y el modelo de concesión vigente.
¿Cómo participar como expositor?
Hasta el lunes 28 de julio de 2025 inclusive, está habilitado el plazo para solicitar la participación en carácter de expositor. El trámite debe realizarse a través del formulario de “Trámite Multinota” en la plataforma Ciudadano Digital, seleccionando como repartición destinataria:
"ENTE REGULADOR SERVICIOS PÚBLICOS (ERSEP)" Allí debe adjuntarse el formulario de inscripción correspondiente.
Acceso a la audiencia y consultas:
La audiencia será transmitida por Zoom. Enlace oficial e información completa:
La Mesa de Ayuda responderá consultas de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h a través del siguiente correo electrónico: 📩 [email protected]
Participar es un derecho
El agua potable es un derecho básico y una necesidad vital. Las decisiones tarifarias no son neutras ni automáticas: tienen efectos reales en hogares, escuelas, comercios y clubes. Participar en la audiencia pública es una forma de ejercer control social, exigir transparencia y poner en debate cómo se define el precio de un recurso esencial.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
