Este martes se realiza en todo el país una Marcha Federal por la Discapacidad en rechazo al veto del presidente Milei a la Ley 27.793. La movilización exige a los legisladores que ratifiquen su voto y repongan derechos esenciales eliminados por el decreto presidencial. Prestadores colapsados, pensiones interrumpidas, terapias en riesgo y trabajadores precarizados: el sistema de atención a personas con discapacidad está en crisis.
La discapacidad no es un gasto, es un derecho. Con esa consigna, miles de personas con discapacidad, familias, transportistas, prestadores, docentes, terapistas y organizaciones sociales se movilizan este martes en el marco de una Marcha Federal por la Discapacidad. El epicentro es el Congreso de la Nación, pero habrá réplicas en todo el país. El reclamo es urgente y directo: que el Congreso mantenga su voto y revierta el veto presidencial al proyecto de ley 27.793.
Porque el veto del presidente no es sólo una decisión política. Es una violación concreta de derechos conquistados por años de lucha colectiva. Con el Decreto 534/2025, el Gobierno dejó sin efecto una ley que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026 y establecía una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo, compatible con empleo registrado.
Pensiones no contributivas que se encuentran interrumpidas desde diciembre de 2023.
Terapias esenciales que peligran por falta de cobertura y recortes sistemáticos.
Prestadores y profesionales de la salud que ya no pueden sostenerse sin actualización de honorarios.
Centros educativos terapéuticos que están al borde del cierre por falta de recursos.
Transportistas especializados que no pueden seguir prestando servicio con aumentos descontrolados del combustible.
Talleres protegidos de producción donde trabajadores con discapacidad siguen cobrando apenas $25.000 mensuales como estímulo, sin paritarias, sin derechos laborales plenos.
El veto también fortalece la inacción y el abandono por parte de muchas obras sociales, que desde hace más de un año vienen dilatando autorizaciones, recortando terapias y desentendiéndose del sistema. Con la ley vetada, se profundiza esa lógica de desprotección.
Incluso quienes hoy cuentan con cobertura social están en riesgo. Porque la inacción del Estado legitima el ajuste silencioso que padecen miles de familias todos los días en consultorios, centros, hogares y escuelas.
Una de las excusas del Gobierno fue el “alto costo fiscal” de la ley. Sin embargo, el sistema de atención a la discapacidad no depende del presupuesto general del Estado. Sus fondos provienen de:
Aportes de trabajadores en relación de dependencia.
Monotributistas y autónomos.
Empleadores.
Fondos de ANSES y PAMI.
Por eso, el ajuste no es técnico, es político. No se trata de ahorrar, se trata de decidir quiénes pagan el ajuste y quiénes quedan afuera.
👉 Que los legisladores y legisladoras mantengan su voto positivo original, porque si el Congreso insiste, la ley será promulgada pese al veto.
👉 Que se escuche la voz del colectivo de la discapacidad.
👉 Que se priorice la vida, la dignidad y el acceso a derechos.
👉 Que no se siga ajustando sobre los sectores más vulnerables.
Porque la Discapacidad no puede esperar. Porque nos afecta a todos. Porque los derechos no se vetan. Se garantizan.
📌 Fuente: Marcha Federal por la Discapacidad, convocatoria nacional 6 de agosto de 2025.
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