En medio del ajuste y el veto presidencial que golpean con fuerza a las personas con discapacidad, las marchas crecieron de ser un puñado de voluntades a convertirse en una multitud que ya no puede ser ignorada. En ese camino, el Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, se destaca en un escenario donde buena parte de la dirigencia aparece y desaparece según los focos mediáticos, mientras el movimiento por la discapacidad se consolida como una de las luchas sociales más urgentes del país.
En apenas unos meses, la situación de las personas con discapacidad en Argentina pasó de la incertidumbre al estado crítico. El gobierno de Javier Milei avanzó con recortes presupuestarios, eliminación de pensiones y despidos en organismos claves, mientras las organizaciones respondieron con marchas y movilizaciones en todo el país.
La secuencia comenzó en noviembre de 2024, cuando el decreto 843 modificó las condiciones para acceder a las pensiones, exigiendo un 66% de discapacidad y la condición de desempleo, dejando fuera a miles de beneficiarios. A partir de marzo de 2025 se realizaron las primeras concentraciones frente a Casa Rosada, en rechazo a los recortes y a las citaciones masivas para revalidar certificados bajo nuevas reglas. El 16 de abril las organizaciones, junto a extrabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad, marcharon al Congreso para denunciar despidos y pérdida de prestaciones.
Una semana más tarde, el 23 de abril, hubo una nueva protesta en el Anexo del Congreso para exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La presión social se intensificó el 29 de abril con una jornada nacional frente al Congreso, coincidiendo con la comisión que debía tratar el proyecto de ley, suspendida días antes por el duelo tras la muerte del papa Francisco. Finalmente, el 4 de agosto, tras la aprobación de la norma por el Parlamento, el Gobierno vetó la ley de emergencia. La respuesta fue inmediata: repudio masivo, suspensión de actividades en el área de discapacidad y una gran concentración en Plaza Congreso y en las plazas centrales de cada provincia.
A lo largo de esta cronología, lo más destacable ha sido la ferviente participación de los colectivos sociales vinculados a la discapacidad, que comenzaron siendo pocos y pocas en las primeras marchas, pero que hoy multiplican su presencia, sumando a sectores sociales y políticos. La lucha dejó de ser una causa aislada para convertirse en un movimiento con anclaje comunitario y visibilidad nacional. En este proceso se hizo notar la participación del Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, quien aclaró que no pudo estar presente en la primera movilización por un viaje previamente programado, pero luego acompañó todas las demás.
Su gesto marca una diferencia importante en un escenario donde muchas veces la clase política dirigencial solo se acerca cuando los focos de los grandes medios están puestos en el tema y luego se retira por diferentes causas. En cambio, en este caso, quien representa a la Auditoría General de Villa María mediante el voto directo abrió las puertas de la institución que preside, acompañó y se sumó a los distintos reclamos del colectivo.
Esta cronología revela la tensión creciente entre los recortes del Ejecutivo y la resistencia organizada de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan. El grito que recorre las calles y las plazas es unánime: la discapacidad no puede esperar, el país necesita la Emergencia Nacional ya.
El 3 de noviembre de 1995, la ciudad de Río Tercero se convirtió en un campo de guerra. Lo que el poder intentó hacer pasar por un accidente fue, en realidad, uno de los mayores atentados de la historia argentina reciente. Treinta años después, una vecina recuerda aquel día desde su experiencia cotidiana: el trabajo, la corrida, el miedo y la esperanza.
El nuevo informe anual del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa alerta sobre un incremento del 11% en los hechos registrados respecto a 2023. La mayoría involucra a fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, con patrones estructurales de tortura, hacinamiento, violencia sexual y muertes evitables en cárceles federales.
En Villa María avanza un nuevo espacio de articulación entre organizaciones sociales, culturales y civiles, orientado a fortalecer la economía social, solidaria, popular y regional. El grupo, denominado “MAS Economía Social”, realizó su segundo encuentro con la participación de Pedro Peretti, dirigente rural y referente nacional de la soberanía alimentaria.
