En medio del ajuste y el veto presidencial que golpean con fuerza a las personas con discapacidad, las marchas crecieron de ser un puñado de voluntades a convertirse en una multitud que ya no puede ser ignorada. En ese camino, el Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, se destaca en un escenario donde buena parte de la dirigencia aparece y desaparece según los focos mediáticos, mientras el movimiento por la discapacidad se consolida como una de las luchas sociales más urgentes del país.
En apenas unos meses, la situación de las personas con discapacidad en Argentina pasó de la incertidumbre al estado crítico. El gobierno de Javier Milei avanzó con recortes presupuestarios, eliminación de pensiones y despidos en organismos claves, mientras las organizaciones respondieron con marchas y movilizaciones en todo el país.
La secuencia comenzó en noviembre de 2024, cuando el decreto 843 modificó las condiciones para acceder a las pensiones, exigiendo un 66% de discapacidad y la condición de desempleo, dejando fuera a miles de beneficiarios. A partir de marzo de 2025 se realizaron las primeras concentraciones frente a Casa Rosada, en rechazo a los recortes y a las citaciones masivas para revalidar certificados bajo nuevas reglas. El 16 de abril las organizaciones, junto a extrabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad, marcharon al Congreso para denunciar despidos y pérdida de prestaciones.
Una semana más tarde, el 23 de abril, hubo una nueva protesta en el Anexo del Congreso para exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La presión social se intensificó el 29 de abril con una jornada nacional frente al Congreso, coincidiendo con la comisión que debía tratar el proyecto de ley, suspendida días antes por el duelo tras la muerte del papa Francisco. Finalmente, el 4 de agosto, tras la aprobación de la norma por el Parlamento, el Gobierno vetó la ley de emergencia. La respuesta fue inmediata: repudio masivo, suspensión de actividades en el área de discapacidad y una gran concentración en Plaza Congreso y en las plazas centrales de cada provincia.
A lo largo de esta cronología, lo más destacable ha sido la ferviente participación de los colectivos sociales vinculados a la discapacidad, que comenzaron siendo pocos y pocas en las primeras marchas, pero que hoy multiplican su presencia, sumando a sectores sociales y políticos. La lucha dejó de ser una causa aislada para convertirse en un movimiento con anclaje comunitario y visibilidad nacional. En este proceso se hizo notar la participación del Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, quien aclaró que no pudo estar presente en la primera movilización por un viaje previamente programado, pero luego acompañó todas las demás.
Su gesto marca una diferencia importante en un escenario donde muchas veces la clase política dirigencial solo se acerca cuando los focos de los grandes medios están puestos en el tema y luego se retira por diferentes causas. En cambio, en este caso, quien representa a la Auditoría General de Villa María mediante el voto directo abrió las puertas de la institución que preside, acompañó y se sumó a los distintos reclamos del colectivo.
Esta cronología revela la tensión creciente entre los recortes del Ejecutivo y la resistencia organizada de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan. El grito que recorre las calles y las plazas es unánime: la discapacidad no puede esperar, el país necesita la Emergencia Nacional ya.
En su columna para Revista Acción, Carlos Heller analiza la estrategia oficial de responsabilizar a terceros por la crisis de imagen del Gobierno tras el escándalo de los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Advierte que el deterioro económico, la caída del consumo y la suba de tasas responden a decisiones propias del Ejecutivo, mientras se multiplican las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y las metas acordadas con el FMI.
La Mesa de actores MAS Economía Social compuesta por productores, trabajadores y profesionales se reunieron por segunda vez en el año pero esta vez en la sede de ATE Villa María con la participación de Pablo Tissera, candidato a diputado nacional quién también es parte del IMFC. La reunión tuvo el carácter para analizar la coyuntura y proyectar estrategias de cara al futuro político y social del país y abrir el camino para una nueva agenda intra-sectorial en la ciudad.
El próximo 1 de septiembre a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543, CABA), se estrena el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. La película, dirigida por Juan Pablo Lepore y producida por el Movimiento Popular La Dignidad y el CESOPMM, denuncia el control corporativo del mercado alimentario y propone la creación de una empresa pública nacional como herramienta para garantizar soberanía y acceso a precios justos.
