“Entre pagar el gas o comer: el drama que vuelve a repetirse”
Claudio Boada, presidente nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó sobre la falta de atención personalizada en las empresas de gas y la complicidad de las distribuidoras con los aumentos ilegítimos del Estado Nacional.
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Una voz nacional en defensa de los usuarios
Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezó su intervención ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) destacando que la Comisión de Usuarios del Enargas está integrada por una treintena de asociaciones con registro nacional y que todas coinciden en un diagnóstico preocupante: la pérdida del derecho a la atención personalizada y la profundización de la exclusión digital.
Atención personalizada: un derecho que se está borrando
Boada centró su primera observación en la empresa Camuzzi Gas, denunciando que es la única distribuidora del país que no posee oficinas de atención presencial publicadas en su sitio web.
Explicó que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, junto con las leyes 14.692 (Buenos Aires) y 2.221 (CABA), garantizan que los usuarios tengan derecho a una atención personalizada y a la existencia visible de oficinas comerciales, con horarios amplios y accesibles.
“Camuzzi gestiona todos sus reclamos por internet, lo que no es incompatible, pero sí insuficiente. No todos los usuarios pueden acceder a los medios digitales, y el derecho a la atención personal no puede ser reemplazado por un formulario web”, remarcó. Boada también ejemplificó con el cierre de las oficinas de AySA y la ausencia de canales presenciales en provincias como Tucumán, advirtiendo que esto genera desamparo y vulnerabilidad para miles de personas.
Judicialización y desprecio hacia los usuarios
El segundo eje de su intervención se centró en la actitud procesal de las empresas distribuidoras, especialmente Camuzzi Gas del Sur, frente a los reclamos judiciales impulsados por los usuarios.
Boada citó el caso Unión de Usuarios y Consumidores contra Estado Nacional, actualmente en trámite en el Juzgado Federal de Río Grande, que busca restituir derechos a los usuarios de Tierra del Fuego luego de aumentos sin gradualidad ni progresividad.
“Las empresas defienden los actos ilegítimos del Estado Nacional y del Enargas, priorizando su estructura económica por encima del bienestar de los usuarios”, sostuvo. El dirigente denunció además que se anuló un descuento del 50% sobre el precio del gas en boca de pozo (PIST) sin realizar audiencia pública, y que Camuzzi acompañó procesalmente esa medida injusta, afectando gravemente a los hogares patagónicos.
“Esta actitud los convierte en cómplices de los aumentos desproporcionados que obligan a elegir entre pagar el servicio o comer”, enfatizó.
Garantías mínimas en riesgo
Boada concluyó señalando que, a pesar de una medida cautelar que prohíbe los cortes de gas por deuda mientras se resuelve el juicio, las empresas siguen enviando facturas y generando presiones indebidas.
Reiteró que la presencia territorial, la atención humana y la transparencia en los canales de comunicación son pilares básicos para el acceso equitativo a los servicios públicos, y que su ausencia profundiza la desigualdad energética.
Fuente: Disertación de Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) – octubre de 2025.
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El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
