“Entre pagar el gas o comer: el drama que vuelve a repetirse”
Claudio Boada, presidente nacional de la Unión de Usuarios y Consumidores, alertó sobre la falta de atención personalizada en las empresas de gas y la complicidad de las distribuidoras con los aumentos ilegítimos del Estado Nacional.
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Una voz nacional en defensa de los usuarios
Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, encabezó su intervención ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) destacando que la Comisión de Usuarios del Enargas está integrada por una treintena de asociaciones con registro nacional y que todas coinciden en un diagnóstico preocupante: la pérdida del derecho a la atención personalizada y la profundización de la exclusión digital.
Atención personalizada: un derecho que se está borrando
Boada centró su primera observación en la empresa Camuzzi Gas, denunciando que es la única distribuidora del país que no posee oficinas de atención presencial publicadas en su sitio web.
Explicó que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, junto con las leyes 14.692 (Buenos Aires) y 2.221 (CABA), garantizan que los usuarios tengan derecho a una atención personalizada y a la existencia visible de oficinas comerciales, con horarios amplios y accesibles.
“Camuzzi gestiona todos sus reclamos por internet, lo que no es incompatible, pero sí insuficiente. No todos los usuarios pueden acceder a los medios digitales, y el derecho a la atención personal no puede ser reemplazado por un formulario web”, remarcó. Boada también ejemplificó con el cierre de las oficinas de AySA y la ausencia de canales presenciales en provincias como Tucumán, advirtiendo que esto genera desamparo y vulnerabilidad para miles de personas.
Judicialización y desprecio hacia los usuarios
El segundo eje de su intervención se centró en la actitud procesal de las empresas distribuidoras, especialmente Camuzzi Gas del Sur, frente a los reclamos judiciales impulsados por los usuarios.
Boada citó el caso Unión de Usuarios y Consumidores contra Estado Nacional, actualmente en trámite en el Juzgado Federal de Río Grande, que busca restituir derechos a los usuarios de Tierra del Fuego luego de aumentos sin gradualidad ni progresividad.
“Las empresas defienden los actos ilegítimos del Estado Nacional y del Enargas, priorizando su estructura económica por encima del bienestar de los usuarios”, sostuvo. El dirigente denunció además que se anuló un descuento del 50% sobre el precio del gas en boca de pozo (PIST) sin realizar audiencia pública, y que Camuzzi acompañó procesalmente esa medida injusta, afectando gravemente a los hogares patagónicos.
“Esta actitud los convierte en cómplices de los aumentos desproporcionados que obligan a elegir entre pagar el servicio o comer”, enfatizó.
Garantías mínimas en riesgo
Boada concluyó señalando que, a pesar de una medida cautelar que prohíbe los cortes de gas por deuda mientras se resuelve el juicio, las empresas siguen enviando facturas y generando presiones indebidas.
Reiteró que la presencia territorial, la atención humana y la transparencia en los canales de comunicación son pilares básicos para el acceso equitativo a los servicios públicos, y que su ausencia profundiza la desigualdad energética.
Fuente: Disertación de Claudio Daniel Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) – octubre de 2025.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
