El nuevo informe anual del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa alerta sobre un incremento del 11% en los hechos registrados respecto a 2023. La mayoría involucra a fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, con patrones estructurales de tortura, hacinamiento, violencia sexual y muertes evitables en cárceles federales.
El informe confirma que el 85% de los fallecimientos bajo custodia fueron potencialmente ilícitos, mayormente por problemas de salud no atendidos o negligencia médica.
Los casos se concentran en complejos penitenciarios del área metropolitana, lo que expone deficiencias estructurales del sistema sanitario carcelario.
El documento también detalla situaciones críticas en el CPF IV de Mujeres, donde se constataron abusos sexuales y falencias en el tratamiento de la población transgénero, así como en el Complejo Federal de Jóvenes Adultos (CFJA), donde persisten extorsiones, robos y amenazas sistemáticas.
En la Unidad 4 de La Pampa, se registraron hechos reiterados de violencia institucional, amenazas y delegación del control de pabellones por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que llevó al inicio de acciones judiciales y habeas corpus preventivos.
La Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad instauró un “régimen de alto riesgo” para personas privadas de libertad.
El PVI advierte que esta normativa quebranta principios básicos nacionales e internacionales al habilitar aislamientos prolongados, interceptación de comunicaciones y tratos vejatorios.
El informe subraya que dichas prácticas podrían configurar tortura o tratos crueles, y que la mayoría de las víctimas no denuncia por temor a represalias.
780 casos totales y aumento del 11% respecto a 2023
Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 se registraron 780 hechos de violencia institucional, un 11% más que el año anterior, aun con un período más corto de medición.
El 56% de los casos fue denunciado la misma semana en que ocurrió, aunque el 33% de las víctimas no quiso denunciar por miedo o desconfianza.
Las instituciones más involucradas fueron la Policía de la CABA (366 casos) y el Servicio Penitenciario Federal (271 casos). Los principales escenarios fueron la vía pública (293 casos) y las unidades penitenciarias (270 casos).
El PVI clasificó los tipos de violencia reportados:
-Golpes y agresiones físicas: 70%
-Agresiones verbales y amenazas: 33% combinadas
-Violencia sexual: 5%
-Desatención médica: 6%
-Robo de pertenencias o extorsiones: 11%
-Discriminación por identidad de género u origen: 2%
El informe destaca además el incremento de violencia en comisarías y alcaidías, donde al 26/11/2024 se alojaban 2.235 personas, un 28% más que en 2023. Allí se documentaron 94 hechos de violencia institucional, incluyendo 5 casos de violencia sexual.
Durante 2024, se registraron 200 denuncias por violencia policial contra adolescentes, el 42% menores de 16 años. Predominan los golpes y agresiones físicas, aunque también se registran demoras ilegales en los procedimientos.
La escalada de violencia en los Centros de Régimen Cerrado (CSRC) —como el Luis Agote y el Manuel Belgrano— preocupa especialmente por la falta de personal y actividades socioeducativas, lo que agrava la tensión institucional.
El PVI documentó hechos de violencia institucional en contextos de salud mental, donde se detectaron entrevistas forenses con presencia de penitenciarios armados y uso de esposas durante peritajes psicológicos, en abierta violación al Protocolo de Estambul.
También se observó el uso irregular de custodias policiales armadas en hospitales psiquiátricos, lo que vulnera los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”.
-Casos totales registrados: 780
-Aumento respecto a 2023: +11%
-Muertes potencialmente ilícitas: +85%
-Víctimas que no denunciaron: 33%
-Instituciones más implicadas: Policía CABA (366), SPF (271)
-Lugares más frecuentes: vía pública (293), cárceles federales (270)
-Modalidad más común: golpes y agresiones físicas (70%)
El informe concluye que la capacitación permanente del personal judicial y de seguridad es clave para erradicar la violencia institucional.
Entre las acciones destacadas, el PVI organizó ateneos sobre el uso de armas no letales y la visita del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, pero advierte sobre graves limitaciones en la comunicación de las personas detenidas, lo que aumenta el aislamiento y dificulta las denuncias.
Fuente: Programa contra la Violencia Institucional – Ministerio Público de la Defensa (Informe Anual 2024).
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