Una discusión urgente sobre armas, democracia y seguridad en la Argentina

Radiografía de una sociedad armada

Guillermo arranca con un dato que inquieta

“En Argentina hay una inmensa cantidad de armas. Se calcula que hay un arma cada tres viviendas. Eso significa que hay una parte muy importante de la población argentina que está armada”.

 

Lejos de ver eso como una garantía de defensa, lo considera una fuente permanente de riesgo
“Nos parece una fuente inagotable de conflictos, sobre todo teniendo en cuenta las estadísticas que nos dicen que el 70 por ciento de las personas que intenta resistir con armas algún atraco es muerta, porque se generan tiroteos”.

 

Por eso concluye con contundencia: “Pensamos que el uso de armas incluso para defensa personal es desempañadamente contraproducente”.

 
Campañas de desarme y responsabilidad del Estado

Guillermo recuerda que “en Argentina en algunas ocasiones se han desarrollado campañas de desarme”, pero remarca que “nunca fueron exitosas sencillamente porque a mi juicio se las ha encarado a medias”.

 

Explica que no se destinó la inversión necesaria

“Sin darle no solamente la importancia y la trascendencia que deberían tener, sino fundamentalmente sin darle el presupuesto que deberían tener. Una campaña de desarme significa que vos le vas a comprar el arma a la persona que se la estás pidiendo. No le podés pedir a alguien que se desarme a cambio de nada”.

 

Plantea que se trata de una política cara pero estratégica

“Una campaña de desarme es una campaña onerosa, pero a nuestro juicio vale la pena el gasto, porque lo que estamos haciendo es invirtiendo en seguridad”.

 

Desde su perspectiva, “una sociedad desarmada es una sociedad más segura que una sociedad armada”.

 

En contraposición, describe el rumbo del gobierno actual

“El actual Gobierno Nacional lo que ha hecho es liberalizar, favorecer la tenencia de armas por parte de los particulares, incluso las tenencias de armas de calibres importantes. Ha bajado incluso la edad para la portación, ha flexibilizado la normativa tendiente a tener y portar armas”.

 
Mercado de armas, cultura violenta y ausencia de conciencia social

Consultado sobre lo que está detrás de esta expansión, Guillermo admite que “por supuesto que está el negocio de las armas, están los que las fabrican, están los que las venden, están los que las reparan y están los que las utilizan ya sea con fines deportivos o con fines ilícitos”.

 

Señala además la falta de conciencia social

“Yo no creo que hoy por hoy exista una conciencia profunda en la sociedad de la necesidad de desarmarse. Creo que esto es algo que hay que trabajarlo. Creo que esto es algo que no se ha trabajado seriamente”.

 

Introduce un eje clave la cultura de la violencia

“Hay toda una cultura donde los héroes, donde los ídolos aparecen armados, donde aparecen torturando. Lo vemos en cualquier serie policial, especialmente norteamericana. En los juegos también aparece, hay toda una cultura por la cual se hace creer que el arma da protección, que da poder”.

 

Por eso afirma que “no existe una conciencia social clara acerca de que las sociedades más seguras son aquellas sociedades no solamente desarmadas, sino que abrazan las ideas con contenido de derechos humanos globalmente”.

 

Sobre Estados Unidos advierte que los ejemplos son exactamente los contrarios al relato de seguridad
“Los ejemplos que reiteradamente aparecen son los desastres que las armas realizan. Lo vemos con los disparadores en las escuelas, en los centros de congregación urbana”.

 
América Latina, gobiernos de derecha y doctrina Bullrich

Guillermo ubica estas políticas dentro de una tendencia regional

“Creo que estas son políticas transversales a los gobiernos de derecha. Hemos visto que tuvo iniciativas en este sentido el primer gobierno de Bolsonaro en Brasil. En Centroamérica en general hay otra mirada, hay una mayor tradición acerca de que el ciudadano común esté armado”.

 

Desde su experiencia en derechos humanos, señala que “lo que hace falta en definitiva son políticas públicas que pongan el acento en los derechos humanos”. Sin embargo, “las políticas públicas de los gobiernos conservadores, liberales en lo económico, tienen un rasgo en lo político que es el autoritarismo. Y el autoritarismo va de la mano de esta idea de la gente armada para defenderse”.

 

Cuando se le pregunta por la llamada doctrina Bullrich, responde

“La doctrina Bullrich no es nada nuevo, es el autoritarismo. Una de las maneras de Bullrich es llamar al Ministerio de Seguridad, Ministerio de Seguridad Nacional. Nosotros vivimos la doctrina de la Seguridad Nacional”.

 

Recuerda que la antigua ley de migraciones “era la ley Videla” y que en 2003 se la cambió “por la primera ley con contenido de derechos humanos que promulgó Néstor Kirchner, donde el objeto tutelado pasaron a ser los derechos humanos de las personas migrantes”.

 

Advierte que hoy “estamos volviendo a tutelar la Seguridad Nacional creando una policía migratoria que no tiene otro sentido que el de expulsar migrantes indeseables a los ojos del Estado gobernante”.

 
Seguridad, mano dura y derechos humanos

Guillermo describe la línea de seguridad actual como “de un autoritarismo y de una ilegalidad flagrante”. Explica que Bullrich “permanentemente está criminalizando la protesta, está dando discursos a favor de lo que genéricamente se llama mano dura, pero que en realidad son discursos ilegales”.

 

Sobre la propuesta de permitir que las fuerzas de seguridad disparen a personas que huyen, advierte
“Habilitar a alguien a que le dispare significaría en los hechos legalizar la pena de muerte. Un policía ve a alguien que no se detiene, huye y le dispara. Lo está fusilando ilegalmente sin que exista legislativamente la pena de muerte en nuestro país”.

 

A la vez critica el enfoque simplista de las dirigencias provinciales y nacionales

“La política no se toma en serio este tema. Se lo toma de la manera más fácil, más liviana y de la manera que cree que le gusta a la sociedad. Le propone darle seguridad a través de las cámaras, de más policías, y en realidad esa no es la forma de combatir la inseguridad urbana”.

 

Para él, “la inseguridad urbana se combate con políticas de derechos humanos, no con políticas represivas”. Aclara que eso no significa renunciar a la justicia penal, sino asumir que “no se previene ni con el Poder Judicial ni con un decálogo de penas aumentadas”.

 

“Hay mucho para estudiar, para analizar y para debatir, pero si se lo toma en serio este tema y con la profundidad que tiene. Cada vez que escuchamos alguna expresión de la ministra de Seguridad va en un sentido absolutamente efectista, con la idea de generar una aprobación social fácil que sabemos que es absolutamente falsa”.

 
El poder real de las policías y la administración del delito

Uno de los elementos más sensibles que introduce Guillermo es el rol de las fuerzas de seguridad en la dinámica del delito. Lo dice sin rodeos

“Sabemos además que en muchos territorios el delito es administrado por las policías. No digo que sea así en todos, ni digo que todas las policías sean corruptas, no estoy diciendo eso”.

 

Aclara que se trata de fenómenos localizados pero estructurales

“En la provincia de Buenos Aires tenemos ejemplos muy claros de territorios en los cuales la policía es la que administra el delito”.

 

Este punto, que suele evitarse en el debate público, es para él indispensable si se pretende discutir seguridad en serio. Explica que hablar de prevención únicamente en términos de patrulleros y cámaras es insuficiente porque muchas veces esas mismas estructuras estatales son parte del problema, no la solución.

 

Por eso insiste en que la dirigencia política prefiere evitar este debate profundo

“La política no se toma en serio este tema. Se lo toma de la manera más fácil, más liviana y de la manera que cree que le va a gustar a la sociedad”.

 

Desde su perspectiva, mientras no se aborde cómo funcionan realmente las fuerzas de seguridad en los territorios, cualquier narrativa de “mano dura” se vuelve un simple maquillaje en contextos donde, como él señala, “hay territorios donde la policía administra el delito”.

 

Este eje complementa al de inseguridad urbana, pero agrega un componente clave la complicidad institucional, las lógicas internas y la falta de control democrático, cuestiones que Guillermo considera imprescindibles para cualquier política pública que aspire a ser seria, sostenible y respetuosa de los derechos humanos.

 

Fuente: En exclusiva para Revista Vértices.

 

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