Pablo Sargentoni advierte sobre el impacto del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tras el anuncio del cierre del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, el presidente del Concejo Deliberante de Las Varillas, alertó sobre un retroceso institucional que afecta el acceso a derechos, paraliza servicios esenciales y reduce la discapacidad a una mirada meramente biomédica.
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Redacción
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“El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, anunciado el 30 de diciembre de 2025, y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud es una medida que afecta claramente el abordaje integral sobre las personas con discapacidad”, sostiene Sargentoni al analizar una decisión que, lejos de ser neutra, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de familias.
El Gobierno nacional argumentó “motivos de corrupción presunta, descontrol administrativo y burocracia exacerbada” para justificar la eliminación del organismo. Sin embargo, para el dirigente varillense, “la forma en que se ha implementado la medida y sus consecuencias plantean serias dudas sobre su verdadero impacto en la garantía de derechos”.
“El impacto inmediato se ha sentido de manera cruda en el acceso a los beneficios y servicios básicos”, advierte, y enumera una serie de situaciones ya visibles en el territorio. “Se están registrando demoras significativas en la emisión y renovación del Certificado Único de Discapacidad, interrupciones en la entrega de alimentos, medicación y tratamientos especializados, además de trabas en trámites que son vitales para la vida cotidiana de miles de familias”.
Para Sargentoni, este escenario no es una dificultad menor ni transitoria. “Toda esta situación está generando desorganización y parálisis administrativa en un marco de incertidumbre extrema sobre un sector vulnerable que depende directamente de estas políticas para su calidad de vida”, remarca.
Uno de los puntos más críticos del cierre de la ANDIS es, según el presidente del Concejo Deliberante, la pérdida de un enfoque específico de derechos. “Con esta medida se diluye el enfoque de derechos que caracterizaba a la ANDIS”, afirma. Y agrega “al absorber sus funciones el Ministerio de Salud, la discapacidad pasa a ser abordada principalmente desde una lógica biomédica, desconociendo su naturaleza transversal, social y comunitaria”.
La Agencia Nacional de Discapacidad, recuerda, “había sido creada en 2017 con un enfoque específico en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento del colectivo”. Ese diseño institucional, advierte, “corre el riesgo de ser marginado cuando se priorizan únicamente los aspectos clínicos”.
El cierre también implica, en sus palabras, “un retroceso institucional significativo”. “La creación de la ANDIS representaba un paso adelante en la jerarquización y profesionalización de las políticas para personas con discapacidad”, sostiene, y subraya que su eliminación “vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
En ese sentido, Sargentoni recuerda que la Convención “exige al Estado contar con estructuras dedicadas y específicas para garantizar estos derechos”, algo que hoy queda en entredicho con la disolución del organismo.
La forma en que se tomó la decisión es otro eje de cuestionamiento. “La medida se ha tomado de manera repentina, sin contar con la participación del colectivo de personas con discapacidad en el diseño de alternativas ni con planes claros para la continuidad de los servicios”, afirma. A esto se suma “la reducción drástica del personal y la eliminación de cargos, que plantean dudas serias sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades crecientes del sector”.
Para el dirigente de Las Varillas, el argumento de la corrupción no puede ser utilizado como coartada para el ajuste. “La lucha contra la corrupción se convierte en una excusa que podría terminar perjudicando a quienes menos pueden permitírselo”, advierte.
En definitiva, Sargentoni sostiene que lo que está en juego no es solo una estructura administrativa, sino una concepción de Estado. “Cuando se desarma una política pública sin planificación, sin participación y sin enfoque de derechos, el costo lo pagan siempre los sectores más vulnerables”.
Fuente: Entrevista a Pablo Sargentoni para Revista Vértices.
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El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad no es, como se intenta presentar, una simple reorganización administrativa. Para el abogado marplatense especializado en discapacidad, dirigente social y activista histórico del colectivo, se trata de un retroceso estructural en el paradigma de derechos humanos, con consecuencias concretas en el acceso a prestaciones, controles estatales y mecanismos de reclamo. Desde una trayectoria construida en el litigio, la organización colectiva y la formación jurídica, advierte que la decisión del gobierno nacional vulnera compromisos constitucionales y abre un escenario de judicialización masiva.
Reflexión de Nadia Brosard, representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Villa María, frente a la detención de Nicolás Maduro y el avance militar y político de los Estados Unidos en Venezuela. Una mirada crítica que denuncia el vaciamiento burocrático del chavismo y alerta sobre la ofensiva neoliberal bajo tutela imperial.
