La gestión del agua en la mira del poder económico
En medio de la alerta social por el arsénico que estalló en redes y se expandió a los medios, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires apareció como actor inesperado al instalar el tema desde un espacio fundado por figuras del empresariado concentrado. Mientras crecen las dudas sobre si se busca proteger la salud o abrir la puerta a intereses privados, las voces de Alberto Muñoz y Alicia Clérico recuperan la memoria de la lucha vecinal, la defensa del agua como derecho humano y la experiencia cooperativa que sostiene el servicio cuando todos los demás modelos fallan ofrecieron sus respuesta de forma inmediata a la comunidad.
Autor
Redacción
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Fuente: Foto soziable
El Plan Nacional de Agua y Saneamiento de la Nación refelaja la importancia del agua en Argentina, siendo un tema decisivo que vuelve a la agenda pública a partir de escenarios climáticos críticos, desigualdades territoriales y la persistencia de riesgos sanitarios evitables. Pero que no esta fuera de la nueva apertura económica que atraviesa nuestra país con innovadoras desregulaciones como el R.I.G.I. Dejando en un plano de más vulnerabildiad a más de 7 millones de personas aún no acceden a un servicio formal de agua potable y cerca de 20 millones carecen de saneamiento seguro, según el diagnóstico oficial.
De esta forma la calidad de vida, la salud ambiental y la equidad entre regiones dependen de una infraestructura capaz de garantizar agua segura, controlar contaminantes como el arsénico y sostener redes de distribución confiables. El documento (1) señala que cada inversión en agua genera retornos económicos significativos y reduce enfermedades hídricas, a la vez que subraya la urgencia de políticas estables, participación comunitaria y operadores territoriales fortalecidos.
En un país donde el acceso al agua sigue siendo desigual, la discusión deja de ser -puramente y exclsivamente- técnica para convertirse en un debate sobre derechos, modelos de gestión y el futuro de las comunidades en pos de la soberanía de nuestros recursos naturales. Teniendo a la económia social como salida a la crisis con la bandera de los usuarios y consumidores organizados en el control y producción de un elemento como el agua.
Un escenario donde nada es inocente y todo vuelve a discutirse
El debate sobre el arsénico en el agua explotó primero en redes sociales, donde miles de ciudadanos compartieron datos, percepciones y temores frente a un tema que lleva más de un siglo en la Argentina y que rara vez ocupa un lugar central en las decisiones políticas.
Ese movimiento espontáneo fue seguido por una avalancha mediática que empujó a los organismos públicos y en especial el cooperativismo a responder de manera parcial o general. En ese contexto, es donde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires estuvo como protagonista inesperado al presentar el informe que reabrió la discusión (2). Lo que llama la atención es que este think tank tiene como concejo de fundadores y benefactores a figuras como "Braun, Eurnekian, Pagani, Acevedo, Mindlin y Paolo Rocca" (3), empresarios que moldearon el modelo económico argentino. Y que hoy vuelven al centro del debate desde un espacio académico con vínculos directos con empresas extractivas y capital global de riesgo. Ya que su presidente, vice presidente y tesorera representan dichos sectores.
Las preguntas inevitables ¿estamos ante un gesto ambiental y sanitario por parte de un grupo académico-empresarial? o ¿estamos ante una intervención que busca condicionar la gestión del agua desde intereses privados utilizando la excusa ambiental y sanitaria? Pues, aparecen otros interrogantes ¿necesitan las nuevas inversiones extranjera vinculada al capital exportador más agua? ¿es posible disociar el actual momento geopolítico por la disputa de la reubicación de la industria minera en nuestro país necesitando un elemento tran escazo en el mundo como el agua? ¿ahora el capital minero tiene mecanismos para no perjudicar el ambiente y la salud de las comunidades donde explotan el recurso?
La voz de los usuarios y la memoria de la lucha vecinal según Alberto Muñoz
Alberto Muñoz, Secretario General de la Unión de Usuarios y Consumidores, recordó que en Villa María ya se había hablado del arsénico durante la gestiones anteriores y que en ese momento se formaron los vecinos autoconvocados contra el arsénico, un espacio que dejó huella aunque las autoridades y comunidad no lo hayan sostenido. Contó en el programa de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María "ni clientes ni rehenes" que la contaminación no es un problema local sino nacional y que en provincias como Santa Fe existe una franja completa con napas contaminadas que producen cambios visibles en el cuerpo de las familias que consumen esa agua durante años. Señaló que liberar de arsénico el agua es costoso, que los procesos de ósmosis inversa requieren mucha energía y que muchas localidades no pueden absorber esos gastos.
Cuando fue consultado por la intervención del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Muñoz dijo déjenme desconfiar. Recordó la década del noventa, cuando empresas como Suez y Vivendi tomaron el control de servicios de agua en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y dejaron desinversión, juicios ambientales y redes incompletas. Explicó que vinieron a buscar rentabilidad y después se fueron, dejando huecos ambientales terribles. Afirmó que los proyectos privatizadores fracasaron en todos sus objetivos y que solo cuando el Estado recuperó los servicios comenzaron las inversiones reales. Sostuvo que los modelos exitosos en el mundo son públicos y que el agua debe ser un derecho y no una mercancía.
El agua como derecho humano y la experiencia cooperativa sostenida según Alicia Clérico
Alicia Clérico aportó en el programa de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María "ni clientes ni rehenes" la mirada de las cooperativas que gestionan agua en la provincia de Córdoba desde la economía social. Contó que integra el Consejo de la COPI de Carlos Paz desde 2007 y que la cooperativa creció hasta convertirse en una entidad regional que presta servicio en distintas localidades del Valle de Punilla. Explicó que para las cooperativas el agua es un derecho humano, universal e indiscutible y que trabajar sin fines de lucro es esencial para garantizar ese derecho. Recordó que el cuerpo humano tiene un setenta por ciento de agua y que desde las primeras civilizaciones el desarrollo de los pueblos dependió de una fuente segura.
Describió todo lo que implica garantizar agua potable. Se necesita una planta potabilizadora, almacenamiento, redes que lleguen tanto al barrio más alejado como al centro, inversión permanente y un aporte solidario para que todos reciban la misma calidad aunque existan tarifas sociales. Señaló que algunas cooperativas tienen consejeros rentados porque así lo votaron sus asociados pero que eso no cambia la obligación de sostener la solidaridad, la participación y el trabajo comunitario. Señaló también que la educación cooperativa es fundamental porque si no educamos el otro no tiene por qué saber. Explicó que las cooperativas deben mostrar su trabajo en escuelas, centros vecinales y barrios para que la población comprenda el costo de llevar agua a un hogar y el derecho que tiene cada persona a acceder a ella.
En el final dejó una advertencia. Si el Estado le entrega el servicio a empresas extranjeras habrá sobreexplotación y el agua se convertirá en una mercancía. Dijo que una mala concesión puede traer un desastre ambiental y pidió a la audiencia que reflexione sobre qué quiere para su comunidad.
Las cooperativas de agua refuerzan tranquilidad en medio del debate por el arsénico
Mientras crece la discusión pública, las cooperativas de Villa María y Villa Nueva emitieron comunicados en los que remarcan que las napas utilizadas para abastecer a ambas ciudades se encuentran a gran profundidad y que todos los estudios reflejan una alta calidad del agua. Sostienen además que los procesos de tratamiento y los análisis físicoquímicos y microbiológicos realizados por la Universidad Tecnológica Nacional y controlados por los municipios aseguran que el agua es apta para consumo. CAPyCLO detalló que el abastecimiento proviene de perforaciones ubicadas entre los ciento ochenta y doscientos cinco metros y que las muestras se analizan quincenalmente con resultados publicados de manera abierta en su sitio web. Ambas entidades ponen a disposición de la comunidad sus canales de consulta y reafirman su compromiso con la transparencia y la tranquilidad sanitaria.
Reflexión final sobre la lucha por el oro azul en Argentina
Un informe sobre la geopolítica del agua (4) abre la discusión sobre el agua en Argentina ya no puede sostenerse únicamente desde parámetros técnicos ni desde una mirada local es puramente político. El país forma parte de una disputa mundial donde el agua se ha convertido en un recurso estratégico que ordena territorios, define desigualdades y expone tensiones entre modelos de gestión que van desde la mercantilización hasta la defensa del derecho humano. En este escenario, lo que ocurre en el territorio argentino no es ajeno a la lógica global que el informe identifica como la lucha por el oro azul, entendida como la competencia creciente por un bien escaso que condiciona el futuro de las sociedades.
Argentina pertenece a una región dotada de enormes reservas hídricas, pero también vulnerable a los procesos de privatización, sobreexplotación y estrés hídrico que ya atraviesan numerosos países. El informe recuerda que el agua puede unir o dividir, producir cooperación o escalar conflictos silenciosos que se agravan cuando los intereses económicos se superponen a las necesidades sociales. Por eso la pregunta sobre quién administra el agua y bajo qué criterios se vuelve central para anticipar escenarios de desigualdad, presión extractiva y disputa territorial.
La lucha por el oro azul también invita a pensar el lugar de las comunidades, de las cooperativas, de los operadores públicos y de la ciudadanía organizada que exige transparencia, controles y participación. En un país donde la calidad del agua y el acceso seguro varían según la profundidad de las napas, la infraestructura disponible y las prioridades políticas de cada gobierno, la reflexión final es inevitable. La defensa del agua como bien común requiere un pacto social capaz de resistir procesos de concentración, disputas geopolíticas y modelos de negocio que reducen un derecho esencial a una mercancía.
El informe concluye que aún hay tiempo para evitar que el agua se convierta en el nuevo eje de los conflictos contemporáneos y que la acción colectiva puede sostener una gestión sostenible y equitativa. En Argentina, esa tarea implica reconocer que el futuro no se juega solamente en laboratorios o en plantas potabilizadoras, sino también en la capacidad de las sociedades para defender el agua como condición de vida, soberanía y dignidad.
Fuente:
1) Plan Nacional de Agua y Saneamiento de la Nación.
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