En el marco del inicio de un nuevo año, Dana Tieffemberg y Cándida López, abogadas feministas e integrantes de la Asociación Civil Comunidad, analizan el caso de Paola desde una profunda preocupación por el entramado social que lo rodea. Ambas profesionales cuentan con una extensa trayectoria de acompañamiento a mujeres en contextos de extrema vulnerabilidad, tanto en sus gestiones jurídicas como en el trabajo territorial que hoy desarrollan desde su organización de base. Desde ese lugar, se constituyen como las primeras en brindar un refuerzo legal integral al caso, denunciando las irregularidades judiciales, la violencia institucional y la persistencia de una justicia patriarcal que castiga con mayor dureza a las mujeres pobres.
“Al igual que ustedes, nosotras también nos enteramos hace poco del caso”, reconocieron las abogadas al inicio de la entrevista. La reaparición pública de la historia de Paola se dio a partir de producciones culturales recientes que volvieron a poner el foco en la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas. “Otros casos no tuvieron tanta visibilidad”, señalaron, explicando por qué decidieron realizar un conversatorio en Villa María, el lugar donde Paola fue juzgada y condenada.
Desde el comienzo dejaron en claro la gravedad institucional del expediente. “Es un caso muy complejo, con muchas aristas”, afirmaron, y subrayaron que el pedido central hoy es la absolución, no una reducción de pena ni un beneficio excepcional. La razón es clara: “Hubo muchas irregularidades en el proceso”.
Paola es una mujer atravesada por múltiples vulneraciones. En el momento de los hechos vivía en condiciones de precariedad extrema, con escasos recursos económicos, sin haber completado la escolaridad primaria y con varios hijos a cargo. Nada de ese contexto fue considerado por el sistema judicial. “Todas esas condiciones no fueron tenidas en cuenta”, remarcaron.
Uno de los núcleos más contundentes del testimonio fue la explicación del llamado parto en avalancha. “No es una terminología muy escuchada”, aclararon, “pero se trata de partos extremadamente rápidos, que no dan margen para llegar a un centro de salud”. Son situaciones similares a las de mujeres que paren en un taxi o en la vía pública.
En el caso de Paola, el parto ocurrió en soledad, en un espacio precario, sin asistencia médica ni posibilidad real de pedir ayuda. “Fue una emergencia obstétrica”, insistieron, y subrayaron que este tipo de situaciones no deberían ser judicializadas.
Sin embargo, el sistema penal actuó en sentido inverso. “Ni siquiera se pudo comprobar que el bebé haya nacido con vida”, señalaron, y aun así Paola fue condenada a prisión perpetua. Para las abogadas, este dato vuelve insostenible cualquier justificación jurídica de la sentencia.
Además, cuestionaron los estereotipos que pesaron sobre la acusada. “Se utilizó la idea de la buena y la mala madre”, explicaron. El tribunal sostuvo que, como Paola ya había tenido otros hijos, “tenía que saber perfectamente cómo parir”, como si los partos fueran procesos simples, previsibles y controlables. “Sabemos que no lo son”, afirmaron, recordando que incluso hoy siguen existiendo muertes maternas.
Desde el punto de vista jurídico, Dana Tieffemberg y Cándida López detallaron una serie de irregularidades estructurales. El hecho ocurrió en 2012, cuando la perspectiva de género aún no era aplicada en el sistema judicial. “Estábamos muy lejos de eso”, señalaron.
La causa comenzó caratulada como abandono de persona agravado por el vínculo, un delito con una pena máxima de 20 años. “A último momento la Fiscalía cambia la carátula”, explicaron, y pasa a homicidio agravado por el vínculo, lo que habilitó la prisión perpetua. Ese giro procesal resulta determinante en la condena que hoy cumple Paola.
Otro dato clave es el tiempo. La sentencia llegó recién en 2015, tres años después de los hechos. Durante todo ese período, Paola estuvo privada de la libertad. “La prisión preventiva debe ser excepcional”, recordaron, y solo corresponde cuando hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. “En este caso no existía ninguna de esas posibilidades”.
La entrevista también puso en evidencia la desigualdad penal. “Tenemos abusadores de niños y femicidas que quedan en libertad por falta de pruebas”, señalaron, “y una mujer pobre enfrentando una cadena perpetua sin pruebas suficientes”. Esa comparación expone, según las abogadas, el carácter patriarcal y clasista del sistema penal.
Durante años, Paola contó únicamente con una defensa oficial. “Sin desmerecer la defensoría pública”, aclararon, “pero nunca se pidió su absolución”. Nadie le creyó. Recién en 2023 el caso fue retomado por una defensa feminista comprometida, encabezada por Julia Luna y Rocío Garro, integrantes de la Guardia Feminista de Católicas por el Derecho a Decidir.
En ese momento, la condena ya estaba firme y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. “Lo que correspondía era ir a la Corte Suprema, y eso no se hizo”, explicaron. Frente a ese escenario, las abogadas avanzaron con un recurso de revisión, sustentado en prueba nueva, requisito indispensable para que el tribunal vuelva a analizar el caso.
Esa prueba incluye el informe de una médica especialista en gineco-obstetricia que revisó la pericia original y expuso falencias graves, además de explicar los efectos físicos y hormonales que atraviesan las mujeres durante un parto en avalancha.
En ese marco, la Asociación Civil Comunidad decidió intervenir de manera directa. “Vamos a ser la primera organización local en presentar un amicus curiae”, afirmaron. Ese gesto tiene un valor simbólico y político central. “Para Paola es muy importante que su propia comunidad la acompañe”, explicaron, sobre todo después de haber sido estigmatizada mediáticamente.
El testimonio avanzó sobre una dimensión más profunda. “No es solo una mujer, es una mujer pobre”, señalaron. La interseccionalidad aparece como una clave explicativa. Paola atravesó situaciones de calle, violencia de género y dependencia extrema. El parto ocurrió en la casa de su exsuegro, “a cambio de ciertos favores”, en un contexto de absoluta vulnerabilidad.
La condena no solo la privó de la libertad. También destruyó su nombre en el espacio público. “Los medios la llamaron mata bebés”, recordaron. Ese tratamiento influyó directamente en el juicio, que se resolvió mediante jurados populares, personas sin formación jurídica y atravesadas por el clima social de condena previa.
Hoy Paola quiere que su historia sea conocida. “Quiere que se sepa su nombre, limpiar su nombre, por ella y por sus hijos”, afirmaron. A diferencia de otros casos emblemáticos, ella eligió hablar, exponerse y pedir visibilidad.
La campaña Libertad para Paola busca justamente eso. A través de una página web, acciones públicas y articulación con organizaciones feministas, se intenta romper el silencio institucional. “Las redes son lo que nos sostienen”, dijeron. “Es pasito a pasito, pero hay que seguir luchando”.
El cierre fue contundente. “Las emergencias obstétricas no deberían pasar por el sistema penal”, afirmaron. Lo que ocurrió con Paola “es una injusticia que interpela a toda la sociedad”. La revisión del caso no es solo un reclamo jurídico, sino una deuda democrática pendiente.
Fuente: En exclusiva con el programa Déficit Cero, producido por Somos Barbarie.
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