El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
El expediente CAF 49357/2025 fue presentado para frenar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional que habilita la privatización de Corredores Viales. La medida judicial sostiene que la Resolución 1843/2025 vulnera derechos y genera consecuencias permanentes sobre millones de usuarios.
Fernando Gray lo expresó con firmeza: “El acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional constituye una flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables, que habilitarán el cobro indebido de tarifas y generarán un daño grave imposible de revertir.”
En la misma línea, advirtió sobre el impacto directo en la vida cotidiana: “Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes, lo que impactará directamente en la economía de quienes utilizan diariamente este corredor para cumplir con sus obligaciones.”
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial acompañó la acción judicial. En su comunicado destacó que la decisión de recurrir a la Justicia es necesaria para proteger a quienes dependen de las rutas para trabajar, producir y trasladarse.
El organismo fue categórico: “Se pretende continuar con un régimen de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, inviable y antieconómico.”
Desde CONADUV agregan que este modelo “generará serios perjuicios sociales y económicos afectando a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad en su conjunto”.
La presentación también advierte que el proceso se lleva adelante sin un Ente Regulador creado por Ley, lo cual abre la puerta a abusos tarifarios, menor control estatal y ausencia de participación ciudadana en decisiones que afectan a millones de personas.
La Resolución 1843/2025 se apoya en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742. Sin embargo, la presentación judicial señala que la norma no autoriza a privatizar servicios o corredores no previstos originalmente, lo cual debilita la legalidad del procedimiento.
Para Gray, esto implica un riesgo profundo: “Habilitará el cobro indebido de tarifas” y derivará en un “daño grave imposible de revertir”.
La crítica central es que la medida podría desencadenar: aumentos desmedidos en los peajes,
prácticas monopólicas, deterioro en la calidad del servicio, y un traspaso de costos al usuario sin control estatal efectivo.
La nota judicial recuerda que el peaje es un servicio público esencial, que debe garantizarse de forma regular, continua y accesible, incluso cuando su gestión sea delegada a privados.
Avanzar con privatizaciones sin reguladores independientes, auditorías o mecanismos de protección al usuario puede derivar en un escenario donde la rentabilidad empresarial se impone sobre el interés público.
CONADUV lo plantea de manera contundente en su documento: “Recuperar las rutas por parte del Estado supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina.”
El organismo insiste en que se debe jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad, recuperar control estatal y promover un sistema de transporte multimodal que priorice la accesibilidad y la competitividad económica antes que los beneficios privados.
El amparo de Gray y el respaldo técnico de CONADUV abren un debate nacional: ¿Las privatizaciones pueden avanzar sin control, sin participación ciudadana y sin demostrar beneficios para los usuarios?
La Justicia deberá determinar si la Resolución 1843/2025 es constitucional y si respeta los principios básicos del derecho público, pero los argumentos del amparo exponen un riesgo claro: que millones de personas terminen pagando peajes más caros por un servicio sin regulación y sin garantías.
El fallo que surja de este expediente marcará un precedente decisivo para la defensa de los usuarios viales y para el futuro de la infraestructura pública en la Argentina.
Fuente
-Documento de CONADUV y presentación judicial
-Parte de prensa del intendente de Esteban Echeverría. Presentó amparo con medida cautelar por la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025.
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