Golpe a la privatización de peajes: Gray y CONADUV van a la Justicia para proteger a los usuarios viales
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Autor
Redacción
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Fuente: Difusión Empresarial
Un amparo para detener la privatización y evitar un daño irreversible
El expediente CAF 49357/2025 fue presentado para frenar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional que habilita la privatización de Corredores Viales. La medida judicial sostiene que la Resolución 1843/2025 vulnera derechos y genera consecuencias permanentes sobre millones de usuarios.
Fernando Gray lo expresó con firmeza: “El acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional constituye una flagrante vulneración de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables, que habilitarán el cobro indebido de tarifas y generarán un daño grave imposible de revertir.”
En la misma línea, advirtió sobre el impacto directo en la vida cotidiana: “Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes, lo que impactará directamente en la economía de quienes utilizan diariamente este corredor para cumplir con sus obligaciones.”
CONADUV respalda el planteo: el peligro del “falso peaje”
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial acompañó la acción judicial. En su comunicado destacó que la decisión de recurrir a la Justicia es necesaria para proteger a quienes dependen de las rutas para trabajar, producir y trasladarse.
El organismo fue categórico: “Se pretende continuar con un régimen de ‘falso peaje’ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, inviable y antieconómico.”
Desde CONADUV agregan que este modelo “generará serios perjuicios sociales y económicos afectando a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad en su conjunto”.
La presentación también advierte que el proceso se lleva adelante sin un Ente Regulador creado por Ley, lo cual abre la puerta a abusos tarifarios, menor control estatal y ausencia de participación ciudadana en decisiones que afectan a millones de personas.
Una privatización sin respaldo suficiente en la Ley de Bases
La Resolución 1843/2025 se apoya en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742. Sin embargo, la presentación judicial señala que la norma no autoriza a privatizar servicios o corredores no previstos originalmente, lo cual debilita la legalidad del procedimiento.
Para Gray, esto implica un riesgo profundo: “Habilitará el cobro indebido de tarifas” y derivará en un “daño grave imposible de revertir”.
La crítica central es que la medida podría desencadenar: aumentos desmedidos en los peajes, prácticas monopólicas, deterioro en la calidad del servicio, y un traspaso de costos al usuario sin control estatal efectivo.
El rol del Estado y la advertencia sobre los servicios públicos esenciales
La nota judicial recuerda que el peaje es un servicio público esencial, que debe garantizarse de forma regular, continua y accesible, incluso cuando su gestión sea delegada a privados.
Avanzar con privatizaciones sin reguladores independientes, auditorías o mecanismos de protección al usuario puede derivar en un escenario donde la rentabilidad empresarial se impone sobre el interés público.
CONADUV lo plantea de manera contundente en su documento: “Recuperar las rutas por parte del Estado supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina.”
El organismo insiste en que se debe jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad, recuperar control estatal y promover un sistema de transporte multimodal que priorice la accesibilidad y la competitividad económica antes que los beneficios privados.
Un caso clave para el derecho de usuarios y consumidores
El amparo de Gray y el respaldo técnico de CONADUV abren un debate nacional: ¿Las privatizaciones pueden avanzar sin control, sin participación ciudadana y sin demostrar beneficios para los usuarios?
La Justicia deberá determinar si la Resolución 1843/2025 es constitucional y si respeta los principios básicos del derecho público, pero los argumentos del amparo exponen un riesgo claro: que millones de personas terminen pagando peajes más caros por un servicio sin regulación y sin garantías.
El fallo que surja de este expediente marcará un precedente decisivo para la defensa de los usuarios viales y para el futuro de la infraestructura pública en la Argentina.
-Parte de prensa del intendente de Esteban Echeverría. Presentó amparo con medida cautelar por la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
