El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad no es, como se intenta presentar, una simple reorganización administrativa. Para el abogado marplatense especializado en discapacidad, dirigente social y activista histórico del colectivo, se trata de un retroceso estructural en el paradigma de derechos humanos, con consecuencias concretas en el acceso a prestaciones, controles estatales y mecanismos de reclamo. Desde una trayectoria construida en el litigio, la organización colectiva y la formación jurídica, advierte que la decisión del gobierno nacional vulnera compromisos constitucionales y abre un escenario de judicialización masiva.
Desde distintos espacios vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el posicionamiento es unánime. “Toda mi vida la dediqué prácticamente a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad”, señala el entrevistado, quien participa activamente en organizaciones sociales, colegiadas y provinciales vinculadas a la temática.
En ese marco, define el cierre de ANDIS como una medida “desgraciada”, no por la desaparición de una oficina, sino porque implica “un cambio total del paradigma de la discapacidad”. Según explica, se abandona el enfoque social y de derechos humanos para regresar a una concepción médica y asistencial, al trasladar la política de discapacidad al ámbito exclusivo de la salud.
“Dentro del ámbito de la salud se van a preocupar por la rehabilitación, pero no por la inclusión”, advierte, señalando que quedan relegados derechos centrales como accesibilidad, transporte, educación, trabajo y participación social.
El abogado es contundente al señalar que estas decisiones contradicen normas de jerarquía superior. La Argentina ratificó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada luego con jerarquía constitucional a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
“Estas medidas están violando flagrantemente disposiciones internacionales que han sido reconocidas por nuestro país”, sostiene. En consecuencia, no se trata solo de una discusión política, sino de incumplimientos constitucionales y convencionales, que habilitan acciones judiciales tanto individuales como colectivas.
Ante la pregunta sobre cómo puede accionar una persona cuyos derechos se ven vulnerados, la respuesta es clara. “Lo más expedito son los amparos”, explica, señalando que tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional existen procedimientos rápidos para este tipo de reclamos.
La falta de controles estatales, profundizada con el cierre de ANDIS, genera un escenario donde las obras sociales y prestadoras incumplen sistemáticamente. “Están dejando a personas con discapacidad totalmente desprotegidas”, afirma. Frente a ello, el amparo se convierte en la única vía efectiva para garantizar prestaciones básicas, tratamientos, medicamentos y apoyos indispensables para la vida cotidiana.
Uno de los puntos más graves señalados es la desaparición de los dispositivos administrativos que permitían hacer efectivos derechos ya reconocidos por la ley. El entrevistado pone como ejemplo el transporte público.
Las empresas de ómnibus y ferrocarriles tienen la obligación de otorgar pasajes gratuitos a personas con CUD. Mientras en el sistema ferroviario el derecho aún se cumple con dificultades, en el transporte privado es sistemáticamente negado bajo argumentos falsos como supuestos cupos agotados.
Antes, estas situaciones podían resolverse con una denuncia directa ante delegaciones estatales locales. Hoy, con el achicamiento del Estado, “tenés el derecho, pero te faltan las vías recursivas para poder hacerlo cumplir”.
Consultado sobre la ley de emergencia en discapacidad, el especialista ofrece una mirada crítica y matizada. Reconoce avances parciales, como la actualización de honorarios para prestadores, pero advierte que la norma es limitada y no aborda integralmente la problemática.
“La discapacidad no es solo salud”, remarca. La emergencia deja fuera dimensiones centrales como accesibilidad urbana, transporte, educación inclusiva, cupo laboral, derechos culturales y políticos. Incluso, al flexibilizar el requisito del CUD, puede debilitar el acceso a marcos normativos más amplios y protectores ya existentes.
Frente a un Estado que se retira, las organizaciones del sector refuerzan estrategias colectivas. Difusión de derechos, presentación de notas ante ministerios, acciones judiciales, marchas y congresos forman parte de una agenda activa, aunque con respuestas oficiales escasas o inexistentes.
En Mar del Plata, el colectivo impulsa para marzo un congreso nacional que busca recuperar una dinámica organizativa fuerte. “Si no, el gobierno con la anarquía que propone se lleva todo por delante”, advierte.
El cierre de ANDIS no solo afecta a las personas con discapacidad. Impacta en familias, profesionales, prestadores y redes comunitarias que sostienen cotidianamente derechos que el Estado abandona. El entrevistado anticipa un escenario de creciente judicialización, pero también de organización social.
El mensaje final es claro: los derechos existen, están escritos y tienen jerarquía constitucional. El problema no es su ausencia, sino la decisión política de no garantizarlos.
Fuente: Entrevista a Jorge Fidalgo, abogado especialista en discapacidad y activista por los derechos de las personas con discapacidad, realizada en Mar del Plata.
Pablo Sargentoni advierte sobre el impacto del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tras el anuncio del cierre del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, el presidente del Concejo Deliberante de Las Varillas, alertó sobre un retroceso institucional que afecta el acceso a derechos, paraliza servicios esenciales y reduce la discapacidad a una mirada meramente biomédica.
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