Baja de imputabilidad: “No es la edad, es el hambre”
En diálogo con Revista Vértices, el referente de derechos humanos de San Luis, Wesen Rubio, analiza el proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad y advierte que la medida no aborda las causas estructurales del delito juvenil. Mientras el gobierno impulsa un endurecimiento del régimen penal adolescente, Rubio sostiene que el conflicto no es etario sino social, y que la discusión debería centrarse en la pobreza, la exclusión y la falta de políticas públicas integrales.
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Fuente: Foto Somos Uno
La baja de imputabilidad y la lógica del castigo
Cuando se le consulta sobre el anuncio de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, la respuesta es directa. “Patricia Bullrich pretende avanzar con la baja de la imputabilidad hacia los menores, como si el castigo fuera imputar a menores y no ir a las causas fundamentales que hacen que la delincuencia esté creciendo”.
El planteo no es aislado. Sostiene que el problema no es penal sino social. “La delincuencia tiene que ver con la necesidad de sobrevivir”, afirma, en un contexto donde —según describe— el deterioro económico empuja a sectores cada vez más jóvenes a situaciones límite.
Desde su mirada, bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada estructural. Es una medida que desplaza la discusión. “Lamentablemente estamos en esa situación”, insiste, señalando que se construye una respuesta punitiva frente a una crisis social profunda.
Juventud estigmatizada y barrios bajo sospecha
El avance sobre la imputabilidad, explica, se inscribe en un proceso más amplio de criminalización. “El tema de las persecuciones a los jóvenes en los barrios, los barrios populares, la estigmatización que hay hacia la juventud”, enumera.
Para él, se consolida un relato que coloca a la juventud pobre como amenaza, mientras se invisibilizan las condiciones materiales que explican la exclusión. “Uno va haciendo un cúmulo de situaciones donde claramente, como ciudadano, nos sentimos totalmente vulnerados”.
La baja de imputabilidad aparece entonces como una pieza más de un engranaje represivo que desplaza responsabilidades estructurales hacia los sectores más débiles.
Seguridad, espionaje y paralelismos históricos
Al abordar las nuevas facultades de los servicios de inteligencia, el tono se endurece. “Se le da el poder al Estado, en un Estado democrático, de que no respete las normas convivenciales, los derechos que tenemos, y podemos ser espiados, podemos ser perseguidos”.
Establece un paralelismo histórico. Recuerda el accionar de la Triple A y el período previo al golpe de 1976. “El terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo”, afirma, y advierte que hoy se habilitan mecanismos que erosionan garantías básicas.
Para él, permitir que fuerzas armadas o de seguridad asuman roles políticos es “otro hecho aberrante que hay que denunciar”. En su diagnóstico, el peligro no es simbólico sino institucional. “El Estado de Derecho está en serio peligro”.
Derechos humanos más allá de la memoria
Su enfoque no reduce los derechos humanos al pasado dictatorial. “El tema de derechos humanos no es solamente lo que pasó durante el terrorismo de Estado, sino también el derecho al trabajo concretamente”.
Desde esa perspectiva, cuestiona la reforma laboral. “Se pretenden avanzar sobre derechos humanos como son los derechos laborales, conseguidos con la lucha de años de miles de trabajadores y trabajadoras”.
Para él, congelar jubilaciones, precarizar el empleo y desregular el trabajo no son decisiones técnicas, sino regresiones en materia de derechos fundamentales.
Jubilados reprimidos y Congreso cómplice
La imagen que utiliza es contundente. “La movilización de los miércoles ya no es una postal, sino que es el paisaje de la represión que lleva adelante el gobierno nacional sobre jubiladas y jubilados”.
Denuncia el silencio institucional. “Están sesionando adentro y los jubilados son apaleados afuera”, describe, marcando una fractura entre representación política y realidad social.
En ese marco, cuestiona la pasividad del Congreso. Sostiene que muchos legisladores acompañan las reformas “con beneficios para los gobernadores”, mientras el deterioro democrático avanza.
Medios comunitarios frente al ninguneo y la desinformación
Desde lo comunicacional, también se siente afectado. “Acaban de derogar el estatuto del periodista”, señala, subrayando la precariedad estructural del sector.
Afirma que existe “una orfandad enorme para que el pueblo pueda estar informado”. Frente a eso, reivindica el rol de los medios comunitarios como espacios de profundidad y memoria activa.
Su conclusión no es tibia. “No se ha dado muchas veces que un gobernante haga campaña diciendo las atrocidades que va a hacer y gane. Y la está haciendo, y no hay respuesta del pueblo”.
Por eso insiste en que los organismos de derechos humanos, los sectores sindicales y políticos deben asumir un rol más activo. “La exigencia tiene que ser a quienes el pueblo elige por voluntad popular”.
Fidela Azarian, es doctora en Ciencia Política, docente e investigadora, reflexiona sobre el escenario político y económico actual y advierte que no es posible pensar la igualdad de género, la participación y la democracia por fuera del modelo de desarrollo que se impulsa en el país. En un contexto de desfinanciamiento universitario, avance sobre derechos laborales y creciente desigualdad, plantea que los feminismos populares tienen la responsabilidad histórica de ampliar la representación, sostener el pensamiento crítico y defender una Argentina integrada, con justicia social y soberanía productiva.
Kitty Machado en exclusivo con Revista Vértices recuerda a Mirta Martínez como símbolo de una solidaridad cotidiana que no buscó reconocimiento, sino respuestas concretas frente a la necesidad. A través del comedor Niños Felices, su compromiso dejó una marca profunda en la comunidad, una huella que sigue viva en la memoria colectiva y en la herencia solidaria de tantas mujeres que, como ella, hicieron del cuidado, la organización y el amor al prójimo una forma de acción social permanente.
Desde Mallín Ahogado, Silvia Rojas, brigadista forestal e integrante de la organización Sur a Sur, describe una realidad que no entra en partes oficiales. El incendio sigue activo en sectores clave, las brigadas autoconvocadas trabajan con recursos conseguidos por solidaridad y la prevención, dice, exige agua cerca de las viviendas, formación comunitaria y un Estado que llegue antes, no después
