Servicios públicos bajo control: la propuesta de una Defensoría con perfil social
Desde Tucumán, Miguel Paz, abogado, dirigente social y referente de la Unión de Usuarios y Consumidores Filial NOA, impulsa su candidatura a Defensor del Pueblo a través del mecanismo abierto que habilita la Legislatura provincial. Con militancia territorial, participación comunitaria y vínculos con el cooperativismo, plantea una reorganización interna del organismo, más control sobre servicios públicos y una defensoría orientada a derechos humanos, con experiencia concreta en la defensa cotidiana de usuarios y consumidores.
Autor
Redacción
Compartir:
Candidatura abierta y participación ciudadana
“La candidatura surge de un llamado abierto que hace la Legislatura de la provincia”, explica Miguel. Recuerda que la Defensoría del Pueblo de Tucumán existe desde 1995 y que, tras la reforma constitucional de 2006, se estableció un mecanismo abierto “para que cualquier ciudadano de cualquier punto de la provincia se pudiese presentar”.
A partir de su militancia en la Unión de Usuarios y Consumidores tomó dimensión del proceso, se interiorizó sobre requisitos y condiciones, y decidió postularse. “Uno se postula mediante la presentación de tu curriculum”, detalla, y agrega que en esta instancia se inscribieron “46 ciudadanos de distintos oficios y profesiones”. Luego se abre un período de “impugnaciones y observaciones” para que la ciudadanía opine, los inscriptos respondan, y finalmente dos comisiones permanentes evalúen currículums y formulen una terna. “Eligen tres personas que serán puestas a elección en una sesión extraordinaria”, y allí los 49 legisladores “tendrán que elegir por uno”.
Su objetivo es “llegar a esa terna para poder mínimamente representar a nuestro sector, que es la defensa de los usuarios y consumidores”, aun reconociendo que están “medio lejos de los favoritos de la Casa de Gobierno”. Para reforzar la postulación, señala que están impulsando “una junta de firmas y avales”, con apoyo de personas de la provincia y “compañeros y compañeras de renombre” del país.
Qué defensoría propone y por qué la actual está cuestionada
Si llega al cargo, su primera medida sería clara. “Mi primera medida sería una reorganización interna, primero de la defensoría, para poder brindar un buen servicio a la comunidad”. Remarca que la defensoría debe funcionar como un organismo “monitor y velador de una buena administración pública”, controlando la administración central, la Casa de Gobierno, entes reguladores y empresas de servicios públicos.
Para eso propone “readecuar el organigrama” y construir áreas especializadas, porque si la tarea es controlar al Estado provincial, “mínimamente vos tenés que tener áreas especializadas de acuerdo al organigrama que plantea la provincia”. En ese diagnóstico, considera que la institución hoy es “muy cuestionada políticamente por la cantidad de agentes que posee”, y que la discusión no puede quedarse en números, sino en eficiencia, estructura y capacidad real de control.
Servicios públicos, militancia colectiva y el sentido de la postulación
Miguel sostiene que su recorrido puede aportar una mirada concreta a lo que la defensoría realmente tramita. Relata que en su paso por la institución detectó que “más del 70% de la actividad de la Defensoría del Pueblo estaba abocada a los servicios públicos”, y afirma que esa experiencia se puede volcar en lo que “realmente necesita el pueblo de Tucumán”.
En esa línea, señala que su fortaleza no es solo el título, sino un doble soporte. “Tenemos la formación académica y la formación territorial”. Explica que viene de la militancia política y luego se consolidó en la militancia asociativa, en defensa del consumidor, que define como un campo amplísimo.
Sobre la Unión de Usuarios y Consumidores, describe un impacto personal y profesional que lo empujó a lo colectivo. “Ha sido un punto de inflexión en mi vida particular, en mi vida profesional”, dice, porque le permitió salir de “un ambiente tan egoísta como es la abogacía” y “abrirme a lo colectivo”, a defender derechos que muchas veces las personas ni siquiera saben que están siendo defendidos. Lo sintetiza con una idea de ética militante. “Pensar en el otro, aunque muchas veces uno de ese otro no obtenga ni siquiera un agradecimiento”. Y plantea un desafío estratégico. “El gran desafío que viene por delante es dar a conocer más estos derechos y mucho mejor dar a conocer nuestra actividad como asociación colectiva”.
El cierre de la entrevista muestra el tono con el que vive la candidatura. Tiene 38 años, reconoce que “ya más o menos sabemos quién sería el próximo defensor”, pero igual lo asume como “una acción militante”. Lo define con una frase que marca el espíritu de campaña. “Uno lo vive con pasión, lo vive con esa esperanza, lo vive con esta mística de militante”. Habla de avales impresos, familias y amigos involucrados, y rescata el valor de volver a lo presencial. “Volver a creer en la política”.
En el marco de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral 2026–2030 de la distribuidora eléctrica de Tucumán, un abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores del NOA, Miguel Paz expuso objeciones técnicas, sociales y territoriales al diseño del cuadro tarifario. Desde fallas estructurales en la ingeniería de tarifas hasta la falta de controles en la tarifa social y la ausencia de espacios de participación ciudadana, la intervención puso en evidencia cómo el esquema propuesto puede perjudicar directamente a los usuarios.
En el cierre del año, la Unión de Usuarios y Consumidores volvió a marcar posición política, social y económica. En una extensa entrevista radial, su presidente a nivel nacional, Claudio Boada, realizó un balance del trabajo territorial de la organización, advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana y reafirmó una definición central: sin Estado no hay mercado justo ni derechos posibles para usuarios y consumidores. La entrevista se realizó en el último programa del ciclo 2025 de SOS Señal de Radio, en Radio Futura junto a Ricardo Gil y Gustavo Pescetta, y funcionó como una síntesis política del recorrido anual de la organización en un contexto que Boada definió sin rodeos como “muy difícil”.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
