Un amparo presentado en la Justicia Federal busca eliminar el cobro de peajes en rutas nacionales, argumentando que es inconstitucional y constituye una doble imposición. Desde el CONADUV denuncian que este sistema actúa como un "falso peaje" que perjudica a toda la sociedad, encareciendo costos y restringiendo la libre circulación. La causa podría sentar un precedente clave y cambiar el futuro del sistema vial en Argentina.
Denuncian que el sistema es inconstitucional, constituye una doble imposición y vulnera derechos fundamentales. Desde un recurso de amparo con medida cautelar fue presentado en la Justicia Federal con el objetivo de eliminar las estaciones de peaje en los corredores viales nacionales concesionados. La acción judicial, impulsada por el ingeniero agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), recayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Sergio Viri.
El reclamo se basa en la supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad del cobro de peajes en rutas nacionales, argumentando que estas vías son de dominio público y han sido financiadas con los impuestos de los ciudadanos. Además, se denuncia que no existen caminos alternativos gratuitos, lo que convierte al peaje en un pago obligatorio e ilegítimo para los usuarios viales.
Uno de los principales fundamentos del amparo es la doble imposición que representa el peaje, ya que el mantenimiento de las rutas ya se financia a través del Impuesto a los Combustibles. "Estamos frente a un sistema de 'falso peaje', que actúa como un impuesto al tránsito y que es claramente inconstitucional, injusto y antieconómico", sostuvo Cadoppi.
Desde el CONADUV también alertaron sobre los perjuicios sociales y económicos que genera el sistema concesionado, encareciendo el transporte de bienes y servicios y afectando la competitividad del país. "El peaje no solo es una barrera económica para la circulación, sino que genera un costo adicional que se traslada a los consumidores", señalaron.
Reclamo por un nuevo modelo vial
El amparo no solo busca la eliminación del cobro de peajes, sino que también plantea la necesidad de que el Estado recupere el control de la red vial nacional, permitiendo que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) retome su rol como organismo rector de la política vial.
"Recuperar las rutas supone poner fin a uno de los ciclos más escandalosos del proceso privatizador en Argentina", remarcaron desde el CONADUV. La organización exige que los recursos del Impuesto a los Combustibles sean utilizados exclusivamente para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, sin la intervención de empresas concesionarias.
Asimismo, la entidad propone avanzar hacia un sistema de transporte multimodal, que integre rutas viales, ferroviarias y fluviales como parte de una política de Estado orientada a mejorar la conectividad y la competitividad económica del país.
La presentación judicial podría sentar un precedente clave en el debate sobre la legalidad del cobro de peajes en Argentina. Si el juez Viri falla a favor del amparo, el Gobierno y las concesionarias viales podrían verse obligados a revisar los contratos vigentes y replantear el esquema de financiamiento de la red vial.
No obstante, el caso enfrenta varios desafíos, entre ellos la posible apelación por parte del Estado y de las empresas afectadas, así como los antecedentes judiciales que han respaldado el cobro de peajes en ciertos casos.
Por lo pronto, la discusión sigue abierta y la decisión de la Justicia será clave para definir el futuro del sistema vial en el país.
Fuente: Documento "Amparo Inconstitucionalidad del peaje - Febrero 2025".
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