El documento es elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019) de España, demostrando ser un texto de extensión breve que proporciona una visión general sobre las transformaciones en los hábitos de consumo en la era digital, destacando la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
El documento, según se desprende de su título y de la entidad que lo publica (un organismo oficial en materia de consumo en España), se centra en examinar las principales transformaciones en los hábitos, actitudes y comportamientos de los consumidores a lo largo del siglo XXI. A continuación, se exponen los aspectos más relevantes:
Se destaca el auge de las compras en línea y la creciente confianza de los consumidores en las plataformas de comercio electrónico.
El acceso a internet, la proliferación de dispositivos móviles y la integración de aplicaciones han influido de manera decisiva en la inmediatez y comodidad que el consumidor actual exige.
El papel de las redes sociales se subraya como un factor determinante en la decisión de compra, ya que facilitan recomendaciones, comparaciones de precios y la posibilidad de dejar valoraciones o reseñas.
La abundancia de información sobre productos y servicios en internet ha derivado en un consumidor más crítico, que compara y analiza antes de comprar.
Se hace hincapié en cómo la transparencia de las empresas —en aspectos como el etiquetado, el origen de las materias primas o la responsabilidad social— se ha vuelto un factor decisivo para ganar la confianza del público.
La fidelización de los clientes se vincula, en gran medida, a la experiencia de compra y al servicio posventa más que al precio exclusivamente.
El texto apunta a una progresiva sensibilización medioambiental y social: muchos consumidores valoran la ética y la sostenibilidad en la producción y distribución de los productos.
Se menciona la importancia de la economía circular y de promover modos de consumo que reduzcan el impacto ambiental, en especial a través del reciclaje, la reutilización y la minimización de residuos.
La demanda de productos ecológicos y de comercio justo se presenta como una tendencia al alza.
Otro aspecto clave es la creciente necesidad de las empresas de ofrecer experiencias de consumo personalizadas, dirigidas a segmentos de mercado muy específicos (p. ej., consumidores jóvenes vs. adultos mayores, familias con hijos vs. solteros, etc.).
Las bases de datos y la analítica de grandes volúmenes de información (big data) permiten identificar patrones de compra y orientar ofertas y mensajes cada vez más ajustados al perfil de cada persona.
El análisis abarca distintos grupos generacionales (Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z), subrayando las diferencias en valores y necesidades.
Cada grupo presenta prioridades diferentes en materia de consumo, tanto en productos (tecnología, alimentación, ocio, etc.) como en canales de compra (tiendas físicas vs. compra online).
Se pone de relieve la prolongación de la esperanza de vida y la diversificación de estructuras familiares como factores que influyen en la oferta y demanda de ciertos servicios.
El documento concluye señalando la necesidad de adaptación constante de los agentes económicos: fabricantes, distribuidores y administraciones públicas, que deben ajustarse a un entorno cada vez más competitivo y globalizado. Asimismo, se incide en la relevancia de la educación del consumidor para un consumo más consciente y racional.
Fuente: Tendencias del Consumidor en el Siglo XXI (2019)
El Gobierno aprobó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que será obligatorio antes de iniciar demandas contra obras sociales y prepagas. El objetivo es reducir la judicialización y resolver conflictos sanitarios en menos tiempo y con menor costo.
Un dictamen fiscal reconoce que las operaciones con billeteras digitales también están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor. El caso de una usuaria que perdió sus criptoactivos tras el robo de su celular reabre el debate sobre las responsabilidades de las plataformas bancarias virtuales. La justicia argentina se declaró competente, desoyendo el intento de radicar el caso en tribunales extranjeros.
En un contundente comunicado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) anunció que no participará de las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la implementación de la Red Federal de Concesiones (RFC). Denuncian que se trata de una farsa institucional, que legitima negocios privados a costa del usuario y viola principios constitucionales.
