El Gobierno oficializa el autoservicio de combustibles: ahorro de ahorro y resistencia en las provincias
El Gobierno nacional reglamentó el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio, permiso que los usuarios carguen nafta y gasoil por su cuenta. La medida busca reducir costos y ofrecer precios más bajos, aunque enfrenta resistencia en varias provincias y preocupa a los trabajadores del sector.
Compartir:
Foto: Gentileza ADNsur
El Gobierno Nacional ha oficializado la implementación del autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país el Decreto 46/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2025. Esta medida permite a los usuarios despachar nafta y gasoil por sí mismos, una práctica común en países como Estados Unidos y estados varios de la Unión Europea.
Según el Ejecutivo, la introducción del autoservicio podría resultar en "un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor", ya que las estaciones de servicio de servicio se reducirían sus costos operativos. Además, se espera que esta autodeporción de ofrecer un servicio continuo durante las 24 horas del día, especialmente beneficioso para que se queje de cargar combustible en horarios no convencionales. Antes de su oficialización, se realizaron pruebas piloto en estaciones de YPF y Shell en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Sin embargo, provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy se mantienen en los locales que impiden la implementación de autoservicio, limitando la operación de surtidores a personal.
Desde el sector gremial, el Sindicato de Obreros de Servicio ha expresado su preocupación por el posible impacto en los puestos de trabajo, señalando que la medida podría afectar a un aproximadamente 70.000 empleados en todo el país.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la encargada de establecer los requerimientos necesarios para que se prometa implementar esta aplicación y die a las normas complementarias o aclaratorias para la correcta su aplicación.
En un caso contra Ford Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Comercial por no haber dado intervención al Ministerio Público Fiscal, tal como exigen la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del MPF. El máximo tribunal resaltó la importancia de esta intervención para garantizar la legalidad y proteger a las partes más débiles en relaciones de consumo, marcando un precedente clave para el derecho de los consumidores.
La Justicia cordobesa confirmó la condena a una firma de asistencia al viajero por no cubrir los daños sufridos ante un vuelo cancelado y equipaje extraviado. En dos instancias se reconoció el destrato, la falta de información clara y el incumplimiento contractual. La sentencia incluye indemnización por daño moral, multa por daño punitivo y la obligación de publicar el fallo. Un precedente ejemplar en defensa de los derechos de quienes reclaman frente a abusos del mercado.
Este artículo es un resumen de dos notas publicadas en la página oficial de la Unión de Usuarios y Consumidores, que analizan la privatización de AySA y sus implicancias sobre el derecho al agua y al saneamiento.
