El Gobierno nacional reglamentó el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio, permiso que los usuarios carguen nafta y gasoil por su cuenta. La medida busca reducir costos y ofrecer precios más bajos, aunque enfrenta resistencia en varias provincias y preocupa a los trabajadores del sector.
El Gobierno Nacional ha oficializado la implementación del autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país el Decreto 46/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2025. Esta medida permite a los usuarios despachar nafta y gasoil por sí mismos, una práctica común en países como Estados Unidos y estados varios de la Unión Europea.
Según el Ejecutivo, la introducción del autoservicio podría resultar en "un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor", ya que las estaciones de servicio de servicio se reducirían sus costos operativos. Además, se espera que esta autodeporción de ofrecer un servicio continuo durante las 24 horas del día, especialmente beneficioso para que se queje de cargar combustible en horarios no convencionales. Antes de su oficialización, se realizaron pruebas piloto en estaciones de YPF y Shell en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Sin embargo, provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy se mantienen en los locales que impiden la implementación de autoservicio, limitando la operación de surtidores a personal.
Desde el sector gremial, el Sindicato de Obreros de Servicio ha expresado su preocupación por el posible impacto en los puestos de trabajo, señalando que la medida podría afectar a un aproximadamente 70.000 empleados en todo el país.
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la encargada de establecer los requerimientos necesarios para que se prometa implementar esta aplicación y die a las normas complementarias o aclaratorias para la correcta su aplicación.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzó en diciembre con dos decisiones clave que fortalecen la transparencia estatal y amplían la participación social en materia de consumo. La creación de un Registro Provincial de Inspectores y del Consejo Provincial de Defensa del Consumidor marca un giro institucional orientado a equilibrar la relación entre el Estado, las empresas y los usuarios.
El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
La Cámara de Apelaciones de La Pampa confirmó la devolución de 16 millones de pesos transferidos por error a un comerciante que nunca justificó su recepción. El expediente revela un dato clave para quienes siguen de cerca la protección judicial del consumidor: la resolución definitiva llegó luego de más de ocho meses de trámite, desde las primeras actuaciones hasta el rechazo final del recurso. La sentencia muestra cómo la buena fe, la carga de la prueba y la urgencia en la reparación económica se convierten en pilares para evitar que el daño se profundice.
