La crisis de Cañada Real en 2020: Plataforma Luz Ya y la lucha por el derecho a la electricidad
Desde octubre de 2020, más de 4.000 personas en Cañada Real, Madrid, viven sin suministro eléctrico tras el corte realizado por Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy). Ante la falta de respuesta institucional, la Plataforma Cívica Luz Ya emergió como un movimiento ciudadano que denuncia la vulneración de derechos básicos y exige soluciones urgentes
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Fuente: Foto El salto
Un apagón que dejó al descubierto el abandono institucional
Cañada Real, un barrio habitado desde los años 50, ha sido históricamente marginado de los planes urbanísticos de Madrid. Sin acceso a servicios básicos como transporte público, recogida de basura o mensajería, la comunidad ha resistido en condiciones de precariedad. Sin embargo, la situación se agravó drásticamente con la suspensión del suministro eléctrico en 2020.
Desde entonces, miles de familias han debido afrontar inviernos gélidos sin calefacción, veranos extremos sin refrigeración y dificultades para conservar alimentos, acceder a la educación o recibir atención médica. Esta crisis, lejos de ser una simple cuestión técnica, ha sido denunciada como una forma de desalojo encubierto, impulsada por la presión urbanística sobre la zona (El Salto Diario, 2024).
El Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones a actuar, subrayando que el derecho a la electricidad es un servicio básico esencial y que su privación prolongada vulnera los derechos humanos de la comunidad, especialmente de los niños y niñas que habitan en la zona (Defensor del Pueblo, 2024).
El nacimiento de la Plataforma Luz Ya
Frente a la falta de respuesta de las autoridades, la comunidad decidió organizarse. Así surgió la Plataforma Cívica Luz Ya para Cañada Real, con el objetivo de visibilizar la crisis y exigir soluciones inmediatas. Desde su creación, esta plataforma ha puesto en marcha una lucha basada en tres demandas fundamentales:
Restablecimiento del suministro eléctrico: Exigir la reconexión de la luz de manera estable y legal.
Contratos de suministro: Regularizar la situación de los vecinos para garantizar su acceso seguro a la electricidad.
Mesa de seguimiento con las administraciones: Un espacio de diálogo para abordar las soluciones de manera estructural.
Sin embargo, lejos de encontrar una solución, los habitantes han visto cómo se instalan limitadores de potencia en la subestación de Rivas, impidiendo el acceso pleno a la electricidad y profundizando la crisis energética en la zona.
Una condena internacional contra España
El caso de Cañada Real ha escalado a nivel internacional. En 2024, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió una resolución en la que condenó al Estado español por vulnerar derechos humanos básicos, al no garantizar el acceso a la electricidad en esta comunidad. Según el informe de Naciones Unidas, la falta de energía afecta gravemente a la infancia, generando desigualdades educativas y sanitarias irreversibles (El Salto Diario, 2024).
Ante este pronunciamiento, las administraciones han mantenido un silencio administrativo, mientras que la Plataforma Luz Ya sigue reclamando soluciones.
Una lucha que no se apaga
A más de tres años del apagón, la situación en Cañada Real sigue siendo un reflejo del abandono institucional. Las familias continúan luchando por su derecho a la luz, la permanencia en sus hogares y el reconocimiento de su dignidad. Mientras tanto, organismos como el Defensor del Pueblo y Naciones Unidas han señalado la urgencia de una solución estructural que garantice el acceso a la electricidad como un derecho fundamental.
La Plataforma Luz Ya sigue en pie, recordando a las autoridades su lema: "Luz, contratos y mesa de seguimiento", con la esperanza de que la oscuridad impuesta sobre Cañada Real no se convierta en norma, sino en el motor de un cambio urgente y necesario.
Tras la gran visibilidad pública de lo sucedido por la contaminación de quesos, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Villa María difundió un comunicado alertando sobre la confirmación de personas intoxicadas por el consumo de una marca de impacto masivo. Días después, el debate se amplió en una entrevista realizada en Un Programa Perfecto, emitido el 17 de diciembre de 2025 por la tarde en Radio UNR, donde participó Analía Silvano, ingeniera química especialista en industrias lácteas, dirigente sindical, docente jubilada y profesional comprometida con la soberanía alimentaria, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores de Villa María. La conversación se dio en una mesa compartida con Valeria Vaccaro, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Rosario, y permitió profundizar sobre las fallas en los controles sanitarios, la falta de información pública y los riesgos que enfrenta la población cuando el Estado se retira de su rol preventivo.
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El intendente de Esteban Echeverría presentó un amparo federal para impedir la privatización de Corredores Viales dispuesta por la Resolución 1843/2025. La acción judicial, acompañada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), denuncia que el proceso habilitaría tarifazos, afectaría derechos constitucionales y consolidaría un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto encubierto al tránsito. El caso ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
